La ONG española Proactiva Open Arms confirmó a la agencia EFE que la fiscalía de Catania ordenó el pasado domingo 18 de marzo la inmovilización de su barco, el «Open Arms», y la apertura de una investigación por un posible delito de «promoción de la migración ilegal» a Italia por supuestamente no haber escuchado las órdenes de los Guardacostas libios. Ahora, el buque espera en el puerto siciliano de Pozzallo, donde atracó ayer después rescatar a 218 migrantes a aproximadamente 70 millas de Libia, a que se determine si es un crimen no dejar morir personas en el mar.
Según el diario local italiano “La Reppublica”, la Policía italiana se presentó por la tarde de del domingo en el barco y exigió la documentación del mismo a su capitán Marc Reig, que exigió una orden judicial, por lo que fue invitado a acompañarles a comisaría junto a la jefa de misión de la ONG. Anabel Montes.
Ha sido el fiscal de Catania, Carmelo Zuccaro, quien abrió la investigación contra Marc Reig y Anabel Montes, al considerar que en su última actuación “han fomentado la inmigración ilegal y han violado los acuerdos internacionales”, según medios italianos. Zuccaro es el mismo magistrado que el año pasado señaló que había ONG que estaban de acuerdo con los mismos traficantes y que recibían financiación de ellos incluso. El presidente de la ONG comunicó a través de Twitter que “es solo una hipótesis de delito” y que se les acusa “de asociación ilegal por desobedecer a los libios y no entregarles mujeres y niños rescatados”.
La investigación se abrió después de lo sucedido la semana pasada cuando Oscar Camps denunció a través de Twitter que una embarcación de guardacostas libios amenazó con disparar a matar si no se les entregaba los inmigrantes rescatados de alta mar a unas 73 millas de la costa de Libia.
La Guardia Costera italiana explicó que la misión estaba siendo coordinada por los libios. Sin embargo, según un comunicado al que tuvo acceso la agencia EFE el sábado, la autoridad marítima libia acusó a la ONG española y a las otras que trabajan en el rescate de personas en la costa de Libia de interferir en las operaciones y de violar sus aguas territoriales, aunque en esta ocasión navegasen más allá de las 25 millas correspondientes.
Los tripulantes investigados cuentan con la asistencia de una abogada, Rosa Emanuela Lo Faro, que explicó con ironía que el único delito cometido sería “la solidaridad” ya que “nadie comete delito por socorrer a personas” a los medios italianos. El ministro español de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, aseguró hoy en declaraciones a EFE que las autoridades consulares trabajan para intentar «despejar cualquier problema», después de que Italia ordenara inmovilizar el barco español.
