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Los afectados de la Línea 7B empiezan a doblegar a Ayuso

La presidenta de la Comunidad de Madrid ha anunciado que aumenta la cuantía de las indemnizaciones hasta los 63.000 euros, demostrando que el máximo legal permitido no era cierto. Sin embargo, la lucha continúa porque esto sigue siendo insuficiente, además de que las cuentas siguen sin cuadrar

José Antonio Gómez
José Antonio Gómez
Director de Diario16. Escritor y analista político. Autor de los ensayos políticos "Gobernar es repartir dolor", "Regeneración", "El líder que marchitó a la Rosa", "IRPH: Operación de Estado" y de las novelas "Josaphat" y "El futuro nos espera".
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análisis

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Isabel Díaz Ayuso ha logrado un verdadero respiro tras la posible desconvocatoria de la huelga de médicos y pediatras de Atención Primaria después de que los sanitarios aceptaran el preacuerdo verbal alcanzado ayer con la Consejería de Sanidad. No obstante, en primer lugar, habrá que ver si lo cumple, algo que no hizo con las urgencias hospitalarias. En segundo término, el preacuerdo no termina con los problemas de la sanidad pública en Madrid, por lo que, finalmente, la ciudadanía se le continuará poniendo en contra en este periodo preelectoral.

El otro gran problema al que se enfrenta Isabel Díaz Ayuso, uno de los que más daño le está haciendo a su imagen de «triunfadora», es la problemática de las obras de la Línea 7B de Metro en San Fernando de Henares, un asunto que Ayuso heredó, es cierto, pero del que ella es responsable directa para alcanzar una solución, cosa que no ha hecho.

Hoy, en la Asamblea de Madrid, la presidenta ha afirmado que «no dejamos de buscar cómo mejorar la vida de los mayores, que es lo mismo que estamos haciendo con los afectados de la Línea 7B de Metro. De hecho, me comprometí con ellos a darles el máximo legal permitido y los servicios jurídicos han encontrado la posibilidad de incrementar las indemnizaciones entre 10.000 y 63.000 euros por vivienda atendiendo al daño moral por conviviente. Por tanto, esta misma mañana he ordenado a la Consejería que llame uno a uno a los afectados para explicarles la nueva situación que les es tan favorable».

Hoy se ha celebrado uno de los últimos plenos en la Asamblea de Madrid antes de las elecciones y Ayuso ha querido dar un golpe de efecto que, por el contrario, demuestra que lo señalado hasta ahora respecto a las indemnizaciones no era cierto. Sin embargo, también es la demostración de que la lucha de los afectados está consiguiendo doblegar a Ayuso. Pero no hay que parar. Más bien al contrario, hay que aumentar la presión porque es el único modo en el que se puede conseguir la solución real y final a sus reivindicaciones.  

El pasado 12 de enero, la presidenta madrileña afirmó que «no vamos a escatimar ni un solo euro con los vecinos de San Fernando de Henares pero también quiero recordar que todo lo que vamos a ofrecer son 122 millones de euros».

El 26 de enero, ante la posibilidad de que Europa inicie una investigación, Ayuso anunció que los afectados «ya pueden empezar a cobrar sus indemnizaciones, que están en los máximos legales. Estamos dando todo lo que está en nuestra mano para solucionar un problema que ellos nunca provocaron, del que son víctimas y del que el Gobierno se ha hecho responsable».

Sin embargo, las cuentas siguen sin cuadrar. La situación actual de las zonas afectadas más directamente hace casi obligatorio el derribo de todas las viviendas afectadas. Esto son más de 600 familias. De esos 122 millones anunciados, sólo un 10% está destinado a los afectados, es decir, 12,2 millones de euros. Si ahora se incrementan las indemnizaciones, se demuestra que sí había posibilidad legal, como llevan denunciando desde enero los afectados.

En consecuencia, según lo referido por Ayuso, las indemnizaciones máximas podrían alcanzar los 418.000 euros por familia. Sin embargo, tal y como denuncian fuentes de los afectados consultadas por Diario16, las cantidades ofrecidas hoy por la presidenta de la Comunidad de Madrid no sufragan el daño moral que se ha infligido durante 15 años. «Es una nueva limosna, un anuncio electoralista que no arregla nada», afirman.

Por otro lado, muchos de los afectados aún están pagando las hipotecas de estas viviendas. El dinero que la Comunidad de Madrid les indemnizaría tendría que ser utilizado, en primer lugar, para el pago de esos préstamos bancarios, por lo que, según está en la actualidad el mercado de la vivienda, no les quedaría dinero para poder adquirir una nueva casa.

La indemnización que recibiría cada familia estaría determinada por la tasación encargada por la Comunidad de Madrid a la empresa Tinsa. Tal y como publicamos en Diario16, esas tasaciones están incompletas y no se corresponden en ningún caso al valor real de las casas, por lo que el valor entregado sí sería mucho más bajo que el que le correspondería.

Tinsa, según señalan las mismas fuentes, hizo una tasación basada en el precio total del edificio y dividiéndolo por el número de viviendas. En consecuencia, el valor recibido por la Comunidad de Madrid corresponde a una suposición en la que todos los pisos estaban en igual situación, que hubieran envejecido igual. Por tanto, no se ha tenido en cuenta las reformas que los afectados pudieran hacer para mejorar el estado y las calidades de su vivienda.

Por tanto, las tasaciones que está recibiendo el gobierno de Isabel Díaz Ayuso están incompletas.

Además, las mismas fuentes denunciaron a Diario16 que las propuestas de indemnización presentadas por la Comunidad de Madrid están muy por debajo del máximo de 355.000 euros señalado por Isabel Díaz Ayuso. Las indemnizaciones tienen que incluir el daño moral de estos 15 años de tortura que no se cubren con 63.000 euros.

Para hacernos una idea de lo que la Justicia puede llegar a indemnizar por daño moral, el pasado 6 de febrero, la Audiencia Provincial de Madrid determinó que Banco Santander tenía que recientemente pagarle 2 millones de euros al actual consejero delegado de Unicredit, Andrea Orcel, en concepto de daños morales y reputacionales. Sin embargo, el Juzgado de Primera Instancia dictó que esa cantidad tenía que ser de 10 millones.

El daño moral no se puede cuantificar ni en euros ni en metros cuadrados. El sufrimiento que han vivido las más de 600 familias afectadas por las obras de la Línea 7B de Metro es incalculable. Los negocios perdidos, las vidas rotas, el miedo a morir sepultados, el maltrato institucional de 15 años, las vejaciones por parte del Partido Popular, la injusticia de tener que pagar una hipoteca por un inmueble que no vale nada. Todo ello no es tasable.

Unas elecciones provocaron la problemática de San Fernando de Henares. Los afectados tienen ahora en su mano la posibilidad de que otros comicios autonómicos se conviertan en el fin de su sufrimiento.

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