En el laberinto de declaraciones y contradeclaraciones que envuelve a Isabel Díaz Ayuso y su pareja, Alberto González Amador, emerge una historia que oscila entre la desinformación y la media verdad. El último episodio, que involucra una supuesta devolución fiscal de más de medio millón de euros, se ha presentado por el entorno de Ayuso no solo como un posible exonerante en un caso de fraude fiscal, sino también como un arma en una “cacería política”.
Los hechos ciertos
Comenzando por los hechos, la Agencia Tributaria investiga a González Amador por un significativo aumento de ingresos entre 2019 y 2020 en su empresa, Maxwell Cremona, acompañado de una disminución de la base imponible. Lo que se tradujo en una acusación de defraudar 350,000 euros al erario público, algo que los abogados del empresario no sólo reconocieron, sino que intentaron pactar con la Fiscalía.
La reciente afirmación del entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de que Hacienda deberá devolver a González Amador 552,000 euros por un sobrepago del Impuesto de Sociedades del 2022, ha sido utilizada para sugerir la posibilidad de anulación del juicio. Sin embargo, aquí es donde la línea entre la desinformación y la verdad se vuelve borrosa. La devolución, confirmada por fuentes de Hacienda según El Mundo, no se refiere a los ejercicios bajo investigación (2020 y 2021), sino al ejercicio 2022, y por tanto, no influye en las acusaciones de fraude y falsedad documental de años anteriores.
Haciendo ni desmiente ni confirma
Este giro, lejos de aclarar la situación, ha añadido más confusión y ha sido criticado por la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien expresó sorpresa por el manejo de datos tributarios por parte de la Comunidad de Madrid y desmintió tener conocimiento sobre tal devolución. Este incidente resalta cómo la información parcial o el contexto incompleto puede ser manipulado políticamente, una técnica conocida en periodismo como «extender la tinta del calamar».
El Partido Socialista de Madrid ha respondido a estos eventos criticando lo que ven como un intento de desviar la atención del núcleo del asunto: el fraude fiscal y la manipulación de información. Argumentan que el caso debe ser visto y entendido dentro de su marco legal y temporal adecuado, sin intentos de descontextualizar hechos para beneficiar a los implicados políticamente.
La devolución del novio de Ayuso no tiene relación con el fraude
La propia Fiscalía ha aclarado que el sobrepago de impuestos del novio de Ayuso en 2022 no tiene relación con las acusaciones de fraude que están siendo investigadas, y que este pago excesivo no anula la investigación penal en curso. Además, estudian si el sobrepago podría ser un intento de regularización ilegal posterior a la apertura de la inspección, lo que podría complicar aún más la situación legal de González Amador.
En resumen, lo que en un principio podría parecer como una revelación que podría cambiar el curso del juicio es, en realidad, una no-relación que ha sido presentada como potencialmente exculpatoria. Este episodio destaca la importancia de la precisión informativa y la integridad en la comunicación pública, especialmente en asuntos de legalidad y política donde la percepción pública puede estar fácilmente sesgada por narrativas parcialmente verdaderas o directamente manipuladas.
Este caso no solo subraya la necesidad de un escrutinio mediático riguroso, sino también una llamada urgente a la responsabilidad por parte de los actores políticos para no distorsionar los hechos para propósitos partidistas. La integridad del sistema judicial y la confianza en las instituciones públicas dependen, en gran medida, de la claridad y la verdad, pilares que deben sostener cualquier debate o disputa política, especialmente cuando se trata de acusaciones tan serias como el fraude fiscal.
