La caverna judicial fuerza la máquina para reventar el plan de paz de Sánchez para Cataluña

Presión en la calle y jueces trabajando para tumbar la amnistía y el Gobierno. Esa es la consigna que han enviado las derechas españolas tras la investidura de Pedro Sánchez. O sea, guerra sin cuartel en todos los frentes, incluido el judicial, que a partir de ahora va a redoblar su presión contra Moncloa. El último paso lo ha dado el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que no ha esperado a que nadie diera el pistoletazo de salida a la operación antisanchista, y ha acordado elevar una exposición razonada al Tribunal Supremo para que, en su caso, el alto tribunal abra diligencias por terrorismo contra Tsunami Democràtic e impute al expresident Carles Puigdemont, a la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y a otras diez personas.

La Justicia española ha decidido ir a por todas, quitarse complejos sobre la separación de poderes y reventar el plan del Gobierno por todos los medios. ¿Hay una prueba más fehaciente y palpable de que en España existe el lawfare o guerra sucia judicial? Desde que se filtró el acuerdo entre PSOE y Junts para acordar una amnistía a los encausados por el “procés”, la Justicia ha declarado la guerra al Poder Ejecutivo. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria entre los jueces, abrió las hostilidades mostrando su “más firme rechazo” a una futura ley de amnistía que “tiene el claro objetivo de anular al Poder Judicial” y advirtió de que supone “el principio del fin” de la democracia española. Así, sin medias tintas.

Mientras tanto, el PP movía a sus peones en el Consejo General del Poder Judicial, que convocó un Pleno extraordinario para abordar la ley de amnistía, a pesar de que el proyecto legislativo aún no se había presentado ni se conocía el contenido de lo pactado. Una reunión convocada a petición de los vocales conservadores del órgano de gobierno de los jueces que provocó una nueva pugna fratricida con los magistrados progresistas. En este sentido, fuentes del sector más izquierdista del CGPJ confirmaron un plante general más allá de la ausencia del vocal progresista Álvaro Cuesta, que pidió la desconvocatoria del Pleno al considerar que era “improcedente e ilegal”. De la afirmación de Cuesta se desprendió que el CGPJ pretendía realizar una grave injerencia en la esfera política del Gobierno, rompiéndose el principio de separación de poderes de todo Estado de derecho.

Mientras tanto, el juez Pablo Llarena, conocido por su papel en la instrucción del “procés” catalán, y también el magistrado Manuel García Castellón, encargado de los casos relacionados con los CDR y Tsunami Democràtic, vinieron a sumarse a la polémica. Ambos fueron figuras destacadas en investigaciones cruciales para reprimir el proceso independentista. En el caso de Llarena, que lleva casi seis años intentando traer a Carles Puigdemont detenido a España, va a seguir intentándolo por todos los medios. En realidad, cuando entre en vigor la ley de amnistía solo le quedará aplicarla o cerrar el sumario y pasar la patata caliente al Tribunal Supremo. No podrá ser él quien bloquee los efectos de la amnistía presentando una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, aunque no será por falta de ganas. Más lejos ha llegado García-Castellón, quien, en un intento desesperado por boicotear el proceso de paz, ha reactivado la causa contra Tsunami Democràtic. Es una de las últimas balas que le queda a la derecha judicial para acabar con el plan Sánchez: imputando a Puigdemont todo puede saltar por los aires y la conflictividad social retornaría a Cataluña, que es lo que parece va buscando el Partido Popular.

Por su parte, la mayoría de magistrados y fiscales del Tribunal Supremo rechazan una posible amnistía para Carles Puigdemont y el resto de dirigentes independentistas investigados en relación con el referéndum del 1 de octubre. El sentir mayoritario en el Alto Tribunal es que esto “echaría por tierra” el trabajo de la Justicia en los últimos años, informa La Sexta.

Al mismo tiempo, Vox recrudece el lawfare tras presentar querellas contra Pedro Sánchez y los letrados del Congreso de los Diputados autores del informe sobre la amnistía que, según el partido ultra, “persigue legitimar el golpe al Estado de derecho mediante la inconstitucional ley de amnistía”. Vox también se querellará contra los miembros de la Mesa del Congreso que voten a favor de su admisión a trámite. “Todos los que colaboren con el golpe tienen que saber que deberán asumir las consecuencias”, sentenció. La amenaza de la represión y la cárcel no deja a nadie exento. Nadie está a salvo de la cloaca judicial. Ni los legítimos representantes del pueblo que promueven leyes legítimas en el Parlamento ni ningún ciudadano que apoye la amnistía. Que tiemblen los “malos españoles”, como dicen los ultras.