El Juzgado número 4 de Ávila investiga un caso de presunto cohecho en la prisión de mujeres de Brieva, donde varios funcionarios y un cocinero estarían implicados en un escandaloso incidente con Ana Julia Quezada, condenada a prisión permanente revisable por el asesinato del niño Gabriel Cruz en 2018. Según las diligencias judiciales, los empleados públicos habrían mantenido relaciones sexuales con Quezada a cambio de proporcionarle un teléfono móvil, con el que la reclusa grabó los encuentros y presuntamente intentó chantajear a la dirección del centro para lograr su traslado a otra prisión en Cataluña.
Este caso salió a la luz tras las declaraciones de diversos testigos, entre ellos otras internas y la pareja de Quezada, quienes han señalado que los encuentros sexuales entre la asesina y los funcionarios se producían de manera nocturna en la celda de la interna. A cambio de estos favores, los trabajadores de la prisión, algunos de los cuales se encuentran ya detenidos, habrían proporcionado a Quezada el teléfono móvil, el cual estaba siendo utilizado para grabar los encuentros sexuales.
Las grabaciones y el chantaje en la prisión
Según la investigación, Quezada habría utilizado el teléfono para grabar las relaciones sexuales, y posteriormente habría intentado presionar a la dirección del centro con las grabaciones. En las diligencias judiciales, se recoge que la propia Ana Julia Quezada informó a un educador de la prisión que poseía un dispositivo con varias grabaciones, incluyendo imágenes de un funcionario en su celda. Este teléfono, además, habría pasado por las manos de su pareja, quien supuestamente lo utilizaría para chantajear a los responsables de la prisión, amenazando con hacer públicas las grabaciones.
La directora del centro penitenciario, Laura Pérez, tuvo conocimiento de la situación a través de un informe de un educador, quien detalló cómo Quezada le habría confesado haber sido víctima de una violación por parte de uno de los funcionarios involucrados, lo que añade una grave acusación a este escándalo.
La denuncia de Patricia Ramírez
El origen de esta investigación judicial se remonta a la denuncia pública realizada por Patricia Ramírez, madre de Gabriel Cruz. La madre del niño asesinado por Quezada alertó en mayo de 2024 sobre el uso del teléfono móvil por parte de la condenada, tras recibir información de "fuentes directas". Ramírez denunció que Quezada estaba utilizando el teléfono para comunicarse con medios de comunicación y con una productora interesada en hacer un documental sobre su vida y el asesinato de su hijo.
A raíz de estas denuncias, Patricia Ramírez solicitó una investigación formal, que finalmente dio lugar a la actual causa judicial. Además, en su lucha por frenar la explotación mediática del dolor de las víctimas, la madre de Gabriel Cruz ha criticado la intención de Quezada de lucrarse a través de un posible contrato para un documental, señalando que este tipo de proyectos solo buscan exponer y dañar aún más la integridad moral de las familias afectadas por crímenes de tal magnitud.
La reacción institucional y las irregularidades en la prisión
Patricia Ramírez no solo denunció el uso del teléfono por parte de Quezada, sino que también ha señalado una serie de irregularidades dentro del centro penitenciario de Brieva. Según la madre de Gabriel, estas irregularidades afectan directamente a la integridad moral de las familias de las víctimas, al permitir que personas condenadas por crímenes de alto perfil obtengan privilegios dentro de la prisión.
En este contexto, Ramírez ha pedido al Senado un pacto de Estado que regule los contenidos relacionados con los llamados 'true crime' y otros productos mediáticos que explotan el sufrimiento de las víctimas. De acuerdo con su testimonio, la especulación mediática y el tratamiento morboso de los crímenes graves perjudican a las víctimas y a sus familias, generando lo que considera un "juicio paralelo" que solo busca el sensacionalismo.
Un caso con implicaciones graves para el sistema penitenciario
El caso en la prisión de Brieva pone en evidencia las graves fallas en el sistema penitenciario español, donde funcionarios y trabajadores pueden estar involucrados en conductas totalmente inapropiadas e ilegales. La investigación, que continúa en curso, ha sacado a la luz una red de complicidades que incluyen desde funcionarios penitenciarios hasta personal de cocina, quienes habrían ayudado a la asesina del niño Gabriel Cruz a obtener un teléfono móvil de contrabando. Este escándalo no solo afecta a la prisión de Brieva, sino que pone en entredicho la seguridad y la integridad de todo el sistema de justicia penitenciaria en España.
Los detalles del crimen de Gabriel Cruz
El crimen por el que Ana Julia Quezada fue condenada ocurrió el 27 de febrero de 2018, cuando el niño Gabriel Cruz, de 8 años, desapareció en Níjar, Almería. Tras días de búsqueda, su cuerpo fue encontrado en el maletero del coche de Quezada, quien era pareja del padre del menor. Quezada confesó haber matado al niño asfixiándolo en una finca de Rodalquilar, y durante los días de búsqueda, participó activamente en las labores de rastreo, fingiendo preocupación por la desaparición del niño.
La condena fue un hito en el sistema judicial español, ya que Quezada fue la primera mujer en recibir la pena de prisión permanente revisable. Además, la sentencia incluyó penas adicionales por lesiones psíquicas y contra la integridad moral de los padres de Gabriel, quienes han tenido que lidiar con el dolor de perder a su hijo y con la explotación mediática de su tragedia.
La batalla de Patricia Ramírez
La lucha de Patricia Ramírez no ha sido fácil. Aparte de enfrentarse al dolor de la pérdida de su hijo, ha tenido que lidiar con la falta de respuesta de las instituciones ante sus denuncias, tanto sobre el uso del teléfono móvil de Ana Julia Quezada como sobre el intento de la condenada de lucrarse con un documental. La madre de Gabriel ha denunciado en reiteradas ocasiones lo que considera una falta de apoyo y protección institucional, y sigue luchando por un trato justo para las víctimas de crímenes graves como el de su hijo.
El caso de Ana Julia Quezada sigue desarrollándose, y cada nuevo detalle pone en evidencia la gravedad de los hechos ocurridos dentro de la prisión de Brieva, dejando al descubierto una serie de irregularidades que afectaron tanto a la víctima como a la integridad de la justicia penitenciaria en España.