Los políticos incentivan la impunidad de la corrupción

El incremento de la desigualdad se focaliza en múltiples ocasiones en la mayor brecha existente entre la minoría privilegiada y las clases medias y trabajadoras que se ha registrado desde la crisis de 2008. La creciente acumulación de la riqueza deriva en múltiples ocasiones en la comisión de gravísimos delitos contra la ciudadanía que se da gracias a la participación de los llamados conseguidores, es decir, grandes despachos de abogados o multinacionales de la consultoría que obtienen grandes beneficios del dinero que ocultan de sus importantes clientes.

Por otro lado, está la corrupción que pudre los cimientos de las democracias occidentales, corrupción que sobrevive gracias a la impunidad y a la falta de medidas adoptadas por las clases políticas para que las identidades de los beneficiarios reales de las sociedades sean públicas.

En los países occidentales, sobre todo en los miembros de la OCDE, hay corrupción, mucha corrupción, y de todos los tipos: política, empresarial, económica, financiera y judicial. Hay algunas naciones cuyo sistema se sostiene sobre la corrupción. No se trata de países en desarrollo o del tercer mundo, sino de algunos que forman parte de las naciones más avanzadas del planeta, tanto en América, como en Asia y en Europa.  

Mucha gente se pregunta por la razón por la que no se localizan los fondos procedentes de las tramas corruptas. En primer lugar, porque hay países donde los sistemas judiciales se niegan a dictar comisiones rogatorias a los paraísos fiscales donde ocultan su dinero los corruptos. En segundo término, porque existen tramas societarias muy complejas que se sustentan, en algunos casos, en fondos opacos que, en ocasiones, se fundamentan en estructuras creadas en la antigua Unión Soviética para que los jerarcas ocultaran sus fortunas. En tercer término, porque esas mismas tramas están tejidas de tal forma que es imposible que se conozca quién es el beneficiario real de las mismas.  

Un beneficiario real es la persona física, de carne y hueso, que en última instancia posee, controla o recibe beneficios de una empresa o vehículo legal, incluso cuando la empresa pertenece legalmente, en el papel, a otra persona o entidad. 

En teoría, las empresas deben registrar en los países las identidades de sus propietarios legales (que pueden ser personas reales u otras sociedades), pero no necesariamente sus propietarios reales. En la mayoría de los casos, el propietario legal y el propietario real de una empresa son la misma persona.

Sin embargo, cuando no lo son, los propietarios reales pueden esconderse detrás de los propietarios legales, lo que hace prácticamente imposible saber quién dirige realmente una empresa y quién se beneficia de ella. Esto permite a los beneficiarios reales abusar de sus responsabilidades fiscales, violar las leyes de monopolio, eludir sanciones internacionales, blanquear dinero, pagar a jueces y canalizar dinero anónimo hacia procesos políticos, todo ello mientras permanecen en el anonimato y fuera del alcance de la ley.

La exigencia de que los beneficiarios reales estén registrados al igual que los propietarios legales es un arma contra la corrupción y los tránsitos ilícitos de dinero. Las leyes de registro de beneficiarios reales garantizan que los más ricos y los corruptos tengan el mismo nivel de transparencia y responsabilidad que todos los demás ciudadanos.

Un ejemplo muy gráfico. Mossack Fonseca, el proveedor de servicios offshore en el centro del escándalo de los Papeles de Panamá, no sabía quiénes eran los beneficiarios reales de más del 70% de las 28.500 empresas activas a las que prestaba servicios, a pesar de que Mossak Fonseca era el propietario legal de algunas de esas empresas. 

Para abordar este secreto financiero, la clase política está obligada a legislar para que las empresas y otros vehículos legales, como los fideicomisos, que registren a sus beneficiarios reales, del mismo modo que se les exige que registren a sus propietarios legales. No lo hacen. Incluso, tribunales como el TJUE han dictado sentencias condenando el hecho de que se publiquen esos datos.

Debido a que el propietario legal de una sociedad puede ser otra empresa, que a su vez puede tener otra empresa como propietario legal, una corporación multinacional puede crear una larga cadena de propiedad legal compuesta por varias empresas de su propiedad. 

