A un país democrático no le puede ocurrir peor cosa que tenga un gobierno que diga una cosa cuando está en la oposición y haga la contraria cuando alcanza el poder. Eso es lo que está sucediendo en España respecto al IRPH. El Congreso de los Diputados aprobó en 2017 una proposición, a iniciativa del PSOE, que instaba al Gobierno de Mariano Rajoy a cambiar la normativa sustituyendo el IRPH por el Euribor en los préstamos de la vivienda protegida (VPO).
Sin embargo, a día de hoy, la situación de los afectados del IRPH en las VPO sigue igual, incluso después de que hayan existido diferentes peticiones por parte del Defensor del Pueblo o de que varias Audiencias Provinciales hayan ya determinado la nulidad del índice por declararlo abusivo.
Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez sigue haciendo oídos sordos a las reclamaciones de los miles de familias que sólo piden un tratamiento igual que a quienes compraron su vivienda gracias a una hipoteca referenciada al IRPH.
En el caso de las VPO lo que ocurre es que, por una parte, los afectados no tuvieron en ningún momento la opción a negociar el tipo de interés de su hipoteca, puesto que venía impuesto por el Plan de Vivienda. No había otra opción. Podría hablarse incluso de un «abuso regulado» ya que es el propio legislador el que lo establece. Además, supone una ayuda encubierta del Estado a la banca, en tanto que la entidad financiera se beneficia de un tipo de interés mucho más alto que el que opera en el mercado. Por otra parte, no hay posibilidad de recurrir estos tipos abusivos por la vía judicial, al menos en la práctica. A diferencia de los afectados del IRPH de la vivienda libre, los de la vivienda protegida no pueden litigar contra el banco, pues es el propio plan de vivienda, un decreto, el que impone tal tipo. No se puede imaginar, pues, cláusula más abusiva: se impuso a los afectados por decreto yestá blindada en la práctica a cualquier recurso judicial.
En plena pandemia, el Ministerio de Asuntos Económicos pudo haber frenado esta situación. A finales del mes de marzo de 2020, Diario16 publicó el problemón en que la vicepresidenta tercera podía colocar a todo el Ejecutivo: la revisión de los tipos de interés de las hipotecas de las viviendas de protección oficial y, según la ley, ese cálculo se hace en base al IRPH. Esta revisión fue aprobada por el Consejo de Ministros del 31 de marzo y publicado en el BOE del 23 de abril.
Hay que recordar que la utilización del IRPH como índice de referencia para las viviendas VPO era una disposición imperativa que respetaba lo recogido por la Circular 5/94 del Banco de España. Esto hace que se haga muy complicada la litigación para resolver la abusividad del IRPH, puesto que la Directiva señala como excepción las cláusulas que constituyan mandatos imperativos por normas nacionales.
Por tanto, mientras que no se haga nada en este asunto, el Gobierno de Pedro Sánchez, con el presidente y Nadia Calviño, se convierten en cómplices de la banca. Aunque es el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el responsable de los asuntos de vivienda, quien tiene la responsabilidad sobre el IRPH es Calviño.
A los afectados por el IRPH y, en concreto, a los que tienen hipotecas para VPO les sorprende sobremanera la falta de beligerancia por parte de los ministros y ministras de Unidas Podemos, con Pablo Iglesias Turrión a la cabeza, sobre todo porque mientras estuvieron en la oposición fueron muy activos con la eliminación del IRPH, siendo responsables, incluso, de iniciativas parlamentarias para, por ejemplo, que el Gobierno surgido tras la moción de censura retirara a la Abogacía del Estado de la defensa del sector financiero ante el TJUE. Sin embargo, Unidas Podemos, desde que está en el Gobierno, calla en todo lo relacionado con los abusos de la banca. ¿Por qué actúan así? ¿Ya han sido abducidos por las élites, por la casta? ¿O es que se han convertido ya en casta? Felipe González empezó así.
Por tanto, en la mano del Gobierno está la elección entre la coherencia ideológica o el entreguismo sistémico a los intereses de la banca. Las plazas del 15M clamaron contra el poder de las élites. Qué triste sería que quienes llenaron los escenarios o que aquellos que regresaron a la primera línea política a lomos del «Somos la izquierda» dejaran una vez más en la estacada a miles de familias que, por decreto, se vieron obligadas a contratar su hipoteca referenciada a un índice calificado como abusivo por los tribunales.