Hace unas semanas, el triste ‘Caso Marta del Castillo’ sufrió un nuevo giro. Se dinamitaron las últimas esperanzas de sus deudos, huérfanos de la verdad y de saber dónde llevar flores a la desdichada joven desde 2009. Un informe pericial del madrileño Manuel Huerta (Lazarus Technology) que encargó el juzgado revela nuevas geolocalizaciones, clamorosas carencias y extraños borrados de datos en los móviles de los encartados. No concluye nada relevante. Sus 138 páginas, gráficos y ocho anexos no añaden, no prueban; polemizan hasta la indignación de familiares de Marta, cuyo abuelo materno ya predijo que ‘había una mano negra’ en el desdichado caso.
Este ciber-experto, incomprensiblemente, tardó años en entregar su dictamen al juzgado que le nombró para tal cargo oficial. El colegio de ingenieros informáticos andaluz alertó al juzgado que Huerta ni está preceptivamente inscrito en ese colectivo y que “carece de titulación oficial para ejercer la profesión de ingeniero técnico en informática”. Otros peritos de la causa lo recusaron por una ‘no idoneidad’ no aclarada mientras sobrevoló la supuesta incompatibilidad del experto.
Sí son más evidentes los nexos profesionales y de negocios de Huerta con un abogado del caso, José María Calero -también ex fiscal- y el ex directivo de la RTVA, sector pata negra, Francisco Romacho. El trío reparte, en las sedes del bufete y sus empresas, la marca E-In Digital. Sin embargo, en el Registro Mercantil de Sevilla esa identidad trasmutó desde Breaking Sterotypes S.L hasta Euclea Infusión SL. Tal sociedad factura por elevar la ciber-reputación, replicar hackeos, peritar fraudes digitales…
Este controvertido tema, el de los peritos ante la justicia, viene cuestionándose desde hace tiempo. Los expertos, algunos supuestos, que comparten su ‘leal saber y entender’ para iluminar la justicia son de dos tipos: 1. De parte. Les pagan los litigantes para defender sus posturas procesales en distintas jurisdicciones (civil, penal, contenciosa, social, mercantil, violencia de género…). También pueden ser nombrados por los jueces cuando los ‘de parte’ no acercan criterios y valoraciones o hace falta algún experto/a de oficio, que subsane dudas en el pleito. Los peritos judiciales deben aceptar y jurar/prometer un cargo oficial que equivale al del funcionario/a temporal.
Todos los peritos, de parte, oficio y judiciales comparten obligaciones sobre ser objetivos, imparciales y relatar la verdad: aportan pruebas sobre hechos. Las analizan conforme a su lex artis, conocimiento y experiencia en su saber. Responden a dudas o interrogantes del juzgador/a o de las partes sobre aspectos técnicos complejos. Realizan, en su caso, informes contrapericiales y contrastan los informes de otros peritos intervinientes.
Los peritos, llamémosles, privados (de parte) son de libre elección por los justiciables en pugna. Los ‘judiciales’ son extraídos por insaculación (proceso aleatorio e imparcial que los elige) de listas de colegiados, del decanato judicial, de colectivos autodenominados de ‘peritos judiciales’ o son nombrados directamente por quien juzgue. Y entonces surgen las primeras brechas, donde irrumpen los peritos menos ortodoxos. Ya sabíamos los cuestionados nombramientos por jueces/as mercantiles de administradores concursales. Por ejemplo, entre arquitectos, médicos, ingenieros o auditores, quienes constan en listas colegiales como peritos judiciales son minoría. Quienes acaparan los encargos suelen ser los/las mismos/as y tienen tarifa más criterio según quien les contrate.
En temas de grafología, los peritos que frecuentan los juzgados tienen distintas tarifas sujetas al mejor postor. No hay aval académico en estos últimos expertos, que también los hay rigurosos. Otro tanto sucede con la peritación judicial de la salud mental. En asuntos de familia deponen psicólogos para custodias y tutelas de menores o ancianos.
