Donald Trump ha dejado claro que su regreso al poder en enero de 2025 no es solo una repetición de su primera presidencia, sino un salto aún más radical hacia el autoritarismo. Su desprecio por el sistema judicial, su agresiva política de deportaciones y su retórica ultranacionalista han situado a Estados Unidos al borde de una crisis constitucional sin precedentes. La pregunta que muchos se hacen no es si el país está en peligro, sino hasta qué punto el Estado de derecho puede resistir el asalto de su administración.
El golpe a la justicia: Trump desafía al poder judicial
Desde que asumió la presidencia en 2025, Trump ha mostrado un desprecio absoluto por el sistema judicial estadounidense. Su administración ignoró una orden judicial federal que bloqueaba la deportación masiva de inmigrantes venezolanos a El Salvador,donde serían recluidos en una prisión de alta seguridad sin el debido proceso. En lugar de cumplir con la orden del juez James Boasberg, el presidente ordenó que los aviones continuaran su trayecto, burlando así la autoridad de la justicia y estableciendo un peligroso precedente.
El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, rompió su habitual silencio para recordar que "el impeachment no es una respuesta apropiada a un desacuerdo judicial", en respuesta a la campaña de Trump para destituir al juez que bloqueó su orden de deportación. Pero las palabras de Roberts fueron ignoradas por una administración que ya no disimula su intención de gobernar sin control.
El ultraliberalismo extremo: economía sin normas ni frenos
Más allá de su guerra contra la justicia, Trump ha impulsado un modelo económico ultraliberal que desmantela cualquier tipo de regulación. Su administración ha reducido drásticamente los impuestos para los más ricos, ha eliminado protecciones medioambientales y ha desmantelado programas de asistencia social con el argumento de que el "mercado" debe regularse solo. La desigualdad se ha disparado y los servicios públicos están en riesgo de colapso.
El multimillonario Elon Musk, uno de los principales aliados de Trump, ha respaldado la eliminación de regulaciones en sectores clave como la energía y la salud, impulsando un modelo donde solo los más privilegiados pueden acceder a servicios básicos. Con el beneplácito del presidente, Musk ha adquirido contratos gubernamentales sin competencia y ha utilizado su influencia para eliminar cualquier intento de supervisión sobre sus empresas.
La militarización y la persecución de inmigrantes
En su afán por consolidar su control, Trump ha llevado al extremo su retórica antiinmigración. La invocación de la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para justificar las deportaciones masivas es una de las medidas más alarmantes de su administración. Este arcaico decreto solo había sido utilizado en tiempos de guerra y ahora se aplica de manera indiscriminada para expulsar a miles de personas sin derecho a juicio.
Su vicepresidente, JD Vance, ha defendido abiertamente que el gobierno ignore las órdenes de los tribunales si estas "obstaculizan" el poder del presidente. En una entrevista, Vance afirmó que "si la Corte Suprema interfiere en la política migratoria, el presidente tiene el derecho de ignorar su fallo", una declaración que desafía el principio de separación de poderes en Estados Unidos.
El ataque a los derechos civiles y la prensa libre
Bajo el pretexto de "proteger la moral y la identidad nacional", Trump ha intensificado su guerra contra la prensa, la comunidad LGTBIQ+ y los movimientos progresistas. La Casa Blanca ha lanzado campañas de desprestigio contra jueces, periodistas y activistas, mientras promueve leyes que restringen la libertad de expresión.
Medios como CNN y The Washington Post han sido acusados de "enemigos del pueblo", mientras que Twitter, ahora controlado por Musk, ha amplificado teorías conspirativas y censurado a opositores del gobierno. La Administración Trump ha cerrado programas de derechos humanos y ha convertido a las fuerzas de seguridad en una herramienta de persecución política.
¿Un país al borde del colapso?
Estados Unidos se encuentra en una encrucijada histórica. Las instituciones democráticas están bajo ataque directo y la división política es más profunda que nunca. La administración Trump ha convertido el país en un experimento de ultraliberalismo autoritario, donde el poder se concentra en manos de una élite económica dispuesta a eliminar cualquier límite legal a su dominio.
Los próximos meses serán cruciales para definir si la democracia estadounidense logra resistir este asalto o si, por el contrario, el país se desliza hacia un modelo donde la justicia, la libertad y los derechos civiles sean sacrificados en nombre del poder absoluto. Mientras tanto, Trump sigue su camino, dispuesto a pisotear cualquier obstáculo que se interponga en su cruzada personal por el control total del país.