El toque de queda decretado en el centro de Los Ángeles marca un nuevo punto de inflexión en la escalada autoritaria de Donald Trump, quien ha respondido con tropas, amenazas e ilegalidades a las protestas ciudadanas contra su política migratoria. Bajo el pretexto de restaurar la calma, ha sumido a la ciudad en un estado de excepción encubierto. La respuesta federal a las manifestaciones recuerda más a un régimen de ocupación que a una democracia funcional.
El martes 10 de junio, Los Ángeles no amaneció igual. La voz de la alcaldesa Karen Bass anunciando un toque de queda de emergencia no solo confirmó la gravedad de la situación, sino también el grado de deterioro institucional que ha traído consigo el mandato de Donald Trump. A partir de las 20:00 horas, el centro de la ciudad, donde se han concentrado las protestas contra las redadas migratorias, fue cerrado bajo amenaza de intervención militar. La capital angelina, símbolo de diversidad y libertad, se convirtió en una zona de vigilancia.
No es una exageración: la Guardia Nacional y marines estadounidenses patrullan ya las calles, mientras helicópteros sobrevolaban la ciudad y decenas de calles eran bloqueadas por policías fuertemente armados. Todo, para sofocar el descontento provocado por redadas que, según denuncian activistas, han detenido a más de 300 migrantes en apenas cinco días. Personas trabajadoras, padres de familia, vecinos que desaparecen sin proceso ni defensa legal, muchas veces sin acceso siquiera a un abogado.
La alcaldesa Bass justificó el toque de queda por los saqueos y disturbios registrados durante las noches anteriores. Pero el origen de esa violencia tiene nombre: una política migratoria que opera como castigo colectivo, diseñada para infundir terror, no para proteger fronteras. La respuesta del presidente no ha sido ni prudente ni proporcionada. Ha sido un gesto de fuerza brutal, de imposición sin diálogo.
Una militarización sin precedentes
Donald Trump ha ordenado el despliegue de 4.000 efectivos de la Guardia Nacional y cientos de marines en una operación cuyo costo, según el Pentágono, asciende a 134 millones de dólares. Cifras que revelan más que un simple operativo: esto es una exhibición de fuerza contra la ciudadanía, una advertencia de lo que está dispuesto a hacer un presidente cuando el pueblo se le enfrenta.
El gobernador de California, Gavin Newsom, y el fiscal general Rob Bonta intentaron frenar esta ofensiva por vías legales. Pero un juez federal se negó a bloquear el despliegue militar. El presidente ha vulnerado la autoridad estatal e ignorado la Décima Enmienda, que establece la autonomía de los estados en ciertas competencias. Según Newsom, Trump “se comporta como un tirano, no como un presidente”. Y no se equivoca.
Trump incluso ha insinuado que apoyaría el arresto del propio gobernador. Ha coqueteado públicamente con la invocación de la Ley de Insurrección, lo que le permitiría usar al Ejército para reprimir manifestaciones civiles. Este tipo de medidas no buscan restaurar el orden, sino desarticular la disidencia por la vía del miedo y la intimidación.
Las escenas vividas en Los Ángeles esta semana —las pancartas arrancadas por soldados, los gritos silenciados por toques de queda, las detenciones masivas sin garantías— son la antítesis de los valores democráticos. No se trata simplemente de un error táctico ni de un exceso puntual. Lo que está ocurriendo es la manifestación de un modelo de gobierno basado en la represión, el control federal abusivo y la criminalización de la pobreza y la migración.
El saldo humano es incalculable: cientos de familias rotas, comunidades enteras paralizadas por el miedo, y una sociedad civil que empieza a mirar al Gobierno no como protector, sino como amenaza. No es casualidad que esta política extrema coincida con un año electoral. Trump ha convertido a los migrantes en enemigos internos y a los ciudadanos críticos en insurgentes.
En nombre de una supuesta seguridad nacional, Donald Trump está dinamitando las bases mismas del pacto federal, de la convivencia democrática y del respeto a los derechos humanos. Lo que ocurre en Los Ángeles no es una crisis local. Es el reflejo de un país que se debate entre la legalidad constitucional y un autoritarismo rampante. Y si nadie lo frena, el próximo toque de queda podría ser nacional.