Álvaro García Ortiz: “Tengo información de sobra para hacer daño, pero jamás la usaré”

El Fiscal General del Estado defiende su actuación ante la investigación del Supremo, asegurando que no filtró información y denunciando las filtraciones como un “cáncer” para la justicia

17 de Octubre de 2024
Actualizado a las 9:25h
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El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz

En una entrevista emitida en el Canal 24 horas de TVE, Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado, ha respondido con firmeza a las críticas y rumores que lo señalan como responsable de la filtración de un correo electrónico que ha desatado una tormenta política. El Tribunal Supremo ha abierto una causa en su contra por revelación de secretos, un hecho inédito en la historia de la democracia española. En este contexto, García Ortiz ha defendido su postura, señalando que las filtraciones son un problema endémico que afecta al funcionamiento normal de la justicia en España. Y ha avisado: "Los fiscales manejamos muchísima información. Le aseguro que si yo quisiera hacer daño a un determinado espectro político, tengo información de sobra, que por supuesto no voy a usar jamás"

La defensa del Fiscal General

Ante las preguntas sobre si consideraría dimitir si el presidente del Gobierno se lo pidiera, García Ortiz evitó responder de manera directa. “No me gustaría hacer política ficción ni jurídico-ficción”, declaró, recalcando que su permanencia en el cargo responde a la necesidad de mantener la integridad de las instituciones. En sus palabras, “la responsabilidad del fiscal general del Estado es mantenerse neutral”, haciendo alusión a la necesidad de que las instituciones estén por encima de las disputas políticas y de las presiones mediáticas.

El fiscal insistió en que las críticas recibidas en torno a su nombramiento y a su relación con el Gobierno, que lo designó, no deben ensuciar su labor. “La legitimidad del fiscal general del Estado se puede criticar, pero eso no debe contaminarse como si fuera una mácula de inicio”, afirmó, defendiendo la imparcialidad de su actuación en un momento en el que su cargo está bajo la lupa de la opinión pública y de las asociaciones de fiscales, algunas de las cuales han solicitado su dimisión.

Las filtraciones: un problema estructural

García Ortiz se mostró especialmente crítico con las filtraciones en el ámbito judicial, a las que calificó de “cáncer” que impide que los procesos se desarrollen con normalidad. En su intervención, preguntó a los periodistas presentes si alguna vez se ha abierto una investigación por las filtraciones que ellos mismos han recibido a lo largo de su carrera. Este ataque frontal a los medios refleja la frustración del fiscal con la exposición pública a la que se ha visto sometido y su convicción de que estas filtraciones son manipuladas para influir en la percepción pública de su gestión.

El caso de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso, es uno de los más polémicos que ha gestionado la Fiscalía en los últimos meses. Las insinuaciones sobre la implicación de García Ortiz en la filtración de un correo relacionado con el procedimiento de fraude fiscal contra González Amador han servido como munición para sus detractores. Sin embargo, el fiscal ha reiterado su postura: “Yo sé lo que hice; por lo tanto, tengo muy claro que el resultado de la investigación solo puede ser uno”.

Críticas y presiones políticas

El fiscal no ha ocultado su malestar por las acusaciones recibidas, especialmente tras conocerse que la Sala Penal del Tribunal Supremo había decidido por unanimidad investigar su papel en el caso. A pesar de que considera que su actuación ha sido correcta, García Ortiz lamenta que, desde el principio, haya sido objeto de portadas en medios que, según él, “no respetaron ni los 50 ni los 100 días” que suelen otorgarse para evaluar la gestión de un cargo público.

Las palabras de García Ortiz evidencian su percepción de que existe una campaña en su contra, organizada por sectores interesados en desacreditarlo. Durante la entrevista, se mostró desafiante ante estas presiones, afirmando que su deber es mantenerse en el cargo para “defender la integridad de las instituciones” y asegurando que las insinuaciones en su contra son infundadas.

La independencia de la Fiscalía en entredicho

La decisión del Tribunal Supremo de investigar al Fiscal General del Estado ha generado un debate sobre la independencia de la Fiscalía y la influencia del Gobierno en este órgano. García Ortiz, consciente de las críticas que rodean su nombramiento, explicó que es “muy sencillo que el fiscal general sea objeto de ataques de distintos sectores” debido a la naturaleza de su cargo y a la información sensible que maneja.

“Si yo quisiera hacer daño a un determinado espectro político, tengo información de sobra, que por supuesto no voy a utilizar jamás”, declaró, en un intento por reafirmar su neutralidad y su compromiso con el sistema judicial español. Sin embargo, estas afirmaciones no han sido suficientes para calmar las voces que piden su salida, especialmente desde la oposición. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha sido clara en sus declaraciones: “No puede seguir ni un minuto más en el cargo”.

Un futuro incierto

Con la investigación en curso y las presiones en aumento, García Ortiz se enfrenta a un futuro incierto. En la entrevista, explicó que no ha considerado dimitir, ya que cree que “irse o dimitir no tiene vuelta atrás”. Según él, la Fiscalía General del Estado debe ser “una institución fuerte que resista los embates de cualquier ataque que pueda recibir”. Además, afirmó que solo un “tsunami” debería derribar a un fiscal general del Estado, sugiriendo que su situación actual no justifica una renuncia.

No obstante, reconoció la gravedad del momento, lo que lo llevó a convocar la Junta de Fiscales de Sala para explicar las circunstancias de la investigación y escuchar sus opiniones, a pesar de que algunas puedan ser “discrepantes y duras”. En sus palabras, el objetivo de esta convocatoria es “hacerlos partícipes de la decisión ya tomada” y garantizar que el proceso se gestione de manera transparente.

El caso de Álvaro García Ortiz es un reflejo de las tensiones que atraviesan las instituciones judiciales en España. La apertura de una causa en su contra por parte del Tribunal Supremo ha puesto en duda la imparcialidad y la legitimidad de su cargo, algo que la oposición ha utilizado como arma política. Mientras tanto, García Ortiz defiende su permanencia como una necesidad para proteger la integridad de las instituciones, aunque las críticas y presiones sigan acumulándose.

El tiempo dirá si su apuesta por resistir en el cargo se mantiene firme o si finalmente cede ante las crecientes demandas de dimisión. Por ahora, García Ortiz se aferra a su versión de los hechos, confiando en que la investigación del Supremo demostrará su inocencia.

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