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La Junta de Andalucía ocultó en julio que ordenó el cese de actividad de Cárnicas Sierra Nevada por listeria

Ulises Ameyugo, subdirector de Protección de la Salud, recientemente indicó que la empresa ya estaba bajo vigilancia, pues en junio y julio se identificó que no cumplían con las condiciones para controlar adecuadamente el riesgo de listeria

Eva Maldonado
Eva Maldonado
Redactora en Diario16, Asesora de la Presidencia de la Conferencia Eurocentroamericana.
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análisis

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Cualquier ciudadano esperaría que en cuestiones de salud pública, la transparencia y responsabilidad prevalecieran por encima de todo. No obstante, parece que la Junta de Andalucía optó por un camino distinto al ocultar, en julio pasado, la crítica información de que había ordenado el cese de actividad de Cárnicas Sierra Nevada, una empresa ahora bajo alerta sanitaria tras detectarse listeria monocytogenes en algunos de sus productos.

El viceconsejero de Salud y Consumo, Miguel Ángel Guzmán, recientemente reveló que no solo se ordenó el cese de actividades, sino que la Junta también inmovilizó productos de la empresa. Esta actuación vino después de que se constatara que Cárnicas Sierra Nevada seguía produciendo y comercializando, a pesar de la orden de cese. Este imprescindible detalle, sin embargo, no se compartió con el público en el momento oportuno.

No es un hecho aislado

Esta falta de transparencia no es un hecho aislado. Ulises Ameyugo, subdirector de Protección de la Salud, recientemente indicó que la empresa ya estaba bajo vigilancia, pues en junio y julio se identificó que no cumplían con las condiciones para controlar adecuadamente el riesgo de listeria.

No obstante, lo que acentúa aún más la gravedad del asunto es el hecho de que la Consejería no comunicó a la población que había emitido una orden de cierre provisional para Cárnicas Sierra Nevada, y mucho menos que, a pesar de ello, la empresa continuó su producción y comercialización. Una producción que ha resultado en productos contaminados con listeria.

La opacidad en la gestión de la información es inaceptable. La Junta de Andalucía parece haber protegido los intereses de una empresa que, sin lugar a dudas, infringió los derechos de los consumidores. Estos consumidores adquirieron productos que no solo no cumplían con los estándares de seguridad, sino que estaban siendo producidos bajo una orden de cese. Esta negligencia nos remite al caso Magrudis (La Mechá), donde la falta de transparencia y acción también fue protagonista.

FACUA Andalucía, con justa razón, subraya que la transparencia es esencial para garantizar la seguridad de los ciudadanos, quienes tienen el derecho de saber si los productos que consumen son seguros o no.

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