En un importante avance hacia la igualdad de género y la representación femenina en los ámbitos público y privado, el Gobierno ha aprobado la Ley de Paridad. Esta nueva legislación establece la obligatoriedad de contar con al menos un 40% de mujeres en el Gobierno, los consejos de administración de grandes empresas, las candidaturas electorales y los órganos constitucionales. Con esta medida, se busca promover la participación equitativa de mujeres y hombres en la toma de decisiones y superar la brecha de género existente en estos espacios de poder.
Un hito en la igualdad de género
La aprobación de la Ley de Paridad marca un hito significativo en el camino hacia la igualdad de género en nuestro país. Al establecer una cuota mínima del 40% de mujeres en el sector público y privado, se asegura una representación más equitativa y se rompen barreras históricas que han limitado la participación de las mujeres en roles de liderazgo y toma de decisiones.
El ámbito empresarial no se queda atrás
La Ley de Paridad también tiene un impacto directo en el mundo empresarial. Específicamente, las empresas que forman parte del Ibex 35 deberán contar con al menos un 40% de consejeras antes del 30 de junio de 2024. Este requisito se extiende a otras empresas cotizadas, con plazos adaptados según su capitalización bursátil. Es importante destacar que estas medidas no solo buscan promover la igualdad, sino también mejorar la diversidad y la capacidad de toma de decisiones más inclusivas en el ámbito empresarial.
Un paso hacia la representación equilibrada en los órganos constitucionales
La modificación de la Ley de Paridad para incluir a los órganos constitucionales es otro aspecto destacable de esta nueva legislación. Ahora, el Tribunal Constitucional, el Consejo de Estado, el Consejo Fiscal, el Tribunal de Cuentas y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deberán contar con una representación paritaria. Esto garantiza que los órganos fundamentales de nuestra democracia sean reflejo de la diversidad y de la realidad de nuestra sociedad.
Flexibilidad y gradualidad para alcanzar los objetivos
La Ley de Paridad también ha tenido en cuenta la necesidad de un proceso gradual de adaptación para las empresas y los órganos de relevancia constitucional. Con plazos que varían desde el 2024 hasta el 2028, se establece un marco de flexibilidad que permite a las organizaciones realizar los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos establecidos.
Respuesta positiva y sanciones para garantizar el cumplimiento
El Gobierno confía en que esta ley cuente con el apoyo de todos los partidos políticos, reconociendo su importancia en la construcción de una sociedad más igualitaria y justa. Para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de paridad, se establecen sanciones más estrictas para las grandes empresas que no cumplan con los requisitos establecidos.