El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha presentado hoy en el Pleno del Senado los informes anuales de 2021 y 2020, que recogen las actuaciones más destacadas de la institución Defensor del Pueblo en los dos últimos años.
Ambos cursos han estado marcados por la pandemia originada por la COVID-19 y en cada uno de estos ejercicios se incoaron más de 29.000 expedientes, entre quejas, investigaciones de oficio y solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad y amparo y se formularon cerca de 6.000 resoluciones entre los dos ejercicios.
Ángel Gabilondo, que ha acudido al Senado junto a las dos adjuntas de la Institución, Teresa Jiménez-Becerril y Patricia Bárcena, ha recalcado que estos informes son una “llamada a la reflexión sobre problemas reales de la ciudadanía, conflictos reales, de personas reales, cuyos derechos fundamentales no son garantizados, o no lo son plenamente, por los poderes públicos”.
Además, ha apuntado que suponen “una toma de posición que responde a la defensa de los derechos fundamentales recogidos en nuestra Constitución”.
Principales actuaciones
Tras recordar que las tareas y actuaciones de estos informes corresponden casi en su totalidad al periodo de Francisco Fernández Marugán, a quién agradeció su labor, Ángel Gabilondo hizo un repaso de las principales actuaciones de la Institución en 2020 y 2021.
En materia sanitaria, el Defensor ha destacado las quejas relativas a la saturación de los centros de salud, el aumento de las listas de espera, la restricción en el acompañamiento a los ingresados en hospitales y en el acceso a las residencias de mayores, las dificultades en la aplicación del certificado COVID o el elevado precio de las PCR.
Ángel Gabilondo ha subrayado el impacto de la COVID-19 en las residencias para personas mayores y ha señalado que esta crisis ha supuesto una verdadera emergencia social para muchas personas. En este sentido, ha destacado las actuaciones emprendidas para mejorar la aplicación del ingreso mínimo vital.
El Defensor también ha repasado los problemas que la pandemia ha ocasionado en colegios, institutos y universidades durante estos dos ejercicios y ha apuntado que la Institución ha desarrollado actuaciones con las administraciones educativas para evitar que la crisis sanitaria tuviese un impacto negativo en la educación. Así, se realizó un seguimiento de la atención educativa durante la pandemia y se sugirió a las administraciones educativas que establecieran un mínimo común de medidas para garantizar un curso seguro y homogéneo en todo el territorio español.
Por otro lado, ha recordado a las mujeres, niños y niñas asesinadas en estos dos años y ha hecho hincapié en que es necesariomejorar la detección de riesgos en los que se encuentran las víctimas y sus hijos e hijas.
Ángel Gabilondo también ha mostrado su preocupación por las dificultades para acceder a una vivienda y ha instado a aumentar el parque público de viviendas sociales y a establecer procedimientos de adjudicación más ágiles y transparentes.
Además, ha solicitado a las administraciones públicas medidas específicas para erradicar el chabolismo y la infravivienda y buscar fórmulas de realojo con rapidez. En este contexto ha recordado la situación de la Cañada Real Galiana en Madrid, sin suministro eléctrico desde otoño de 2020.
En materia económica, la Institución ha seguido con interés el proceso de creación de la Autoridad de Protección del Cliente Financiero. Asimismo, ha explicado que se tramitaron expedientes sobre el servicio eléctrico y que actuó de oficio por la opacidad del modelo de factura eléctrica. Ángel Gabilondo ha revelado la necesidad de afrontar los problemas que el impacto de las nuevas tecnologías tiene sobre ciertos colectivos con dificultades para acceder a ellas.
En relación al empleo público, ha vuelto a alertar sobre la elevada tasa de temporalidad y ha pedido medidas estructurales para garantizar la suficiencia de personal, especialmente en el sector sanitario.
Según ha explicado Ángel Gabilondo, el cambio climático y la creciente exigencia respecto a la calidad del medio ambiente formaron parte del debate público y de muchas de las quejas recibidas. La Institución actuó por la degradación del Mar Menor, la situación de Doñana o la contaminación de algunas ciudades.
En materia migratoria, ha abogado por un refuerzo de los servicios públicos para mejorar el sistema de acogida y la recepción y protección de las personas que llegan a nuestras fronteras. El Defensor ha destacado las actuaciones de la Institución en Ceuta, Melilla o Canarias y las resoluciones formuladas para incrementar la protección de los menores extranjeros no acompañados.
Por otra parte, Ángel Gabilondo ha valorado que la Ley Orgánica de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia recoja recomendaciones de la Institución para mejorar la protección de los menores víctimas de violencia de género, y para acabar con el uso de contenciones mecánicas en los Centros de Internamiento para Menores Infractores.
Además, se ha referido a los crímenes sin resolver de la banda terrorista ETA y ha subrayado que las soluciones se deben abordar desde dos perspectivas: la justicia (juzgar) y la verdad (conocer). “El derecho penal y el sistema judicial, han de facilitar los enjuiciamientos y los poderes públicos ofrecer a las familias la información disponible y seguir trabajando para aclarar todos los crímenes no resueltos”, haafirmado.
Ángel Gabilondo ha manifestado que el trabajo que realiza el Defensor del Pueblo es un paso, “que deseamos clave, en una tarea más amplia, pues esta Institución aspira a ser agente eficaz en los intentos de solución de los problemas que se plantean”.