En la práctica, las corporaciones multinacionales construyen cadenas de propiedad tan complejas en tantos paraísos fiscales que resulta imposible trazar una línea recta desde la base de la cadena hasta la cima, y ​​eso hace imposible rastrear y gravar de manera justa las ganancias. También hace que sea casi imposible asegurarse de que no se infrinja ninguna ley en el camino. Sin embargo, los beneficiarios reales permiten encontrar el hilo conductor de estas intrincadas cadenas de propiedad.

Sin embargo, cuando se habla de tramas corruptas, las cadenas de sociedades asociadas a fondos opacos o a sociedades sin actividad desde hace más de 40 años, pero que mantienen sus cuentas bancarias activas, hacen muy complicado descubrir el rastro del dinero.

Un beneficiario efectivo tiene que ser una persona real, de carne y hueso, lo que significa que una empresa no puede incluir a otra empresa como su beneficiario efectivo. La empresa tiene que identificar a la persona real en la cima de la cadena que la posee, la controla o se beneficia de ella, incluso si lo hace a través de 20 capas de empresas fantasma. 

Hay dos formas principales en que los países pueden fortalecer drásticamente sus leyes sobre beneficiarios reales: reducir los umbrales y registrar fideicomisos. Al no hacerlo, están alimentando la corrupción y la impunidad de los criminales.

Actualmente, la mayoría de los países de la OCDE sólo exigen que una persona se registre como beneficiario efectivo si posee o controla el 25 por ciento o más de una empresa. El problema con este umbral es que una empresa puede ser propiedad de cinco personas y no tener beneficiarios reales. 

Por ejemplo, un beneficiario real puede reasignar las acciones de su empresa a su cónyuge y sus tres hijos, lo que permite que el propietario original continúe ejerciendo el control total de la empresa y se beneficie de ella, mientras que los cinco accionistas de la empresa evitan ser registrados como beneficiarios finales. Para ejercer eficazmente el registro de beneficiarios reales, los gobiernos deben reducir el umbral de poseer el 25 por ciento de las acciones a poseer al menos una acción de una empresa. Algo tan sencillo, ningún político se atreve a hacerlo. Como decía Freda Lorente, «¿por qué seráaaa…?».

Los fideicomisos se utilizan con mayor frecuencia para facilitar la transferencia de la riqueza de un individuo en circunstancias en las que ya no puede hacerlo por sí mismo, generalmente después de su muerte. Un padre puede almacenar su patrimonio en un fideicomiso que paga asignaciones mensuales a su hijo hasta que el niño tenga la edad suficiente para tomar posesión de todo el dinero y los activos del fideicomiso que sus padres le dejaron. Un empresario rico podría dejar su fortuna a un fideicomiso dedicado a financiar causas benéficas. Sin embargo, a medida que los gobiernos toman cada vez más medidas drásticas contra las vías que utilizan los abusadores de impuestos para ocultar su riqueza, los fideicomisos se están utilizando cada vez más como arma para cometer delitos financieros.

Los fideicomisos permiten suspender temporalmente la propiedad de riquezas y activos. El patrimonio en poder de un fideicomiso ya no pertenece a su propietario original (el fideicomitente), ni a la persona que recibe beneficios ahora o en el futuro del fideicomiso (el beneficiario), ni a la persona encargada de administrar el patrimonio en nombre del fideicomiso. fideicomitente (el fiduciario) hasta que el beneficiario asuma el control total de la riqueza en poder del fideicomiso. Los abusadores de impuestos están utilizando este estatus de propiedad suspendida que ofrecen los fideicomisos para ocultar su propiedad de enormes fortunas y activos de gran valor como mansiones y empresas, mientras en la práctica continúan beneficiándose y ejerciendo un control total sobre su dinero, sus mansiones y sus empresas.

En un mundo asolado por la desigualdad, los políticos deben exigir que los fideicomisos registren a sus beneficiarios reales tal como lo hacen las empresas. No lo hacen, y volvemos a Freda Lorente.