La Presidencia española del Consejo y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo político sobre una Directiva que protegería a estas personas de las demandas estratégicas contra la participación pública, más conocidas como DECPP.
El recurso a estas demandas para silenciar a las personas que se pronuncian sobre cuestiones de interés público es un fenómeno cada vez más común. La Directiva establecerá garantías procesales contra tales demandas en asuntos civiles con repercusiones transfronterizas.
«Nuestras democracias están en peligro cuando los ricos y poderosos pueden silenciar a los personas críticas en los tribunales por el mero hecho de pronunciarse sobre cuestiones de interés público. Con este nuevo acto legislativo, la UE defiende a periodistas y defensores de los derechos humanos frente a casos judiciales infundados y abusivos», ha afirmado Félix Bolaños, ministro de Justicia de España.
Las personas objeto de DECPP se beneficiarán de una serie de medidas de protección y garantías procesales. Pueden solicitar al órgano jurisdiccional la desestimación temprana del recurso. Si una demanda se considera manifiestamente infundada, el juez puede decidir desestimarla en la fase procesal más temprana posible. El órgano jurisdiccional debe acelerar las solicitudes de este tipo presentadas por los demandados. También podrán exigir una garantía financiera a la persona o empresa que haya presentado la demanda. Los órganos jurisdiccionales pueden exigir que el demandante, es decir, la persona o empresa que haya interpuesto una DECPP, proporcione una caución para las costas procesales. Por otro lado podrán recurrir a otros tipos de vías de recurso. En esta línea, los órganos jurisdiccionales pueden decidir, por ejemplo, que el demandante cargue con las costas procesales, incluidas las costas correspondientes a la representación procesal y la defensa técnica de la víctima de la DECPP. Los jueces también pueden decidir que a la parte que haya iniciado el procedimiento de DECPP se le pueda aplicar una sanción u otras medidas igualmente eficaces.
Casos de DECPP de carácter transfronterizo
El Consejo y el Parlamento Europeo han acordado cómo definir el carácter transfronterizo de un caso de DECPP. Se considerará que un asunto tiene implicaciones transfronterizas salvo si ambas partes están domiciliadas en el mismo Estado miembro que el órgano jurisdiccional que conoce del asunto y que todos los demás elementos pertinentes de la situación se encuentren en dicho Estado miembro.
Sentencias dictadas en terceros países
Si una persona que vive en la UE es objeto de una DECPP en un tercer país, los Estados miembros de la UE deben denegar el reconocimiento y la ejecución de la sentencia dictada en dicho tercer país con motivo de dicha demanda si esta se considerase manifiestamente infundada o abusiva en el Estado miembro en cuestión.
Medidas de apoyo a las víctimas
Para ofrecer un mayor apoyo a las víctimas de DECPP, los Estados miembros tendrán que proporcionar, en un único soporte, información sobre las garantías procesales y las vías de recurso. Para comprender mejor el alcance del fenómeno, los Estados miembros también recopilarán de los órganos jurisdiccionales los datos específicos disponibles relativos a DECPP.
A partir de este momento, el acuerdo deberá ser refrendado por los representantes de los Estados miembros en el Consejo. En caso de ser aprobado, el texto deberá ser adoptado formalmente tanto por el Consejo como por el Parlamento Europeo.
Las DECPP suelen ser interpuestas por personas poderosas, grupos de presión, empresas y órganos estatales. Están dirigidas a censurar, intimidar y silenciar a las personas críticas imponiéndoles la carga económica de una defensa jurídica hasta que abandonen sus críticas u oposición.
Las víctimas más frecuentes de DECPP son periodistas y defensores de los derechos humanos. También pueden ser objeto de estas demandas otras personas que realicen actos de participación pública, como investigadores y académicos.
El aumento de las DECPP se ha documentado en varios informes sobre el Estado de Derecho, unas evaluaciones de la Comisión Europea en las que se examina la evolución del Estado de Derecho en los Estados miembros de la UE, y en los análisis del Consejo de Europa.
