Trump y Musk empujan a decenas de millones de familias a la indigencia

Los recortes impulsados por DOGE provocarán desahucios masivos, lo que elevará el número de personas sintecho, mientras los magnates inmobiliarios se quedan con esas viviendas

13 de Marzo de 2025
Actualizado a las 11:07h
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Trump Musk Vivienda
Donald Trump y Elon Musk en la Casa Blanca haciendo promoción de Tesla | Foto: Flickr White House

La crisis de acceso a la vivienda no es exclusiva de España. En Estados Unidos, un número récord de personas tiene dificultades para acceder a una casa. Sin embargo, la Administración Trump, incluyendo a Elon Musk y el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), ha dado pasos sucesivos que socavarán las políticas más eficaces para ayudar a las personas a acceder a una vivienda, incluidos recortes indiscriminados de personal en el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD).

En 2023, según las estadísticas oficiales, 24 millones de estadounidenses vivían en familias de bajos ingresos que pagaban más de la mitad de sus ingresos en alquiler, lo que las obligaba a desviar dinero de otras necesidades básicas y, a menudo, las dejaba a un paso del desahucio. En enero de 2024, cerca de un millón personas no podían permitirse una vivienda y se vieron obligadas a vivir en albergues, coches, tiendas de campaña o en otras circunstancias inseguras e inestables.

Estos son problemas solucionables. Los bonos de elección de vivienda y otras ayudas de alquiler similares reducen drásticamente la inestabilidad y el hacinamiento en la vivienda, según demuestran las investigaciones, y la ayuda para el alquiler, combinada con servicios de apoyo cuando se necesita, es la política más eficaz para reducir la falta de vivienda.

Actualmente, en Estados Unidos, sólo uno de cada cuatro hogares necesitados recibe ayuda para el alquiler debido a las limitaciones de financiación. Las listas de espera para obtener esas ayudas son largas en casi todas partes. Por lo tanto, los responsables políticos deberían buscar ampliar esta asistencia tan eficaz para que llegue a todos los que la necesitan.

Las acciones de la Administración Trump significarán que menos personas que luchan por mantener un techo sobre sus cabezas recibirán la ayuda que necesitan. Según documentación oficial, Elon Musk y DOGE han solicitado el despido de más de la mitad del personal de HUD, en ocasiones empleando tácticas que podrían ser ilegales.

En concreto, las propuestas recortarían el 50% por ciento del personal de la oficina de HUD que administra bonos, viviendas públicas y programas de vivienda para nativos americanos, que en conjunto ayudan a 7 millones de personas a costear la vivienda.

El multimillonario que se fumó un porro de marihuana en directo en el podcast de Joe Rogan y que fue acusado de consumir enormes cantidades de cocaína, LSD y hongos psicodélicos, también ha propuesto cargarse al 44% de los trabajadores del departamento que supervisa el programa de asistencia de alquiler basado en proyectos, que proporciona asistencia a 2 millones de personas adicionales.

La administración Trump también pretende cargarse al 84% de los empleados del departamento que administra la asistencia para personas sin hogar y las subvenciones que ayudan a a construir viviendas asequibles y recuperarse de los desastres.

Finalmente, la ilegal DOGE quiere eliminar al 77% de los trabajadores de la oficina que hace cumplir las leyes de vivienda justa. Esta es una más de la serie de acciones de la Administración Trump que debilitará severamente las protecciones para las personas que se enfrentan a la discriminación por raza, género y edad en el acceso a la vivienda.

El personal de estos departamentos desempeña un papel fundamental para garantizar que decenas de miles de millones de dólares de fondos federales urgentemente necesarios se distribuyan con prontitud y se utilicen eficientemente. Los despidos masivos de la ilegal DOGE provocarán retrasos y despilfarro, lo que resultará en que las personas y barrios de todo el país reciban menos ayuda para atender las necesidades urgentes.

Además, la Administración Trump ha interrumpido, en ocasiones mediante medios ilegales, el flujo normal de fondos del HUD destinados a atender las necesidades de vivienda. En enero, se intentó retener fondos como parte de una congelación más amplia de fondos federales, pero varios tribunales federales han ordenado a la Administración que suspenda temporalmente la medida mientras revisan la misma.

Hasta la fecha, el HUD no parece haber retenido intencionalmente fondos para bonos y otras ayudas para el alquiler, pero la incertidumbre generada por las políticas de Trump ha provocado retrasos en los pagos que provocan que algunos arrendadores dejen de aceptar bonos, lo que dificulta que los titulares encuentren viviendas que puedan alquilar.

Además, aún no ha entregado ninguno de los 3.600 millones en fondos de asistencia para personas sin hogar otorgados el 17 de enero, con los que los barrios cuentan para brindar asistencia para el alquiler, alojamiento, extensión y otros servicios a las personas sin hogar.

Aunque el HUD notificó al menos a algunos beneficiarios que comenzarán a recibir fondos pronto, la incertidumbre ha interrumpido los esfuerzos de planificación comunitaria y las adjudicaciones finales pueden incluir cambios abruptos en las políticas que podrían complicar la implementación.

La Administración Trump también ha cancelado contratos para organizaciones que ayudan a proteger a las personas de la discriminación en la vivienda y brindan asistencia técnica que desempeña un papel crucial en la implementación efectiva de los programas del HUD, a pesar de que la Administración no proporcionó prueba veraz alguna de que las organizaciones no estuvieran cumpliendo con los requisitos.

Finalmente, desde que Trump volvió a pisar la Casa Blanca se han propuesto o debatido una serie de cambios en las políticas que dificultarían que muchas personas necesitadas reciban asistencia para la vivienda. El HUD ha anunciado que publicará una norma que revoca las protecciones contra la discriminación que garantizan el acceso a refugio seguro y asistencia para la vivienda a determinadas minorías. Además, ya ha publicado una norma que debilita los requisitos de vivienda justa.

Desde esta agencia también se ha pedido desahuciar o cortar la asistencia de alquiler para las personas que no cumplan con los requisitos laborales onerosos, una medida que aumentará los costes administrativos y expondría a muchos niños, personas con graves problemas de salud o discapacidad a graves dificultades.

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