Hoy se inicia el año 2023 y nada hace esperar que se produzca un cambio en las políticas de los países que permiten que las grandes fortunas, las multinacionales y las grandes corporaciones evadan o eludan el pago de impuestos en una cantidad que restringe los ingresos de los estados y, en consecuencia, impide el desarrollo de políticas públicas.
En 2022, sin embargo, se lograron algunos avances en la lucha contra el abuso fiscal de los poderosos. Después de que varios grupos y organizaciones que luchan contra la evasión fiscal generaran acciones a través de una variedad de procesos de la ONU y otros, incluido el informe del Panel FACTI de alto nivel en 2021, el liderazgo fundamental provino de la declaración de mayo de 2022 de los ministros de finanzas africanos en la cumbre de la Comisión Económica para África.
Esto apoyó la conducción por parte de Nigeria de una resolución del Grupo Africano a través de la Asamblea General, con el resultado de que el Secretario General recibió el mandato de producir un informe sobre las opciones y se dio luz verde a las discusiones intergubernamentales que comenzarán a desarrollarse en este año recién iniciado. Además, la 78ª Asamblea General debatirá el tema y considerará el inicio formal de las negociaciones.
El abuso fiscal internacional de las grandes fortunas, las multinacionales y las grandes corporaciones nacionales le cuesta al mundo, según diferentes estimaciones de organismos internacionales, más de medio billón de euros en ingresos perdidos cada año.
Aunque los países de la OCDE pierden la mayor parte de esa suma, son los países en desarrollo y pobres los que pierden la mayor parte de sus ingresos fiscales, y para quienes eso se traduce más directamente en la pérdida de servicios públicos de los que la gente depende de manera crucial.
Sin embargo, la OCDE no ha logrado implementar reformas fiscales que sean efectivas incluso para sus miembros y no permitió una representación significativa para los no miembros. Además, la OCDE también ha fallado en su administración de un bien público global clave, en forma de datos que son críticos para que los países comprendan y combatan el abuso fiscal.
No sorprende, en este contexto, que la resolución del Grupo Africano fuera adoptada por consenso unánime. Algunos miembros de la OCDE han señalado que es posible que todavía obstruyan las discusiones por venir, pero todos, incluidos sus propios ciudadanos, saben muy bien que la respuesta se encuentra en un proceso genuinamente global, bajo los auspicios de la ONU.