Mónica García llega con un plan bajo el brazo: salvar la agonizante Sanidad pública española

Mónica García, el azote de Ayuso en la Comunidad de Madrid, será la nueva ministra de Sanidad. Licenciada en Medicina, activista en defensa del derecho a una asistencia sanitaria gratuita y universal, en los últimos años se ha destacado como la política más eficaz y combativa contra el ayusismo ultraconservador. Pocos dirigentes se han mostrado tan valientes a la hora de recordar, una y otra vez, la incompetencia del Gobierno regional del PP durante la pandemia: 7.291 ancianos fallecidos en residencias de mayores y ni una sola condena. Ahora, Pedro Sánchez le da la alternativa y la incluye en el nuevo Consejo de Ministros para que pueda aplicar todo el programa por el que lleva peleando media vida. Sin duda, García puede ser la gran revelación del Ejecutivo de Coalición 2.

Son muchos los problemas que lastran la maltrecha Seguridad Social. Nuestra Sanidad pública ya no es la mejor del mundo, si es que alguna vez lo fue. Ese mantra que algunos habían propagado hasta la saciedad en los últimos tiempos no se corresponde con la realidad. La plaga de covid 19 puso en evidencia las graves carencias del sistema. Faltó de todo, médicos, enfermeras, mascarillas, trajes de protección especial, camas, respiradores de oxígeno. Nunca olvidaremos aquellos días negros en los que morían cientos de personas en nuestros hospitales mientras los españoles confinados en sus casas salían a los balcones a aplaudir el valor de sus sanitarios. Poco duró aquella muestra de solidaridad nacional inédita en este país siempre fracturado en dos Españas, exactamente el tiempo que la extrema derecha tardó en intoxicar a la opinión pública con sus bulos conspiranoicos sobre el origen del virus y movilizar a sus cayetanos con cacerolas para tratar de derrocar a Sánchez.

Hoy, cuatro años después de aquello, las alarmas siguen sonando y parpadeando en rojo chillón en la Sanidad pública española. Uno, que por desgracia tuvo la necesidad recurrir a las urgencias de un conocido hospital público valenciano el pasado fin de semana, pudo constatar en primera persona la gravedad de la situación. Salas de espera atestadas de pacientes, ancianos en sillas de ruedas sin comer ni beber durante horas, gente tirada por los pasillos y cuartos de baños comidos por la suciedad y la basura. Desolador. Una pesadilla surrealista propia de un estado fallido. Aquello parecía un hospital abandonado de Gaza más que la clínica de un país europeo moderno y avanzado. Ya sabemos que en Valencia gobiernan los privatizadores, señoritos y toreros adinerados de la coalición PP/Vox que cuando pierden la salud recurren al médico de pago y no invierten un solo euro en la pública. Pero dejar que se hunda la Sanidad estatal de esa manera estrepitosa y descarnada, condenando a cientos de pacientes a una asistencia tercermundista, debería ser un delito penado en el Código Penal.  

No sabemos si Pedro Sánchez está al corriente de este tema. A veces las noticias de provincias no llegan o llegan deformadas a Madrid. El síndrome de la Moncloa, lo llaman. Un aislamiento que lleva al político que lo padece a desconectar de la realidad y a vivir en una burbuja. Sea como fuere, es evidente que las inversiones de las que habló el presidente del Gobierno en su día no han servido para reflotar el sistema, bien porque han sido claramente insuficientes (la partida de 580 millones de euros en Atención Primaria que anunció a comienzos de este año no da ni para empezar), bien porque las comunidades autónomas gobernadas por el PP han desviado los fondos estatales y de Bruselas a otros cometidos para los que no estaban destinados. Es cierto que la primera legislatura progresista se cierra con una inversión en la Sanidad pública del 7,37 por ciento del PIB, lo que supone 487 euros más por persona de lo que gastaba el PP en 2017 tras los recortes brutales de Mariano Rajoy. Pero no es suficiente. Llevamos años de abandono y es preciso inyectar más en la red asistencial. Mucho más.

Ya nos da igual cual sea la razón de la desinversión y no nos vale como excusa que los respectivos bifachitos regionales estén boicoteando el plan del Gobierno de coalición. Un Estado fuerte, por muy descentralizado que esté, dispone de mecanismos políticos y legales para hacer llegar el dinero allá donde hace falta. Así que, sea por hache o por be, el Gobierno de coalición no ha cumplido con lo acordado en un claro y flagrante incumplimiento electoral. Las protestas y manifestaciones de los profesionales, las denuncias sindicales que hablan de una plantilla agotada, desmoralizada y mal pagada y el malestar de los ciudadanos son indicios más que suficientes de que poco o nada se ha hecho para reforzar el sistema estatal de salud. Le guste o no a Sánchez, la Sanidad pública ha sido la hermana pobre de la legislatura a la que, por lo visto, nunca terminan de llegar los prometidos fondos Next Generation. Y mientras tanto el sistema se deteriora por momentos y pronto vamos a ver pacientes muriendo por falta de asistencia.

Las inversiones tendrían que regar de forma urgente a nuestros hospitales y centros de salud antes que a ningún otro departamento ministerial, pero lamentablemente no ha sido así. Seguimos teniendo una deuda pendiente con los profesionales que dieron sus vidas por salvar las nuestras (muchos de ellos continúan de baja por depresión a causa del esfuerzo inhumano que tuvieron que soportar en la primera línea de combate contra el virus). Ha habido tiempo más que suficiente para haber mejorado sensiblemente sus salarios y condiciones laborales, para traer de vuelta a casa a los médicos y enfermeras que tuvieron que marcharse al extranjero en busca de un futuro que aquí no tenían, para dotar de más personal a los centros sanitarios.

La pasada semana, en su discurso de investidura, Sánchez anunció un ambicioso plan para mejorar nuestra Sanidad que incluye reducir las listas de espera, potenciar el área de salud mental, dentista y oftalmólogo para nuestros niños. Por algo se empieza. Pero más allá de la buena voluntad del premier, mucho nos tememos que va a tener que ser una mujer como Mónica García la que, como experta en la materia, nos se conforme con las migajas. Ella sabe que diez mil millones, ocho mil médicos y quince mil enfermeras más no son suficientes para salvar la Atención Primaria en España, tal como propone algún libro blanco. Por eso va a dar la batalla por un plan integral que nos vuelva a colocar a la vanguardia europea en salud. Por eso promete ser la mosca cojonera del Consejo de Ministros esta legislatura. En sus manos está la vida de todos. No nos falles, Mónica.