Caso llamativo fue el del ‘violador de Fremap’. En 2007, la Audiencia de Sevilla condenó a 50 años de cárcel a David H. M. Peritó un catedrático de Psiquiatría que dejó en blanco a la concurrencia en la sala. Aseveró que el transgresor no se controlaba, creyéndose un cantante al que se rendían sus víctimas-fans. Hubo firmeza en la sentencia que condenó al criminal en serie: ‘trastorno bipolar leve […] que no afecta al entendimiento, ni al potencial de autocontrol, conservando capacidades intelectivas y volitivas […]’.
Normalmente, la justicia hace más caso a los peritos que nombra que a los que pagan las partes. Entre los últimos hay un interés que relativiza lo objetivo. Hay incompatibilidades entre servidores públicos en activo y/o prejubilados que rentabilizan eufemismos: segunda actividad, reserva, disponible forzoso.
El agro-perito de terratenientes
Esta historia inquieta. Una bienintencionada jueza sentencia un asunto de millones de euros copiando y pegando un peritaje judicial que supuestamente resolvía conflictos entre ingenieros-peritos ‘de parte’. Se enfrentaban por daños pluviales y linderos de una extensa explotación agro-ganadera. El tema tenía todos los avíos: torrenteras desviadas, Cañada Real invadida, agresiones entre propietarios que se chantajeaban… David se enfrentó a Goliat, pues mejor no dar nombres de la familia terrateniente que ‘ganó’ la sentencia. Antes hubo trato fallido para comprar la finca del ‘perdedor’ por el 30% de su valor. Después, se inundó e incendió su cortijada con técnicas filo-mafiosas. Más infamias cooperaban en la devaluación de la finca. El ‘perdedor’ del pleito, harto del pulso contrató a unos detectives. Estos, legos en temas agrícolas complejos, evidenciaron en su informe un ‘caso abierto’ real y espeluznante.
El ‘perito judicial’ A.G. accedió al cargo tras desechar el juzgado una primera propuesta de colegiados fallecidos, de baja o que cambiaron el domicilio. El juzgado, al ver devueltas sus peticiones de nombramiento, pidió al mismo colegio nueva propuesta de peritos. Y ahí figuraba como titular el finalmente nombrado para el cargo. Se disfrazó en el oficio al juzgado que también era el secretario colegial con un garabato que no le identificaba y un sello con mucha tinta. La insaculación tendría el sistema ’Juan Palomo’.
La pericia judicial tenía más perlas que un collar: párrafos calcados del perito de los terratenientes, medidas delirantes, una geo-orientación manipulada donde el norte es el suroeste, más una pluviometría donde los chaparrones de un mes priman sobre la sequía de cinco años en las medias analíticas. Los detectives descubrieron, además, que este experto tenía casi 80 años, carecía de ‘alta’ en Hacienda y Autónomos, aunque era doctor-ingeniero, profesor de másters y poseía medallas ‘al mérito profesional’.
La reconstrucción judicial del peritaje, tras ser denunciado el perito por varios delitos (falsedad, falso testimonio y mendacidad) y destaparse que era viejo amigo de los terratenientes (cohecho), fue penosa. En medio del campo apareció con un andador, cabizbajo y callado. Juez y secretaria más abogados de las partes confirmaron in situ las mentiras del perito judicial.
Sólo bastó una brújula y metro comprados en un chino para adverar que el norte real era el suroeste del perito, que sobraban o faltaban metros en las medidas ‘periciales’ y que el supuesto experto no pisó la finca en conflicto, ni sabía siquiera -al ser interrogado- de las supuestas evidencias que copió sin recato en su informe, supuestamente neutral. Aquel ‘perito’ aguantó el tipo enrojecido, lloroso y desafiante por la ‘pillada’. La soberbia no le ayudó.
El juzgador, asombrado por el desvarío del que era testigo, le preguntó a la fedataria judicial: “¿Qué hacemos con este hombre?”, sobrepasado por tanta mentira que engañó a la Justicia más confiada. El detective que suscribió el informe de cargo en aquella reconstrucción sólo recibía miradas asesinas del perito anciano. Este precisó de pañal para orinar los litros de agua que bebió de su abogado exigiendo piedad para su patrocinado. Patético.
