La Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) está dejando sin defensa operativa a gran parte del litoral español. La denuncia parte de UGT, que acusa a la Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA) de una gestión “temeraria, negligente y opaca” que pone en riesgo tanto la salud de los trabajadores como la eficacia del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) en la lucha contra el narcotráfico.
Amianto a bordo y silencio oficial
Durante años, la AEAT ocultó la presencia de amianto en las embarcaciones del SVA. La situación ha estallado tras confirmarse la existencia de crisotilo (amianto blanco) en el buque Alcaraván I, con base en Santander. Las denuncias previas de UGT fueron ignoradas hasta que la evidencia se hizo innegable. Ahora se ha ordenado la paralización de la flota del norte, ya que otras embarcaciones del mismo modelo (con base en Bilbao, Gijón, Ribadeo y Muros) podrían estar igualmente afectadas.
Lejos de activar los protocolos de vigilancia de la salud exigidos por la normativa para entornos con amianto, la AEAT ha optado por esperar las mediciones de fibras en el aire, lo que vulnera la legislación vigente y pone en riesgo a trabajadores y contratistas externos.
Más allá del escándalo del amianto, la situación general de la flota es dramática. Según denuncia UGT, varios buques sufren averías graves y falta de mantenimiento. El caso más llamativo es el del Cóndor, construido por el astillero Rodman Polyships, que costó más de 8 millones de euros y hoy presenta grietas estructurales que comprometen su navegabilidad. La DAVA habría intentado tapar el problema con informes ambiguos y sin base técnica.
Otro capítulo del desastre son las ocho patrulleras rápidas modelo AUDAZ, también construidas por Rodman Polyships, con un coste total de más de 14 millones de euros. Solo dos han sido entregadas, ambas con fallos técnicos en los motores hidrojets y problemas de diseño que ahora obligan a modificar su estructura. El resultado: 17 meses de retraso y ninguna operativa.
Aviones malvendidos como chatarra
La enajenación de la flota aérea del Servicio de Vigilancia Aduanera (SVA) constituye un ejemplo paradigmático de gestión pública descuidada y desprovista de toda lógica económica y operativa. El desmantelamiento de cuatro aeronaves —equipadas con tecnología de alto valor como telefonía satelital, AIS y sistemas optrónicos valorados en millones de euros— se realizó a precios de saldo, con licitaciones que llegaron a situarse por debajo incluso del coste de un solo contrato de mantenimiento de motores aún vigente.
Es escandaloso que, tras inversiones acumuladas de más de siete millones de euros en mejoras tecnológicas e infraestructuras operativas, la AEAT liquidase el conjunto por importes ridículos que ni siquiera cubren el coste de los repuestos instalados. Una venta acelerada y opaca a la empresa Emiratos Khalifa Capital, con indicios de desidia institucional y una alarmante falta de planificación estratégica, que no solo vacía de capacidades al SVA en la lucha contra el narcotráfico y el contrabando, sino que implica una pérdida patrimonial directa para las arcas públicas. Este episodio, lejos de ser anecdótico, retrata una Administración que abdica de su deber de diligencia y eficiencia en la gestión de bienes públicos estratégicos.
UGT exige responsabilidades
Desde el sindicato exigen una investigación urgente sobre la gestión del DAVA, la paralización del acceso a las embarcaciones afectadas por amianto, la activación de los protocolos de vigilancia de la salud y la asunción de responsabilidades técnicas y directivas.
La DAVA actúa como si el "Servicio de Vigilancia Aduanera fuera su cortijo", denuncian desde el sindicato: no asume responsabilidades, oculta información vital sobre riesgos laborales, ignora protocolos oficiales de salud laboral y deja sin defensa a los hombres y mujeres que tripulan una flota enferma y abandonada. Esta situación no es fruto de la mala suerte, sino de decisiones conscientes, omisiones interesadas y negligencias estructurales, señalan.
Desde UGT exigen:
Una investigación urgente sobre las actuaciones de la DAVA en materia de PRL y gestión operativa.
La asunción inmediata de responsabilidades técnicas y directivas.
La paralización total del acceso a las embarcaciones sospechosas de contener amianto hasta que se disponga de informes firmados por técnicos competentes que garanticen la seguridad y salud del personal de la AEAT.
Y la activación de protocolos específicos de vigilancia de la salud para todo el personal potencialmente expuesto al amianto, propio y externo, conforme al RD 396/2006.
Mientras tanto, denuncian, las narcolanchas operan sin oposición real, la flota del SVA se descompone y sus trabajadores siguen expuestos a materiales cancerígenos en un entorno de abandono institucional.