Es normal que el juez del caso Koldo, Ismael Moreno, quiera llamar a declarar como testigo al ministro Oscar Puente y más cuando su equipo tiene una auditoría que revela irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia cuando era titular su antecesor, José Luis Ábalos. Normal. Lo que ya no es tan normal es que la noticia haya coincidido con la presentación por parte de la fiscalía de Madrid de una denuncia promovida por Ábalos por “revelación de secretos”. El todavía diputado, expulsado del PSOE y que se ha convertido en un quebradero de cabeza para el gobierno, dice que “desde el ministerio de Justicia” filtraron datos privados procedentes de la investigación judicial que se lleva a cabo. El abogado que le representa señala que desde que se comenzó a investigar en la Audiencia Nacional la presunta trama de comisiones ilegales en la compra de mascarillas son notorias las continuas filtraciones del contenido de las diligencias practicadas por el juez a la prensa. La estrategia que pretende llevar a cabo José Luis Ábalos es similar a la del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, quien reaccionó a la presentación de una querella contra él por delito contra la hacienda pública denunciando en el juzgado las filtraciones de su contenido por parte de la fiscalía.
Lo que puede decir el ministro Puente ante el juez no es otra cosa que el contenido de la auditoría interna que encargó en la que se revelan numerosas irregularidades en la compra de mascarillas efectuadas por el propio ministerio y sus organismos públicos poco después de declararse el estado de alarma durante la pandemia. Según los documentos aportados, el ministerio duplicó la primera compra de mascarillas en apenas 38 minutos. El departamento de Ábalos envió en ese intervalo una orden que modificaba un primer pedido de casi 4 millones de mascarillas a 8 millones. Al final, el departamento acabó pagando 20 millones por esa compra. “Con fecha 20 de marzo de 2020, a las 19:55h, desde el buzón del gabinete del ministro se remite al subsecretario una orden firmada por el ministro por la que se regula la adquisición y distribución de un máximo de 4 millones de mascarillas por parte del ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Sin embargo, el mismo día 20 de marzo, a las 20.33, desde el mismo buzón se le remite una nueva orden firmada por el ministro que anula la anterior, y en la que se regula la adquisición y distribución de un máximo de 8 millones de mascarillas por parte del ministerio”, señala el informe donde se destaca que se le preguntó al subsecretario Jesús Manuel Gómez el porqué de este cambio y contestó que eran exigencias del vendedor: “o se compraban 8 millones o nada”.
Que José Luis Ábalos conocía la irregularidad se evidencia desde el momento en que firma de su puño y letra las ordenes, tanto la primera como la modificación. Por eso, en estos momentos, el juez Moreno estudia la posibilidad de imputarle. El problema es que está aforado al ser diputado y de la causa se tendría que hacer cargo el Supremo. Por eso todavía no se ha tomado una decisión. De momento, el titular número 2 de la Audiencia Nacional ha pedido a las autoridades el informe completo de auditoría y ha preguntado al fiscal si procede llamar a declarar al actual titular de la cartera, Oscar Puente. Nada que objetar. Cuando tomó posesión de su cargo ya avisó de la apertura de esta investigación.
José Luis Ábalos considera que las informaciones aparecidas en la prensa sobre sus correos electrónicos son "ajenos al fin" del procedimiento y que "únicamente incorporan posicionamientos interesados de cada publicación" y están haciendo un "daño enorme" a su reputación tanto personal como profesional. Y se considera una “victima de una investigación no controlada”.
Es una forma de defenderse como otra cualquiera. El juzgado que se ha hecho cargo de la querella presentada por el fiscal es el número 33 de Madrid. Y hay que esperar que no ocurra lo que en el 41, que de una denuncia inconsistente se ha montado todo un circo mediático jurídico cuyo desenlace se desconoce pero que ha supuesto un daño reputacional a la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez. Como está ocurriendo con la denuncia de González Amador que ha acabado en el Supremo por estar imputado el fiscal general del Estado. La gestión de Álvaro García Ortiz se encuentra prácticamente paralizada a pesar de que Moncloa le ha ratificado en su puesto.
Es la nueva forma de contraatacar ante la posibilidad de acabar viéndose sentado en el banquillo de los acusados. Ábalos copia la estrategia judicial de González Amador diseñada por el gran estratega de la derecha, Miguel Ángel Rodríguez. Y, de paso, anuncia que empezará a votar en contra de las propuestas del que fue su partido en el Congreso utilizando un escaño que no le pertenece y al que prometió renunciar si, al final como todo parece indicar, acaba por ser imputado.
José Luis Ábalos es muy libre de defenderse ante la sociedad y los tribunales de justicia como a él le convenga. Pero lo que es curioso es que haga coincidir todas las acciones que lleva a cabo con la auditoría que demuestra que él conocía lo que estaba haciendo su asistente, Koldo García Izaguirre. Su número dos, el subsecretario, Jesús Manuel Gómez, ya está imputado en la causa. Y todos los altos cargos que designó han pasado por la Audiencia Nacional. Por cierto, Gómez sigue sin renunciar a la representación del abogado del Estado a pesar de que la oposición parlamentaria ha pedido al gobierno que la anule.
Lo malo de esta situación es que otros encausados pueden seguir el ejemplo de González Amador y Ábalos y presentar denuncias ante los juzgados por revelación de secretos. Las filtraciones a la prensa de las diligencias jurídicas son habituales. Y las fuentes son múltiples: desde los propios fiscales hasta los abogados de las partes. Sólo hay un límite: que el juez haya decretado el secreto de las actuaciones. Pero si no es el caso, las informaciones y las interpretaciones de cada medio, según su orientación política, son lícitas. No suponen revelación de secreto alguno. Lo que pasa es que las defensas de los imputados y sospechosos han encontrado un filón cuyas consecuencias son imprevisibles. Y habrá que ver si este tipo de denuncias no vulneran el derecho constitucional a la libertad de expresión.