El exministro José Luis Ábalos está cada vez más cerca de ser imputado por el caso Koldo de compraventa de mascarillas en lo peor de la pandemia, en el que se investigan adjudicaciones de contratos por valor de 54 millones de euros. Según informa La Sexta, el exministro de Transportes “cada vez está más acorralado ante una posible imputación que, eso sí, no depende exclusivamente de la Fiscalía Anticorrupción dada su posición de diputado y, por ende, aforado. El organismo realizará la petición, pero la tendrá que ejecutar el Tribunal Supremo, quien tiene la potestad para poder hacerlo”.
Ábalos ha afirmado sobre la auditoría de su antiguo ministerio contra él que “no hay precedentes” de algo así en ningún Gobierno anterior y que ni siquiera le han dado la oportunidad de defenderse. De esta manera, ha abierto la guerra sin cuartel contra el PSOE.
En declaraciones al diario El Mundo, Ábalos sostiene que la auditoría encargada por su sucesor Óscar Puente es “una investigación paralela y subjetiva que no tiene sentido ni precedentes en España contra alguien de un mismo partido político”.
La auditoría encargada por Transportes para analizar los dos contratos de compra de mascarillas adjudicados a la empresa Sociedad de Gestión destaca que se amplió la cantidad de mascarillas de 4 a 8 millones de unidades en 38 minutos cuando ya se había firmado la primera orden ministerial del 20 de marzo de 2020. Tras la investigación interna, Puente ha cesado a su subsecretario, Jesús Gómez, y al jefe de personal de Adif, Michaux Miranda.
Ante esta auditoría Ábalos ha llegado a la conclusión de que no puede permanecer callado y va replantearse su postura respecto al PSOE tras meses de “mucha caballerosidad”. “Me parece tremendo todo: tanto lo inoportuno como lo subjetivo del informe. ¿Se han dado cuenta ahora los funcionarios que firman el informe? ¿No se enteraron, no hicieron nada los que firman el informe? La autora era la directora de gabinete del subsecretario, era una funcionaria que ejercía tareas administrativas. Ella es parte y no está legitimada para hacer ese informe”, afirma sobre la subdirectora general de Inspección de los Servicios y Atención a la Ciudadanía.
En cuanto a que él cambiara al alza las mascarillas en 38 minutos, sostiene: “Los funcionarios me pasan órdenes para firmar y yo firmo. A día de hoy me dicen que la oferta tiene que ser para ese tiempo y me da igual 4 que 8, que 12. Lo que quiero es que ese material llegue”. El exsecretario de Organización del PSOE subraya que “puede defenderse perfectamente de todo” lo que le atribuye la auditoría de Transportes y se lamenta que al final “va a ser responsable ahora de lo que hace cada funcionario”.
“Se me escapa la motivación por la que el Ministerio ha hecho esto, el propósito. No es para colaborar con la Justicia porque se trata de una investigación paralela. Tampoco es para aclarar el tema porque no es su función”. Ábalos ha expresado sus dudas sobre si realmente ha existido una decisión gubernamental encaminada a perjudicarle o simplemente todo responde a una maniobra de algunos altos cargos para intentar esquivar su responsabilidad en los procedimientos administrativos investigados.
En cualquier caso, denuncia que ni tan siquiera se le ha dado la oportunidad de alegar y de exponer su versión sobre los hechos. “No hay precedentes de que un Gobierno del mismo signo político haga algo así. Ni siquiera lo hice yo con el PP y lo podía haber hecho con el tema del Alvia. Me provoca incomprensión. Lo que tenga que venir, vendrá. En el PSOE ya tomaron las medidas que tuvieron que tomar”, sostiene. “Esa investigación sólo la puede pedir un juez, no un ministro. No se están respetando derechos fundamentales. Ni tan siquiera han acotado la investigación”.