La caída de la careta de Luis 'Alvise' Pérez podría estar más cerca de lo que imaginaba. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido que se le investigue formalmente por financiación ilegal de su partido político y por delito electoral. En el centro del escándalo, una cifra difícil de ignorar: 100.000 euros en efectivo que habría recibido de Álvaro Romillo, empresario conocido como 'Cryptospain', sin control fiscal alguno y con el objetivo de financiar su campaña a las elecciones europeas de 2024, donde obtuvo tres escaños y más de 800.000 votos con su plataforma Se Acabó La Fiesta (SALF).
Dinero en sobres y monederos virtuales
La Fiscalía respalda al juez José Luis Calama, de la Audiencia Nacional, quien elevó la causa al Supremo por la condición de aforado de Alvise como eurodiputado. El juez considera que los delitos de Romillo y del político son “la cara y la cruz de una misma moneda”. Ambos habrían colaborado para ocultar el origen y destino de los fondos utilizados en la campaña electoral. Romillo no solo creó tres ‘wallets’ —monederos virtuales— para recibir donaciones anónimas en criptomonedas, sino que también habría entregado directamente 100.000 euros en billetes a Alvise.
Ese dinero, según la Fiscalía, nunca fue declarado ni ante Hacienda ni ante el Tribunal de Cuentas. Lo grave no es solo la opacidad, sino la intencionalidad: se buscó deliberadamente burlar los controles legales de financiación política. El Ministerio Público considera “imprescindible” investigar a fondo no solo los flujos de dinero, sino también la contabilidad del partido, sus pagos, ingresos, cuentas corrientes y todos los libros económicos de SALF.
La conexión con el ‘chiringuito financiero’
El empresario Romillo no es un desconocido para la justicia. Está siendo investigado en la Audiencia Nacional por una presunta estafa piramidal a través de Madeira Invest Club, una supuesta plataforma de inversión que fue calificada por la CNMV como “chiringuito financiero”. En abril de 2024, ante 3.000 personas reunidas en el Hipódromo de la Zarzuela, Alvise no dudó en promocionar ese esquema financiero ante el público, al tiempo que anunciaba su candidatura al Parlamento Europeo.
Según consta en la exposición enviada al Supremo, Romillo entregó los 100.000 euros al día siguiente, y el propio Alvise reconoció en un audio que el dinero era “en negro”, que no lo había facturado y que actuó como “autónomo”. Lo más alarmante es que el eurodiputado habría prometido, a cambio, legislar a favor del empresario y del sector de las criptomonedas en cuanto tuviera poder suficiente, presumiblemente dentro de un futuro acuerdo de gobierno entre PP y Vox.
Mentiras, bulos y un estilo impune
Alvise ha construido su carrera política sobre una narrativa basada en la confrontación, los bulos y el desprecio por las reglas del juego democrático. Ahora, sus propias maniobras podrían llevarle ante el banquillo del Supremo. La Fiscalía quiere que se le cite como investigado y que, si se niega a colaborar, se solicite el suplicatorio al Parlamento Europeo para retirarle la inmunidad. Además, reclama que se revisen todas las cuentas de su partido y que se analicen los monederos virtuales usados en su campaña.
No es la única causa que Alvise tiene pendiente. El Tribunal Supremo también debe decidir si lo investiga por su implicación en los disturbios de la calle Ferraz en 2023, por difamar a un diputado socialista y por amenazar a una jueza en Sevilla. Por la vía civil, ya fue condenado a pagar 5.000 euros por mentir sobre Manuela Carmena y 60.000 euros por atacar la reputación del exministro José Luis Ábalos.
¿Un defensor de la “libertad financiera” o un estafador político?
El discurso de Alvise se basa en atacar lo que él llama el “sistema podrido”, pero su estrategia no ha sido muy diferente de aquello que dice combatir: dinero en negro, favores políticos a empresarios, evasión de impuestos y opacidad total. Lo que comienza a perfilarse es una red de intereses cruzados donde se usaron técnicas propias del blanqueo de capitales para alimentar una campaña electoral.
La Fiscalía ha sido contundente: los hechos tienen “indicios sólidos” y la colaboración entre Alvise y Romillo no puede entenderse por separado. La solicitud de diligencias incluye la entrega de todos los documentos económicos de SALF, incluidas cuentas bancarias, balances, ingresos y gastos, operaciones de capital y el informe del Tribunal de Cuentas.
¿Y ahora qué?
Si la Sala Penal del Supremo acepta la petición, se abrirá una causa formal y se nombrará un juez instructor. Será entonces cuando se determine si Alvise debe declarar y, en su caso, si procede pedir al Parlamento Europeo que le retire la inmunidad. Las consecuencias políticas pueden ser demoledoras, pero más aún lo sería que este caso revelara una fórmula peligrosa: la de construir poder político al margen de las reglas, con dinero opaco y favores ocultos.
Luis 'Alvise' Pérez se presentó como la alternativa antisistema. Pero todo apunta a que su sistema era igual de corrupto o incluso peor que aquel que denuncia. Y esta vez, no podrá ocultarse tras una pantalla ni escudarse en sus seguidores de Telegram. Si el Supremo actúa, será la justicia quien tenga la última palabra.
La Fiscalía no se anda con rodeos: quiere a Alvise en el banquillo. Y no por sus ideas, sino por el dinero sucio con el que las financió.