La muerte fue la que extinguió la responsabilidad penal de aquel perito judicial. Estuvo décadas engañando a la justicia para favorecer sus más adinerados clientes como vasallo de terratenientes y señoritos que le pagaban una miseria. El fallecido perito repetía, para justificar las mentiras, que durante lustros por las mañanas sirvió a la administración como ingeniero de plantilla. Le negaron cargos políticos a los que aspiraba. Se vengó por las tardes: peritaba con mendacidad y escribía falsedades violando al sistema y la administración que le negó los cargos por los que soñó alguna vez. DEP.
El perito con bata blanca que mentía
Un pertinaz enfrentamiento entre dos directivas que se disputaban la presidencia de un colegio sanitario tuvo ramalazos en los juzgados en su vis pericial. Los ganadores enviaban al juzgado listas de peritos hasta que una paciente que demandó a un familiar de la junta ‘perdedora’ se regaló perito y abogado más procurador para difamar a una saga de sanitarios. Un juzgado nombró a un experto perito judicial con la venia colegial. J.M.H. era el único candidato enviado y parte de la junta colegial ‘ganadora’. Su informe mentía sobre haber explorado a la paciente que reclamaba un dineral por mala praxis. No pasó el firmante de copiar subjetivamente lo contrario de lo que vio en certificados médicos ajenos. La vista judicial destapó el desvarío, especialmente cuando el perito-judicial balbuceaba ante el interrogatorio judicial y de la defensa de la demandante.
El ‘perito’ además desveló que llevaba años sin obtener la compatibilidad para ejercer privadamente, acorde a la Ley 53/84. Un video de la vista judicial más la sentencia adversa se remitieron a un directivo hospitalario del SAS (Servicio Andaluz de Salud) donde el ‘perito-judicial’ tenía un cargo relevante. La prejubilación acelerada por el SAS del personaje precedió a su muerte. El óbito extinguió también la responsabilidad penal del encartado por mentir descaradamente ante judicial presencia.
La historia de este sanitario, también docente de pro y hábil sanador terminó sin la gloria que merecía una carrera que se truncó cuando viró hacia el apoyo de una parte en una gresca colegial. DEP.
Si hasta ahora se han desgranado desvaríos y disparates que llegan a la justicia de la mano de peritos, a partir de ahora completamos el panorama regalando consejos para detectar los –supuestos– expertos más mentirosos en estrados judiciales.
Lo que más se debate en juzgados son las consecuencias de agresiones, lesiones corporales, accidentes viales, secuelas, la capacidad de obrar y todo lo que la mente humana es capaz de artificiar para obtener dinero fácil, engañar a sus congéneres o zafarse de cárcel.
Las nuevas competencias para altas/bajas médicas más el seguimiento clínico de incapacidades por enfermedad para mutuas de accidentes y enfermedades profesionales generan ya conflictos de intereses. Hablamos de dictámenes médicos y la compatibilidad de especialistas médicos de la sanidad pública para ejercer en la privada sin dejar de cobrar sabrosos pluses por ‘exclusividad’.
Sucede que un/a paciente, ingresado/a o no en hospital, puede merecer un criterio digamos matinal para reponerse del mal en determinado tiempo por parte del especialista de la sanidad pública o concertada. Por la tarde, ese mismo médico, pero pagado espléndidamente por una mutua, dictaminaría lo contrario. O que crea en milagros sanadores, y repentinos, para aplicar lo que ordenó el Lázaro bíblico: ‘levántate y anda’.
Los juzgados sociales, civiles y penales ya coleccionan expedientes de este desvarío que avala el BOJA (Boletín Oficial de la Junta de Andalucía) y el BOE junto al proceso desintegrador y privatizador de la ya colapsada sanidad pública, la que creíamos ‘de todos’. Pero, atención, los conflictos de intereses entre servidores públicos los resuelven funcionarios. Es decir, todo se queda en casa. ¡Y a callar todas y todos!
