Uno de los mayores problemas de España, sino el más importante, es la situación crítica en que se encuentra la Justicia. No se trata sólo de la intromisión de los partidos políticos para intentar controlar los órganos judiciales. Hay otros elementos que perjudican aún más a la independencia judicial y a la tutela judicial efectiva: los intereses de los bancos, las grandes compañías y los ricos. Siempre tienen un fiscal o un juez afín a mano para evitar ser condenados por la comisión de distintos tipos de delitos. Y, si no lo hay, ya se encargan los grandes despachos de abogados de encontrarlos.
A medida que las instancias judiciales son más altas, es mucho más fácil para estas élites controlarlas. No hay más que ver cómo sentencias que en primera instancia les fueron desfavorables, cuando los procedimientos llegan a las audiencias provinciales, los tribunales superiores de justicia o el Tribunal Supremo, lo normal es que esos bancos, grandes compañías y millonarios consigan eludir el peso de la ley. Hay excepciones, evidentemente, pero cada vez son menos.
En España, por desgracia, ya no es inusual que los jueces de las altas instancias o los titulares de los juzgados de lo Mercantil, cuando hay una gran empresa o un banco de por medio, lleguen a obviar las pruebas y la documentación presentadas, que se salten doctrinas jurídicas, que las creen ad hoc o que se obvien artículos del Código Penal. Todo sea por el mal llamado «interés general» que, en España, ya no es lo que beneficia al pueblo, sino a las élites empresariales, bancarias, financieras, políticas o económicas.
Sin embargo, existe una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que destroza todo este entramado que tienen montado entre jueces, fiscales y las clases dominantes. La UE se fundamenta sobre una serie de valores fundamentales. Su ordenamiento jurídico, y esto es clave, se basa en la presunción de que los Estados miembro tienen que respetar esos valores.
El Estado de Derecho en la Unión Europea significa que los ciudadanos tienen derecho a impugnar judicialmente las medidas que adoptan tanto la UE como todas aquellas medidas de los países que están relacionadas con el Derecho de la Unión.
Por otro lado, la responsabilidad de garantizar el control judicial se confía tanto a los tribunales europeos como a los de los Estados miembro. Éstos tienen, además, la obligación de aplicar y respetar el Derecho de la Unión, algo que, tal y como se ha visto en diferentes sentencias del Supremo español, no se cumple. Además, los países son responsables de establecer un sistema de recursos y procesos legales que garanticen un control judicial efectivo en todos los ámbitos que cubre la legislación europea.
Sin embargo, el mayor problema práctico que sufren los ciudadanos españoles con la Administración de Justicia es un principio fundamental de la Unión Europea: la tutela judicial efectiva. Este elemento clave, que en los tribunales españoles se vulnera día sí y día también con sentencias aberrantes que sólo tienen como finalidad la protección de los privilegios y la concesión de impunidad a las élites, es, para el Derecho de la Unión, la esencia del Estado de Derecho.
La independencia de la Administración de Justicia es esencial para el buen funcionamiento de la democracia y, sobre todo, para el sistema de colaboración judicial de la Unión Europea. Por esta razón, según se señala en la sentencia del TJUE, la independencia judicial tiene una dimensión interna que consiste en garantizar la imparcialidad, y otra externa, que consiste en proteger a los jueces de las presiones externas. Evidentemente, si a los jueces les sale rentable someterse a esa presión, entonces se hace casi imposible de controlar.
La sentencia del TJUE se basa en estos principios básicos que se establecen en el Tratado de la Unión Europea (TUE), de obligado cumplimiento para todos los Estados miembro, que señala que todos los países de la UE están obligados a aplicar justicia con el fin de garantizar que los órganos que, en calidad de órganos jurisdiccionales, en el sentido del Derecho de la Unión forman parte del sistema judicial en los ámbitos cubiertos por dicho Derecho y cumplen con los requisitos de la tutela judicial efectiva.
Lo importante es que esta obligación incluye, no sólo el respeto, sino también la obligatoriedad de mantener la independencia de las diferentes administraciones de Justicia. Esto en España no ocurre.
Además, esta doble obligación está relacionada y se deriva del derecho de acceso a un tribunal independiente establecido por el TUE.
Cuando un ciudadano o una organización de España se enfrenta en los tribunales a las élites bancarias, económicas, políticas, institucionales o financieras, lo habitual en España es que el tribunal donde se dirime su caso, por unas razones u otras, ya tengan predeterminado el sentido de sus sentencias en favor de las clases dominantes. Hay casos, incluso, en el que sentido de autos o providencias que eran muy contrarios a los intereses de las élites, en la sentencia se vuelven favorables a éstas. Por tanto, ni tribunales independientes ni tutela judicial efectiva. Ahora sólo falta que Europa intervenga, y no sólo por la renovación de CGPJ, sino por lo que pasa día a día en los juzgados españoles que es mucho más grave.