Interpuestas 8 querellas criminales contra 33 jueces y 3 miembros del CGPJ por torturas y blanqueo de capitales
21
de Diciembre
de
2019
Actualizado
el
02
de julio
de
2024
Guardar
![CGPJ CGPJ](https://diario16plus.com/uploads/s1/99/03/6/cgpj.jpeg)
Treinta y tres jueces y magistrados, entre los que se encuentra, Carlos Lemes, Luis María Díez-Picazo, Antonio Jesús Fonseca-Herrero, Concepción Espejel, José de la Mata o José Ricardo de Prada, han sido denunciados por la presunta comisión de diferentes delitos entre los que se encuentran la tortura, el blanqueo de capitales o la prevaricación. La denuncia se ha sustentado mediante la interposición de las querellas ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.El denunciante es José María Castillejo y los presuntos delitos por los que se ha querellado contra estos 33 jueces y magistrados, así como contra tres juristas miembros de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, se produjeron, según indican las querellas a las que Diario16 ha tenido acceso, durante el largo proceso judicial de Jomaca 98, S.L., sociedad patrimonial de la que es propietario Castillejo y que a su vez era propietaria de la parte mayoritaria en el capital social de Zinkia Entertainment, S.A., la empresa poseedora de los derechos de Pocoyó.El anterior dueño de la empresa Zinkia lleva años reivindicando la presunta ilegalidad de la operación que le apartó del control de la sociedad mercantil que creció en torno a su mayor activo: el dibujo animado Pocoyó. Dentro de las múltiples denuncias realizadas se encuentran las actuaciones de determinados funcionarios de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Según se acredita en las denuncias de José María Castillejo, se llevaron a cabo determinadas actuaciones presuntamente ilícitas de funcionarios del supervisor del mercado español en el «asalto» a la empresa por parte del mexicano Miguel Valladares.Según Castillejo acredita en sus denuncias, durante ese proceso, el accionista minoritario puso en marcha un ataque frontal con el fin de hacerse con la mayoría de la compañía. En ese ataque valía todo: noticias falsas, denuncias falsas, campañas de prensa para intoxicar y afectar a la reputación tanto de Castillejo como de Zinkia.Los diferentes procesos judiciales abiertos desde entonces y las presuntas irregularidades producidas en el desarrollo de los mismos fueron todos ellos o bien inadmitidos y desestimados por los jueces que hubieron de verlos, o bien se produjo el sobreseimiento. Esto último se sustanció en la investigación que se derivó de la presentación de una denuncia por parte de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sobre las operaciones llevadas a cabo en el procedimiento de toma de control de Zinkia. El sobreseimiento se decidió, en este caso, por el Juzgado al poco tiempo de personarse José María Castillejo. En todos los casos, se tomaron estas decisiones por los diversos jueces y magistrados sin llevar a cabo investigaciones efectivas y esgrimiendo graves falsedades en las diferentes argumentaciones, tal y como se describe y acredita en las denuncias. Eso ha llevado a José María Castillejo a querellarse contra todos los jueces y magistrados que en los diferentes estadios procesales tuvieron una relación o una responsabilidad en las decisiones adoptadas. Según el denunciante, provocaron la presunta comisión de una serie de delitos por parte de los denunciados.
Lo + leído