Placas, diplomas, asociaciones
En 2012, agentes de la Comisaría-Centro sevillana ‘fliparon’ (permitan el coloquialismo, por favor) cuando registraron, bajo orden judicial, la sede de Invesan-Eurcobros en el Parque Empresarial Torneo. En distintas cajas se repartían emblemas, placas, diplomas y carnets en blanco de distintos colectivos de ‘peritos judiciales’. Estos daban de alta a miembros con meras cuotas de ingreso o, lo más que llegan, vender cursos sin rigor alguno.
El negocio de usurpar estatus de oficialidad, ser supuesta parte de juzgados o fiscalía o creerse policía sin serlo es un negocio real. En el inventario que elaboró la policía había credenciales, diplomas y carnets con el escudo del estado y la bandera española que atribuían ser ‘perito judicial de investigación’, ‘perito forense’, ‘auditor judicial’, ‘Investigador de Fiscalía’ y todas las pericias imaginables: inmobiliarias, tasaciones, auditoras, informáticas, financieras…
Si tecleamos ‘perito judicial’ en ciber-buscadores encontramos numerosos colectivos, legalizados como asociaciones profesionales o sindicales, que no exigen evidencias documentales, académicas o habilidades concretas para causar alta. Para acreditar ser experto. El único requisito es pagar el alta o la matrícula y mensualidades y/o cursos de chiste malo a precio de platino. A cambio envían diplomas, carnets y placas-cartera. Siempre reparten el emblema oficial estatal, la bandera y repiten lo de ‘reino de España’ insinuando una oficialidad más falsa que las promesas electorales.
Los peritos sabios
Otro terreno donde la pericia judicial y real mueve millones es el Arte. Si nos referimos a pleitos sobre obras pictóricas auténticas y falsas hay peritos ‘a la carta’. Casi siempre ostentan estos expertos cargos, y currículums docentes, en Facultades y Academias de Historia o Bellas Artes. Galeristas, marchantes e intermediarios acuden a ellos para viabilizar transacciones.
El libro de quien suscribe El falsificador de Franco (Samarcanda, 2023) destapa, entre otros escándalos, a quien comercializó cientos, quizá miles, de copias y originales de artistas consagrados españoles (Ribera, Greco, Murillo, Zurbarán, Picasso…). Stanley Moss usó de la sabiduría de José Milicua (1921-2013), que fuera reputado catedrático de Historia del Arte en la Universidad de Barcelona y Patrono nato del Museo del Prado.
La parte más noble de los peritajes, tasaciones y valoraciones en el campo artístico tiene mucho recorrido y varios ejemplos. Son minoría los que se mueven en el mundo de la fechoría o el engaño. Varios Murillos y Velázquez han sido retirados de pujas y subastas calentadas por peritajes de expertos dudosos.
En Londres y Nueva York los supuestos copias, bocetos, ricordos y versiones fueron descalificados en redes sociales por expertos sevillanos de la talla de Benito Navarrete (catedrático de Historia del Arte-Universidad Complutense de Madrid) y Pablo Hereza (conservador de museos y máxima autoridad en Murillo).
Otros peritos sabios de verdad están al servicio de Hacienda para evitar que les cuelen relojes de alta gama, joyas de bisutería u obras de arte no originales para liquidar tributos. También, en el Museo del Prado encontramos un plantel de expertos y recursos periciales que evitan que se ‘cuele’ una copia por cualquier original, aunque dicha realidad lleva pocas décadas vigente.
Cómo detectar al perito mentiroso
A diario en las salas judiciales acuden incontables peritos pagados por las partes o nombrados por quienes juzgan. El desalmado negocio del ‘todo vale’ hace de la verdad infinitas interpretaciones, lo empírico se relativice o cambien colores ante nuestros ojos quienes no somos daltónicos.
Basado en la experiencia forense de relatos increíbles, evidencias que no cuadran y datos que no cuelan irrumpen lo peores ejemplos de práctica pericial. Detallamos cómo detectar al supuesto experto.
1. Lenguaje verbal: Sube y baja el volumen de pronunciación y acentos, uso de términos ajenos al asunto, la primera y tercera del singular o plural, muletillas, alargamiento de frases, tardanza en contestar,
2. Microexpresiones faciales: Duran fracciones de segundo y evidencian la falsedad. Se acompañan con gestos de ansiedad, nerviosismo, acritud, ira y satisfacción. A veces tal apariencia implica desafío y lucha por salir airoso/a.
