El exministro de Transportes José Luis Ábalos ha presentado una querella en los juzgados de Madrid contra la actual directora general de Organización e Inspección del Ministerio de Transportes, Belén Villar, y contra la perito que elaboró la auditoría encargada por el actual titular, Óscar Puente, sobre los contratos de adquisición de mascarillas en 2020, objeto de investigación en el llamado ‘caso Koldo’. En su escrito, el exministro habla de falsedad documental y falso testimonio de perito.
Ábalos cuestiona la auditoría y sus efectos
La querella señala que el informe, fechado el 19 de agosto de 2024, tuvo “una trascendencia efectiva” en la exposición razonada que el juez instructor de la Audiencia Nacional envió al Tribunal Supremo para solicitar su investigación. Según sostiene el exministro, “no fue causal”: la auditoría habría tenido como objetivo “dirigir de forma deliberada la responsabilidad” hacia su persona.
Ábalos califica el documento de “deficiente, sesgado e incompleto” y asegura que fue elaborado “cuatro años después con la intención de encapsular la responsabilidad exclusivamente” en él, en un momento clave de la causa judicial.
Acusación de influencia y errores en el procedimiento
El escrito incide en que, a su juicio, la auditoría se elaboró al margen de la práctica administrativa habitual. Alega que, una vez iniciado el proceso judicial, cualquier actuación administrativa debería haberse paralizado. Por ello, interpreta la decisión de encargar el informe como “un evidente ánimo de influir” en la investigación.
Ábalos denuncia también la celeridad con la que se presentó el informe y su difusión pública inmediata, algo que, en su opinión, confirma su finalidad de trasladar una imagen concreta ante la opinión pública.
“Inexactitudes” y omisiones señaladas en la querella
Entre las irregularidades que cita el exministro se encuentran:
“La omisión deliberada” de datos elaborados por funcionarios que, según explica, justificaban la compra de material sanitario en función de la previsión temporal de la pandemia.
Contradicciones entre lo recogido en el informe y lo declarado posteriormente en sede judicial por altos cargos de Transportes y de Correos.
La supuesta manipulación de testimonios: “Se pone en boca de los entrevistados lo que no han dicho y se omite lo que sí dijeron”, asegura la querella.
Para Ábalos, estas divergencias no pueden explicarse como diferencias interpretativas, sino como indicios de un informe “orientado a inducir a error”.
Cuatro años después de los hechos
El documento insiste en que el informe cuestiona la legitimidad de decisiones políticas tomadas en 2020, en lugar de limitarse a evaluar errores administrativos. Además, subraya que fue redactado cuatro años después y en contradicción con las conclusiones previas del Tribunal de Cuentas.
El exministro concluye que esta actuación solo se explica por “un criterio de oportunidad en un escenario político comprometido por el estallido del ‘caso Koldo’”.
La querella abre ahora una nueva vía judicial paralela al proceso en la Audiencia Nacional, en el que la instrucción sigue centrada en los contratos de material sanitario y en la supuesta trama de comisiones vinculada al exasesor Koldo García.