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La prohibición legal de recibir residuos tóxicos de fuera de Andalucía lleva al límite la viabilidad del vertedero de Nerva

La nueva Ley de Economía Circular que entrará en vigor en abril prohíbe el almacenamiento en la comunidad de residuos peligrosos procedentes del resto del país o del extranjero

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análisis

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El vertedero de residuos tóxicos y peligrosos de Nerva, en Huelva, recibe habitualmente, prácticamente desde su creación hace 25 años, ingentes toneladas de basura contaminante procedentes de otras comunidades autónomas e incluso de países de la Unión Europea, y también de forma excepcional extracomunitarios, como el polémico caso de la carga irregular que el Gobierno central frenó procedente de Montenegro, a más de 3.200 kilómetros de distancia de las instalaciones ubicadas a escasos 700 metros del núcleo poblacional de Nerva. Y ello pese a que se puso en funcionamiento con el objetivo prioritario de acaparar sólo residuos tóxicos procedentes de Andalucía occidental. Con la nueva Ley de Economía Circular, aprobada este miércoles en el Parlamento de Andalucía con los votos a favor de Partido Popular y PSOE, la abstención de Por Andalucía y Adelante Andalucía y el rechazo de Vox, los años de vida del polémico vertedero de Nerva se acortan de forma considerable ya que la propia empresa que lo gestiona, Diseño de  Soluciones Medioambientales (DSM) ha reconocido que la reciente multa millonaria impuesta por la Junta de Andalucía por sobrepasar considerablemente la capacidad de almacenaje de algunos de sus vasos dedicados a residuos no tóxicos, unida a la nueva norma de Economía Circular que entrará en vigor el próximo mes de abril, supone un duro varapalo para la viabilidad a corto plazo de la empresa de gestión de residuos. DSM considera que el vertedero de Nerva es clave en el tejido industrial de la comunidad andaluza, ya que es el único que puede albergar la gestión de residuos peligrosos que no cuentan con tratamientos alternativos al depósito. Según la empresa que gestiona el vertedero de Nerva, casi el 70% de los residuos que se tratan en esta instalación –procedentes sobre todo del sector metalúrgico, el refino y la química industrial– tienen su origen en empresas ubicadas en Andalucía.

La nueva Ley de Economía Circular recién aprobada por el Parlamento de Andalucía recoge expresamente la prohibición de la entrada de residuos peligrosos procedentes de fuera de la comunidad cuando el destino sea un vertedero andaluz. De este modo, la basura tóxica que generen las empresas andaluzas serán asumidas y tratadas en los vertederos autorizados que existen en la comunidad autónoma, pero en ningún caso se van a seguir almacenando productos peligrosos procedentes de fuera de Andalucía. Esta restricción, que está recogida en la disposición final quinta del texto legislativo, supone una novedad que se ha introducido como enmienda, a propuesta del PP, en la tramitación parlamentaria de la ley, informan fuentes de la Consejería de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul.

Esta restricción supone una novedad introducida como enmienda a propuesta del PP en la tramitación parlamentaria de la ley

El texto completo de esta citada ponencia de la nueva ley aprobada esta semana es el siguiente: “Disposición final quinta. Modificación del Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía. Se modifica el Decreto 73/2012, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Residuos de Andalucía, en los siguientes términos:

Uno. Se añade una disposición adicional séptima, que queda redactada así:

«Disposición adicional séptima. Aplicación del principio de autosuficiencia a residuos peligrosos procedentes de fuera de Andalucía.

En base al principio de autosuficiencia, recogido en el artículo 9 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, a los efectos previstos en el Reglamento (CE) n.º 1013/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos, y en la normativa sobre el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado, con carácter general, se prohíbe la entrada de residuos peligrosos y residuos peligrosos no reactivos estables o provenientes de un proceso de estabilización procedentes de fuera de Andalucía para los cuales la Comunidad Autónoma de Andalucía es competente para autorizar en el marco de lo regulado en el artículo 12.4.d de la Ley 7/2022, de 8 de abril, cuando el destino final sea el depósito en cualquier tipo de vertedero ubicado en Andalucía, sean sometidos o no a operaciones de tratamiento previo.

Con carácter excepcional se podrán autorizar de forma motivada traslados de los residuos indicados anteriormente en base al principio de solidaridad interterritorial definido en el artículo 140 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público».

Dos. Se añade una disposición transitoria undécima, que queda redactada así: «Disposición transitoria undécima. Entrada en vigor de la aplicación del principio de autosuficiencia a residuos peligrosos procedentes de fuera de Andalucía. La prohibición de entrada de residuos que se recoge en la disposición adicional séptima de este Decreto no resultará de aplicación a aquellos traslados de residuos a la Comunidad Autónoma de Andalucía que tengan notificación de traslado presentada o autorización en el marco de un traslado transfronterizo de residuos vigente o en tramitación en la fecha de entrada en vigor de la presente Ley».

El consejero de Sostenibilidad y portavoz del ejecutivo andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha detallado que esta disposición está en el espíritu de la ley. “Junto a esta medida, lo que vamos a hacer es potenciar y promocionar la economía circular, ahí está la solución. Los residuos son un problema y nuestro empeño es que dejen de serlo, por eso trabajamos para que se conviertan de nuevo en materia prima”. Fernández-Pacheco especifica que esta restricción que establece la nueva Ley de Economía Circular “pretende minimizar el impacto de los residuos peligrosos en nuestro entorno, lo que también es proteger el medio ambiente, y por supuesto garantiza que los que produzcan las empresas en sus procesos de fabricación en Andalucía sean tratados como corresponde”.

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