La decisión de imponer un arancel del 50% a las importaciones de cobre, anunciada por Donald Trump, marca un nuevo punto de inflexión en la política económica de Estados Unidos. Justificada en nombre de la “seguridad nacional”, la medida anticipa una era de proteccionismo feroz y desata alarma en países clave como Chile, el mayor productor mundial del metal rojo.
En un acto de cálculo político y confrontación comercial, Donald Trump ha confirmado la imposición de un arancel del 50% a la importación de cobre, efectivo a partir del 1 de agosto. En su anuncio, realizado a través de su red social Truth Social, el mandatario invocó razones de “seguridad nacional”, alegando que el cobre es esencial para tecnologías críticas: desde semiconductores hasta sistemas de defensa antimisiles.
Sin embargo, el anuncio no es un gesto aislado ni técnico. Es una declaración de principios. Una muestra más de la doctrina económica trumpista, que opta por el repliegue nacionalista, la hostilidad hacia la interdependencia comercial y la creación artificial de una “edad de oro” manufacturera, basada más en retórica electoral que en diagnóstico económico.
Un proteccionismo de alto voltaje
Este nuevo arancel se inscribe en una serie de medidas agresivas que Trump ha ido acumulando, dirigidas a reindustrializar Estados Unidos a través del castigo a las importaciones. Primero fue el acero, luego el aluminio, y ahora es el turno del cobre. Pero, a diferencia de los anteriores, el cobre no es un material común: es el nervio central de la transición energética mundial. Penalizar su comercio no solo distorsiona mercados; altera directamente las dinámicas geopolíticas.
Trump ha culpado al gobierno de Joe Biden por la “decadencia” de la industria cuprífera nacional, calificando su política de “irreflexiva” y destructiva. No hay evidencia, sin embargo, que respalde que Biden haya debilitado de forma singular la producción nacional de cobre, cuyo estancamiento responde a variables estructurales: agotamiento de yacimientos, resistencia ambiental y costes operativos crecientes.
En realidad, el arancel es una medida profundamente ideológica, más interesada en consolidar un relato de resurgimiento patriótico que en responder a una urgencia productiva real. Y en esa cruzada, los aliados tradicionales de Estados Unidos, como Chile, corren el riesgo de quedar atrapados.
Chile: preocupación desde la primera línea
Chile, primer productor mundial de cobre y responsable del 11,3% de las exportaciones de este metal hacia EE.UU., ha reaccionado con inquietud y cautela. El canciller Alberto van Klaveren ha exigido claridad legal antes de emitir una respuesta formal, pero las señales de alarma son inequívocas. La estatal Codelco, columna vertebral de la minería chilena, podría verse directamente afectada, forzando un redireccionamiento de exportaciones hacia Asia o Europa.
Estados Unidos no apunta directamente a Chile, pero tampoco lo protege. El arancel se aplicará de forma diferenciada por país, sin aclarar excepciones. En otras palabras, Washington deja la puerta abierta a negociar indulgencias mientras ejerce presión unilateral.
Desde La Moneda, el presidente Gabriel Boric ha prometido actuar con “cautela y responsabilidad”, pero los márgenes de acción son estrechos ante una potencia que utiliza el comercio como arma diplomática. El canciller chileno ha confirmado que hay conversaciones abiertas con la Oficina del Representante Comercial de EE.UU., pero el margen para evitar impactos negativos es incierto.
La imposición llega en un momento delicado: el cobre es un recurso estratégico no solo para Estados Unidos, sino para todo el planeta. Castigar su flujo internacional con barreras arancelarias podría encarecer su precio, tensar la cadena de suministro global y, en última instancia, obstaculizar los esfuerzos por acelerar la transición energética.
El proteccionismo feroz de Trump no solo es económicamente cuestionable; es estratégicamente miope. Al castigar a socios clave, al encarecer insumos vitales y al alimentar una narrativa de confrontación permanente, Estados Unidos se aleja no solo de sus aliados, sino también de su propia promesa de liderazgo racional en el siglo XXI.