Trump quiere deportarlos, pero la justicia le frena los pies

Un juez bloquea la ofensiva migratoria de Trump contra 350.000 venezolanos al denunciar el racismo y la arbitrariedad de su Gobierno

01 de Abril de 2025
Actualizado el 02 de abril
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La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, de Trump Kristi Noem en una cárcel de El Salvador
La secretaria del Departamento de Seguridad Nacional estadounidense, Kristi Noem en una cárcel de El Salvador

Un juez federal de California ha frenado uno de los últimos intentos de Donald Trump por eliminar derechos a migrantes en Estados Unidos. Se trata del Estatus de Protección Temporal (TPS), una medida humanitaria que impide la deportación de personas provenientes de países en crisis. En este caso, unos 350.000 venezolanos estaban a punto de perder esta protección por decisión del equipo de Trump, a pesar de que fue renovada por Joe Biden hasta octubre de 2026.

La resolución judicial, emitida por el juez Edward Chen, pone en evidencia la falta de fundamentos legales y morales de la administración Trump. En un escrito demoledor, el magistrado calificó de "racistas" las afirmaciones de Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional bajo el mando de Trump, y recordó que el mero hecho de asociar a todos los venezolanos con bandas criminales como el "Tren de Aragua" es inaceptable en un estado de derecho.

Una justicia firme ante un abuso flagrante

“Actuar sobre la base de un estereotipo de grupo negativo y generalizar dicho estereotipo a todo el grupo es el ejemplo clásico de racismo”, escribió el juez Chen.

Una persecución que no se sostiene

La decisión de Trump de eliminar el TPS fue tomada sin pruebas, sin consultar debidamente a los organismos competentes y sin tener en cuenta el daño que causaría a cientos de miles de familias. Como recordó el juez, los venezolanos amparados por esta medida tienen tasas de criminalidad más bajas que la media del país y, lejos de ser una amenaza, han contribuido activamente a la economía y al tejido social estadounidense.

El intento de Trump de revocar esta protección formaba parte de su estrategia de criminalización de la migración. Un plan que mezcla prejuicios raciales, propaganda electoral y un desprecio absoluto por los derechos humanos. No se trataba de seguridad nacional, sino de alimentar el miedo y la xenofobia para sacar rédito político.

Daño económico y social

El tribunal no solo se centró en la cuestión legal. También alertó sobre las consecuencias económicas y sociales de esta maniobra. Según el fallo, revocar el TPS afectaría gravemente la vida de los migrantes, generaría inestabilidad en miles de hogares y provocaría pérdidas de miles de millones de dólares a la economía estadounidense. Además, supondría un retroceso en términos de salud pública y cohesión social en muchas comunidades.

No es la primera vez que Trump intenta acabar con programas como el TPS o el DACA (para jóvenes migrantes). Su historial está lleno de ataques sistemáticos contra cualquier iniciativa que suponga protección, integración o solidaridad hacia personas extranjeras. En 2018, ya intentó eliminar el TPS para seis países. La justicia también le paró los pies entonces.

Un patrón de abuso de poder

El caso de los venezolanos no es una excepción, sino un ejemplo más de la forma de actuar de Donald Trump: decretos sin base legal, decisiones cargadas de ideología y desprecio por los procedimientos democráticos. Su política migratoria ha sido una sucesión de arbitrariedades y abusos de poder, muchas de las cuales han sido tumbadas por los tribunales.

La organización Alianza Nacional del TPS, que impulsó esta demanda, ha sido clave en la defensa de los derechos de los migrantes. Gracias a su trabajo, se han evitado deportaciones masivas injustificadas y se ha logrado que la justicia prevalezca frente a los caprichos de una administración autoritaria y excluyente.

Conclusión: justicia contra el autoritarismo

Lo que ha ocurrido con el TPS para los venezolanos es mucho más que una batalla legal. Es una victoria del sentido común frente al odio, de la ley frente a la arbitrariedad, y de la dignidad frente a la humillación. Donald Trump quiso utilizar a los migrantes como chivo expiatorio para sus intereses políticos. Pero esta vez, la justicia le ha recordado que los derechos humanos no se pisotean sin consecuencias.

Mientras Trump continúa con su retórica incendiaria, los tribunales siguen siendo un dique de contención. Porque aunque intente presentarse como defensor de la ley y el orden, sus decisiones siguen siendo, una y otra vez, todo lo contrario.

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