Es como hacen UGT y Comisiones Obreras, pero en el ámbito de la judicatura. Las dos asociaciones mayoritarias de jueces y fiscales, la Asociación Profesional de la Magistratura, APM, y la Asociación de Fiscales, AF, han decidido ir de la mano y poner en marcha una “unidad de acción”, al menos de momento, con un objetivo: luchar contra el gobierno progresista al que acusan de “desdibujar la separación de poderes” y “cuestionar el estado de derecho”. La primera parada de esta singladura conjunta ha sido, como no podía ser de otra manera, en el europarlamento que se ha convertido en la caja de resonancia que utiliza la derecha judicial para combatir la amnistía y lo que ellos llaman “persecución parlamentaria contra jueces y fiscales a través de las comisiones de investigación resultado de los acuerdos para la constitución de la mesa del Congreso”. Allí han intervenido en unas jornadas organizadas por la eurodiputada Maite Pagazaurtundua, independiente en las listas de Ciudadanos, que se está significando últimamente por su oposición frontal contra la amnistía para los independentistas catalanes.
Todo indica que la APM y la AF han decidido unificar esfuerzos y medios contra esa amnistía y lo que ambas asociaciones conservadoras creen que es “la exigencia de responsabilidades a jueces y fiscales” por el “lawfare” emprendido contra los integrantes del “procès”. A pesar de que el PSOE ha insistido en que las comisiones constituidas en el Congreso para investigar el llamado “Caso Pegasus” de espionaje, y el “Caso Catalunya”, no van a exigir responsabilidades a jueces y fiscales en las actuaciones penales que se llevaron a cabo contra los independentistas catalanes, en los últimos días se ha hablado de que en la comisión del Caso Pegasus se va a llamar a declarar al magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Lucas, en calidad de encargado judicial del control del Centro Nacional de Inteligencia, CNI, en lo que se interpreta como un claro ejemplo de existencia de “lawfare”, o persecución premeditada contra el independentismo.
El diputado de Ciudadanos en el Parlament de Catalunya, Carlos Carrizosa, ha denunciado “el acoso que se ha puesto en marcha desde el poder legislativo contra el poder judicial a instancias del separatismo golpista catalán con la colaboración del gobierno de España”, y, al mismo tiempo que anunciaba la puesta en conocimiento del asunto a la Comisión Europea, ha recordado que “en el Congreso también se quiere hacer causa de persecución y de caza de brujas contra los jueces con esas comisiones de investigación que se han puesto en marcha a instancias del separatismo”.
Así pues, por mucho que los socialistas repitan que no se trata de perseguir a los jueces y fiscales, la derecha política va a seguir manteniendo la teoría de la conspiración que ha sido recogida interesadamente por la derecha judicial. Solo de esta manera se puede entender la alianza “no escrita” de la Asociación Profesional de la Magistratura y de la Asociación de Fiscales que han decidido, incluso, apoyar todas las iniciativas que los vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial están llevando a cabo apropiándose de la institución en contra de los acuerdos de investidura de Pedro Sánchez, ley de amnistía y comisiones parlamentarias de investigación principalmente.
La postura de la Asociación Profesional de la Magistratura se entiende ya que en esta batalla es la que tiene más que ganar. En primer lugar, muchos de los magistrados “señalados” son afiliados. Y luego está el objetivo final. Lograr su objetivo de que sean los jueces los que gestionen sus órganos de gobierno. Y hay que recordar que Núñez Feijóo les ha prometido una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial para que sean ellos los que elijan directamente a los representantes del CGPJ. La APM es mayoritaria en lo que se refiere a la afiliación, que llega al 55,5% del total de 5.408 jueces en activo, teniendo que repartirse ese porcentaje con la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, Juezas y Jueces para la Democracia, Foro Judicial Independiente, Ágora y Asociación Nacional de Jueces.
En el Ministerio Público sí se celebraron, en mayo pasado, elecciones a representantes al Consejo Fiscal. La Asociación de Fiscales obtuvo 6 representantes y los otros 3 la Unión Progresista de fiscales. La presidenta de AF, Cristina Dexeus, que obtuvo el mayor porcentaje de votos, 733, para justificar la protesta que llevan a cabo pone como ejemplo la situación que se vivió en 2020 con el nombramiento de Dolores Delgado que “situó a España por debajo de los estándares de calidad de la justicia”. Se olvidan en la conservadora asociación de que, en numerosas ocasiones con gobiernos del PP tanto de Aznar como de Rajoy, no se tomaron en consideración informes elaborados por el órgano consultivo, como fue, en 1997, la propuesta del fiscal general, Jesús Cardenal, de nombramiento de Eduardo Fungairiño como fiscal jefe de la Audiencia Nacional. Sus críticas hacia Álvaro García Ortiz porque no está haciendo caso a las resoluciones del Consejo Fiscal no tienen fundamento. Este organismo sólo es de carácter consultivo.
Así pues, está claro que lo que pretenden las asociaciones conservadoras de jueces y fiscales es una instrumentalización de las carreras judicial y fiscal porque así se lo han ordenado desde Génova que ha convertido a estas entidades en su correa de transmisión. La novedad reside en que, ahora, estas asociaciones han decidido unir sus esfuerzos. La derecha judicial cada día está más unida. Y de ello se han dado cuenta las asociaciones progresistas, Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales, que han decidido dar una respuesta a la estrategia conservadora. Lo malo es que, al final, está trasladando a la judicatura la bipolarización, cada vez más evidente, de la sociedad española.