En marzo del año pasado, los vocales progresistas del Consejo General del Poder Judicial se reunieron para estudiar la posibilidad de dimitir en bloque tras la renuncia de Concepción Saez, propuesta por Izquierda Unida, quien argumentó para marcharse que no tenía sentido permanecer en una institución inconstitucional e ilegal tras cinco años, – por aquél entonces-, de mandato caducado. La cabeza visible de los vocales progresistas era Álvaro Cuesta quien estuvo planteándose la posibilidad de dimitir. Al final, otros tres de sus compañeros, Mar Cabrejas, Roser Bach y Enrique Lucas, este último nombrado a propuesta del PNV, que mantiene una posición ambigua, convencieron al resto de los ocho vocales de signo progresista para quedarse.
Hoy, Mar Cabrejas y Roser Bach han sido “premiadas” por el estrafalario presidente “sustituto del sustituto”, Vicente Guilarte, con un puesto en la comisión permanente, el verdadero núcleo duro del órgano de gobierno de los jueces, donde cobran 130.000 euros al año, no como el resto de sus compañeros que no reciben retribución alguna. Y, a cambio, el argumento que se presentó hace algo más de un año, “que si nos vamos dejamos el Consejo en manos de los conservadores”, ha servido para que esos mismos vocales propuestos por el PP hayan aprobado barbaridades como es un informe sobre la amnistía cuando ni siquiera había sido presentada la proposición de ley, y otro en contra del nombramiento del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz por considerarlo poco más o menos que un “mamporrero al servicio de La Moncloa”. La última, que ha colmado el vaso de la paciencia de la izquierda, ha sido el amparo a jueces que están bajo sospecha, y calificar de “persecución” las criticas que están recibiendo. No hace falta decir que esas decisiones se adoptaron a propuesta de los vocales del PP. Ellos son quien mandan y se apoderan de la institución como si los vocales de signo progresista no existieran.
La composición actual del Consejo General del Poder Judicial se ha reducido debido a las bajas que ha habido. A la de Concepción Sáez, voluntaria, hay que añadir las de otros tres vocales, uno por dimisión, su presidente Carlos Lesmes, otro por jubilación, Rafael Mozo, y otra por fallecimiento, Victoria Cinto. Por lo tanto, el plenario cuenta con 17 miembros, 9 de tendencia conservadora y 8 de signo progresista. El caso del propuesto por el PNV, Enrique Lucas, es especial. Va por libre y lo peor es que es hermano de un juez de la controvertida sala de Lo Contencioso Administrativo, Pablo Lucas, entre cuyos cometidos está el de controlar el servicio de espionaje, algo que ha dado lugar a la retirada de su hermano en algunas de las discusiones del CGPJ por incompatibilidades familiares.
Es evidente de que en la hipótesis de que se produjera la renuncia en bloque de los vocales progresistas, el CGPJ quedaría con 9 vocales. Pero es que hay más. La clave la tiene uno de ellos, Vicente Guilarte. Es el actual presidente y ha dicho en multitud de ocasiones, que si antes del verano no se resolvía la renovación del Consejo “me volveré a mi cátedra de derecho administrativo de la Universidad de Valladolid”. Estamos casi a finales de junio y todavía permanece en su poltrona que, recordemos, le viene de rebote por la dimisión de Lesmes y la jubilación de Mozo. Es el miembro del Consejo de mas edad y por eso le corresponde ocupar un puesto que, en lugar de tomárselo como una actividad provisional, gestionando lo mínimo y necesario para mantener el funcionamiento el órgano de gobierno, ha hecho una verdadera revolución que algunos han calificado de “venganza” apartando a los discrepantes y situando en los órganos de decisión a sus afines.
No conforme con ello se dedica a ir proponiendo por ahí ideas para renovar el Consejo General del Poder Judicial que posteriormente matiza a la fuerza. Como la de que los miembros de las instancias judiciales superiores deben ser elegidos por una comisión de expertos en un concurso de méritos. Ahora, cuando Pedro Sánchez insinúa una reforma en tal sentido para acabar de una vez por todas con esta situación de provisionalidad, recula y dice que “su propuesta ha sido malinterpretada”.
Si, como anunció, Guilarte también se marcha, ya no habrá quorum si los vocales de signo progresista se marchan también. Y entonces no cabe otra solución que una de emergencia, probablemente un cambio del juego de mayorías que Bruselas no tendría mas remedio que aceptar tal y como se han puesto las cosas. La propuesta del grupo de Podemos de una elección directa de una lista de candidatos por mayoría simple sería la única salida viable. Y, posteriormente, ya se vería como se reforma la ley orgánica del Poder Judicial para adaptarla a “los estándares europeos”, que tampoco es que la Comisión Europea, actualmente en funciones, ande muy sobrada a la hora de presionar al gobierno español.
Claro está que todo son especulaciones porque depende de lo que decidan los vocales progresistas en el Consejo. Y estos no están muy por la labor y más después de tener amarradas dos sillas de la todopoderosa comisión permanente, con sueldo y coche oficial asegurado. Lo que no se están dando cuenta es de que se han convertido en cómplices del bloqueo político del poder judicial, un bloqueo que el Partido Popular es incapaz de justificar y del que, al final, los vocales designados por el PSOE se han convertido en cómplices. Por lo tanto, luego no vengamos a rasgarnos las vestiduras. Si hay que hacer gestos les toca a todos, no sólo a Pedro Sánchez y su ministro de Justicia, Félix Bolaños.
