La reacción unánime de todos los estratos de la judicatura contra uno de los puntos más polémicos del acuerdo de PSOE y Junts para la investidura de Pedro Sánchez, el referido al presunto ‘lawfare’, comienza a tener contestación entre los propios juristas y magistrados, algunos de los cuales han comenzado a señalar a compañeros que aplicaron esta supuesta instrumentalización de la justicia con fines políticos.
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las principales asociaciones de jueces y fiscales de España han mostrado estos días de forma unánime en reiterados comunicados su “preocupación” y “rechazo” por los acuerdos de socialistas y Junts, especialmente en el concerniente al concepto de lawfare que incluye el pacto entre ambas formaciones. El máximo órgano de gobierno de la judicatura ha llegado a afirmar en una declaración institucional que el proyecto de amnistía, que aún no se conoce, será “incompatible con el Estado de Derecho”.
El profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla y ex letrado del Tribunal Constitucional (TC) Joaquín Urías ha enumerado hasta seis nombres de jueces y juezas con nombres y apellidos que han aplicado el ‘lawfare’ durante su carrera profesional en el sistema judicial.
Así, Urías ha asegurado que magistrados tanto del Tribunal Supremo como de Tribunales Superiores de Justicia y de la Audiencia Nacional aplican en algunos de sus autos judiciales el polémico ‘lawfare’ con fines políticos partidistas. Ante las amenazas de interposición de denuncias de compañeros por estas acusaciones, el propio Urías argumenta que todos estos jueces señalados “seguramente no prevaricaron, porque están convencidos de haber hecho lo justo. Pero, desde luego, con sus sentencias actúan políticamente. Y eso es lawfare”, concluye.
Manuel García-Castellón, Manuel Marchena, Pablo Llarena, Carmen Lamela, Vicente Ríos y Santiago Alba Rico son los jueces señalados por el jurista Urías
Entre los jueces señalados por Urías de aplicar lawfare se encuentran Vicente Ríos, contra la ex vicepresidenta de la Comunidad Valenciana Mónica Oltra; el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por sus actuaciones judiciales contra Podemos, los CDR y Carles Puigdemont; la Sala Segunda del Tribunal Supremo, presidida por Manuel Marchena, magistrado de esta Sala Segunda del Supremo que instruyó el caso del ‘procés’; y también otros como la magistrada Carmen Lamela, también de la Sala Segunda del Supremo, o el ex juez Salvador Alba, que cumple actualmente una pena de seis años de prisión por conspirar contra la magistrada y delegada del Gobierno contra la Violencia de Género cuando comenzó su carrera política con Podemos.
Precisamente, Rosell ha señalado este lunes que no existe “ningún ‘error judicial’ en el ‘lawfare’ del juez Alba”, el caso que le afectó personalmente en su carrera política. Recuerda la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género que el ex juez en prisión “fue candidato al Consejo General del Poder Judicial y al TSJC por la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM)”.
Rosell ha recordado que Alba, “para hacer méritos con el PP y José Manuel Soria”, ex ministro durante la etapa de Mariano Rajoy, “en plenas elecciones nos imputaban delitos a mí y a Carlos Sosa (director de Canarias Ahora) falseando pruebas que publicaban El Mundo y otros. Querían encarcelarnos”, concluye Rosell.
Como se esta viendo ,muchos jueces estan dictando sentencias favorables o retrasandolas al PP, no hay que ser muy espabilado son afines a este partido eso si que es dictadura.
Con estos criminales en el poder, no podremos avanzar nunca. Estos delincuentes deben pagar, de su bolsillo, los emolumentos afanados ilegalmente por ocupar un puesto que no les pertenece durante 5 años. Además de ser juzgados por prevaricación continuada durante 5 años. También de resarcir a los que condenaron sin justicia. Dice el refrán castellano que: A tal señor tal honor, así pues, ponerlos en la mejor cárcel del estado y tirar la llave al mar.
Lo sabíamos todos incluso el coletas, pero se atrevió a decirlo.
Mencionan al ensayista Santiago Alba Rico cuando obviamente se eefieren al huez Salvador Alba. Creo que deberían corregirlo a toda prisa.
Y ya está, pero hay millones de personas que llevamos décadas denunciando esto y todo el staff judicial en silencio, degenerando – más si cabe – a este país retrógrado.
Españistán talibán. El juez Marchena se atrevía a sancionar los derechos civiles. Y alguno cree que esto puede siquiera parecer una democracia. Es un país de gilipollas profundos.