Donald Trump ha vuelto a colocar su agenda personal por encima de los equilibrios internacionales. La Casa Blanca anunció este miércoles la entrada en vigor de aranceles del 50% a todas las importaciones procedentes de Brasil, justificando esta decisión en lo que el presidente considera una “persecución política” contra Jair Bolsonaro. La medida, que se esperaba desde que el pasado 9 de julio Trump lanzara su amenaza pública, supone un paso más en el progresivo aislamiento diplomático de Estados Unidos bajo su administración.
En un comunicado plagado de acusaciones y sin una sola referencia a los estándares internacionales, la Casa Blanca llegó a declarar una “emergencia nacional” para legitimar la medida, argumentando que las políticas del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva constituyen “una amenaza extraordinaria para la seguridad nacional y la economía de Estados Unidos”.
La excusa: el procesamiento de Bolsonaro
La ofensiva comercial contra Brasil se ha construido alrededor de un argumento político: el juicio a Jair Bolsonaro por su implicación en el intento de golpe de Estado de enero de 2023. Trump acusa al Supremo brasileño de “perseguir y censurar” al expresidente y ha utilizado esa narrativa para justificar un arancel que, según admiten varios analistas, dañará de manera directa a sectores claves de la economía estadounidense y brasileña sin aportar ninguna solución diplomática.
La decisión incluye además la revocación de visados a familiares del juez Alexandre de Moraes, encargado del proceso judicial contra Bolsonaro, y sanciones personales contra él, acusándole de “autorizar detenciones arbitrarias” y “suprimir la libertad de expresión”. Este movimiento, inédito en la historia reciente entre dos democracias, se percibe como una injerencia directa en los asuntos internos de otro país y ha sido calificado en Brasil como “un grave atropello diplomático”.
Tensiones crecientes y un aislamiento calculado
Con esta decisión, Trump vuelve a poner de manifiesto su estilo de gobierno basado en el uso del poder económico como arma política y su inclinación por respaldar a líderes afines, aunque estos estén enfrentando procesos judiciales por graves ataques a la democracia.
Brasil había intentado evitar la escalada. Tras semanas de negociaciones, el ministro de Finanzas, Fernando Haddad, llegó a asegurar que existían “señales de apertura” por parte de Estados Unidos. Sin embargo, la firma de la orden ejecutiva certifica el fracaso de los contactos y la consolidación de una estrategia unilateral y agresiva que erosiona los mecanismos de cooperación internacional.
Las consecuencias económicas serán notables: sectores agrícolas y manufactureros, tanto en Brasil como en Estados Unidos, verán encarecidos sus productos y restringida su competitividad. Pero el impacto más grave será político: una fractura profunda en las relaciones con América Latina y un mensaje claro de que Trump está dispuesto a usar el aparato del Estado norteamericano para proteger a sus aliados ideológicos, incluso a costa del derecho internacional.