3. Lenguaje corporal (body language): Es un contexto propio que delata la impostura, falsía y faltar a la verdad. Meterse la mano en bolsillos, adelantar una pierna sin flexionarla o subir el mentón con prepotencia son indicios. Responder mientras se mira abajo o encogerse de hombros sobrepasa la sospecha. La sonrisa falsa, sonrojo, tics, sudar, cambiar de postura en el asiento o moverse más allá del micrófono revelan la mentira.
4. Desconexión de las respuestas: La lejanía entre la conducta verbal y la que no lo es llamativo. Más lo es taparse los ojos, o cerrarlos al hablar, mirar hacia otro lado al responder, no mantener contacto visual con quien pregunta o ponerse la mano en la boca tras contestar magnifican las dudas. Negar con la cabeza ante testimonios ajenos y mantener incongruencias suele rayar la mentira.
5. Sequedad de garganta y ojos: La mentira irrumpe ante tales evidencias. El estrés por mentir crea ansiedad. Incomoda al perito más endeble: pide agua para ganar tiempo en sus inventos o se frota los ojos ante carencia de lubricación ocular. El parpadeo también evidencia esa sequedad.
6. ¿La mirada del mal?: Cesar el contacto visual ante preguntas incómodas evidencia más mentiras. Mitiga culpas propias por sentirse vulnerable. Cerrar los ojos más de un segundo antes de responder equivale a mentir, a lanzar cortina de humo con la réplica. Pensar las respuestas es buena herramienta para quien interroga al perito ‘full’. Hay viejo truco de abogados fetén y detectives que analizan fraudes para adverar al perito: Si es diestro y mira arriba a la izquierda dirá la verdad. Si lo hace a la derecha mentirá. Si es zurdo y mira arriba a la derecha dirá la verdad. Si lo hace a la izquierda mentirá. Si mira abajo mentirá, sí o sí.
7. Tocarse la cara: Mentir, y eso es fisiología, origina una reacción química que hace que pique la cara. Si el perito se la toca, con ambas manos, durante el interrogatorio sería indicativo de la mentira más sutil o cutre. Al crecer la ansiedad el sistema nervioso pierde sangre y produce picazón facial. Hay factores extras sustantivos: morderse o lamerse los labios, tocarse la boca, tirarse o tocarse las orejas… Más alertas rojas.
8. Los previos del mentiroso: Si antes concretamos algunos detalles que pueden apreciarse ‘en directo’ del peor perito imaginable, hay evidencias que a priori son relevantes para etiquetarlo: Ajustar o limpiar las gafas, reanudar o colocar corbata (hombres) y ajustarse la falda o ropa (mujeres), echarse el pelo a un lado, mover, sacar o usar el móvil, tocar insistentemente el micrófono. Hablamos de actos no premeditados del subconsciente. Esquivan a la mente para distraerla de la falsedad.
Los peritos mentirosos suelen salir airosos no obstante porque faltan jueces y abogados perspicaces. Lo más grave es su honra, aunque poco les importa a estos personajes tal infamia ya que su único fin es cobrar muchos. Los jueces no suelen ‘deducir testimonio’ ante un caso evidente de falsedad. Suelen endosarse a víctima de las mentiras periciales.
Las penas que contempla la mentira en estrados, tras ratificarse un informe pericial, en asuntos civiles es de multa de 3 a 6 meses y cárcel de 6 meses a 2 años. En los penales la multa es de 6 a 12 meses, y cárcel de 1 a 3 años. Consecuentemente, con la excepción de la repetir conductas por falsedad sentenciadas, pocos peritos falsarios hay privados de libertad y muchos menos pagan las multas. Su insolvencia moral es sabida, la real es constatada. Hay más posibles delitos: organización criminal, cuando el perito integra alguna red delictiva, cohecho si cobra o paga a funcionarios y los que quiera añadir el Ministerio Público si constata más transgresiones periciales que pretendían iluminar a la Justicia menos ciega.
