El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha anunciado este jueves en el Congreso de los Diputados que la institución que dirige elaborará un informe singular sobre la violencia vicaria. Esta decisión se produce en un contexto preocupante, con siete menores asesinados por violencia de género presuntamente a manos de su padre en España en lo que va de año, acumulando un total de 57 desde 2013, cuando se comenzaron a recopilar datos sobre este tipo de violencia.
La gravedad de la violencia vicaria
"Tristemente, debemos destacar nuevamente la gravedad de la violencia contra las mujeres y la violencia vicaria. La persistencia de esta forma de violencia y la complejidad para abordarla exigen la cooperación de diversas instancias públicas", declaró Gabilondo durante la presentación de los informes anuales de la institución correspondientes a 2022 y 2023 ante el Pleno de la Cámara Baja.
Gabilondo subrayó la necesidad de mejorar aspectos como el concepto de víctima y su acreditación, que deben ser ágiles y sencillos. También destacó la importancia de la actuación policial, la formación adecuada y la sensibilidad de quienes trabajan cerca de las víctimas. Además, el papel de los puntos de encuentro familiar y los equipos psicosociales adscritos a los juzgados han sido objeto de análisis y recomendaciones. "Nuestra institución elaborará un informe singular sobre la violencia vicaria", confirmó el Defensor del Pueblo.
Temas clave en los informes del Defensor del Pueblo
Ángel Gabilondo ya había mencionado la posibilidad de realizar un informe monográfico sobre la violencia vicaria durante una comparecencia el pasado 26 de abril en la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo del Congreso de los Diputados, donde presentó el informe sobre su gestión en 2022 y 2023.
Este jueves, Gabilondo también abordó otros temas tratados en los informes de 2022 y 2023, como las ayudas y rentas autonómicas o municipales, el sinhogarismo, y el Ingreso Mínimo Vital, sobre el cual recibió alrededor de 1.000 quejas solo en 2023, principalmente por retrasos en la resolución de las solicitudes o las reclamaciones, o por la rigidez en la forma de acreditar el cumplimiento de los requisitos.
Según el Defensor del Pueblo, es esencial trabajar para consolidar un verdadero sistema estatal de garantía de ingresos que integre todas las prestaciones asistenciales. "Un sistema estable y cohesionado que articule la acción de todas las administraciones públicas en este deber social de lucha contra la desigualdad", enfatizó Gabilondo.
Retos y desafíos en la protección de los derechos
En relación con la atención a menores en situaciones de riesgo, como los cerca de 5.000 niños y niñas no acompañados llegados a Canarias, el Defensor del Pueblo hizo un llamado a encontrar soluciones consensuadas y estables para que las comunidades autónomas colaboren en la acogida de estos menores.
Gabilondo también subrayó la necesidad de revisar el sistema de protección internacional para paliar las dificultades de acceso y la demora en la tramitación de las solicitudes, así como mejorar la gestión de la acogida de personas que no pueden ser expulsadas o devueltas a sus países de origen.
En el ámbito educativo, Gabilondo insistió en la universalidad y gratuidad del primer ciclo de educación infantil, señalando que, a pesar de los esfuerzos de las comunidades autónomas, sigue habiendo insuficiencia de plazas.
Las dificultades en el acceso a la vivienda, especialmente para jóvenes y colectivos vulnerables, también han generado numerosas quejas. "La institución continúa solicitando a todas las administraciones que incrementen y optimicen los recursos existentes de vivienda protegida y de vivienda social", indicó Gabilondo. Asimismo, se está siguiendo de cerca el despliegue de medidas de la Ley 12/2023 por el derecho a la vivienda y la gestión del Bono Alquiler Joven, señalando que en algunas comunidades autónomas muchos beneficiarios no habían recibido el bono meses después de su solicitud.
Labor del Defensor del Pueblo como garante de los derechos de la ciudadanía
En 2022 y 2023, el Defensor del Pueblo atendió a 74.962 personas, tramitó 67.055 expedientes, emprendió 538 actuaciones de oficio y dirigió 4.864 resoluciones a las diferentes administraciones. Según Gabilondo, "el 70% de las resoluciones emitidas por el Defensor del Pueblo son aceptadas por las administraciones".
Durante el turno de portavoces, el socialista Herminio Rufino Sancho valoró positivamente la labor del Defensor del Pueblo como garante de los derechos de la ciudadanía. Desde el Grupo Parlamentario Popular, María Eugenia Carballedo criticó que "al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no le gusta que se hable de las quejas de los ciudadanos, quizá porque desde que él está en Moncloa las quejas se han disparado, de 17.000 a 35.000". Ignacio Hoces, de Vox, acusó a Gabilondo de ser "el defensor del gobierno de Pedro Sánchez antes que un verdadero defensor del pueblo".
Desde Sumar, Verónica Martínez destacó la importancia de estos informes como instrumentos esenciales en democracia, señalando deficiencias en la protección y promoción de derechos de colectivos vulnerables. Finalmente, Pilar Calvo, de Junts per Catalunya, denunció la discriminación que sufren muchos menores extracomunitarios en la competición deportiva y defendió su derecho a participar con otros niños de su edad.