El escándalo del piso donde vive Isabel Díaz Ayuso en Chamberí sigue creciendo y deja en evidencia al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. A pesar de que el regidor aseguró en diciembre que el expediente por las obras ilegales en la vivienda de la presidenta madrileña estaba cerrado, la realidad es bien distinta: el Ayuntamiento ha reconocido que el procedimiento sigue abierto y que la pareja de Ayuso, Alberto González Amador, recurrió la orden de legalización en los tribunales.
La confirmación de este hecho ha llegado de la mano de la vicealcaldesa, Inma Sanz, quien ha detallado que el expediente se encuentra suspendido hasta que la justicia resuelva el recurso presentado por González Amador. Una revelación que desmonta por completo el relato de Almeida, quien en diciembre intentó minimizar la situación asegurando que la única irregularidad detectada eran unos aparatos de aire acondicionado instalados sin permiso. Pero los documentos municipales hablan de mucho más: redistribución de habitaciones, renovación de acabados, instalaciones eléctricas y reformas exteriores sin la preceptiva licencia.
Mentiras y encubrimiento
El alcalde de Madrid, fiel escudero de Ayuso, ha intentado tapar el escándalo desde el principio. Sus declaraciones del pasado 4 de diciembre, en las que dio por cerrado el expediente y redujo todo a "una infracción menor" por unos aires acondicionados, contrastan con la documentación oficial que ha salido a la luz. En ella no solo se confirma que el expediente sigue abierto, sino que la infracción es mucho más grave de lo que Almeida quiso hacer creer.
El 27 de mayo, la Junta Municipal de Chamberí ordenó a González Amador legalizar las obras realizadas sin licencia, advirtiéndole de que, si no lo hacía, podría enfrentarse a multas coercitivas de hasta 6.000 euros y a una sanción de entre 600 y 30.000 euros. Sin embargo, la imposición de estas multas se ha visto paralizada por el recurso judicial interpuesto por el empresario, lo que, según el Ayuntamiento, impide continuar con el procedimiento administrativo.
Silencio, manipulación y privilegios
El caso ha estado rodeado de un sospechoso silencio por parte del consistorio, que ha evitado hacer públicos los detalles del expediente. Solo gracias a la presión de la oposición, especialmente de Más Madrid, se ha podido conocer la verdad. La portavoz de la formación, Rita Maestre, ha denunciado que Almeida "ha mentido a los madrileños para proteger a Ayuso y a su pareja" y ha exigido explicaciones en el pleno municipal. "El expediente no está cerrado, la sanción no se ha impuesto y lo único que han hecho ha sido tratar de taparlo", ha declarado Maestre.
El intento de Almeida por rebajar la gravedad del asunto choca con la realidad: González Amador no solo incumplió la normativa urbanística, sino que lo hizo a pesar de recibir dos órdenes de paralización de las obras. La inspectora municipal que visitó la vivienda en mayo de 2023 constató que se habían realizado modificaciones estructurales sin licencia, lo que supone una infracción urbanística de libro.
Justicia selectiva para Ayuso y su entorno
Este caso vuelve a poner de manifiesto el doble rasero con el que se aplica la ley en Madrid. Mientras que cualquier ciudadano que realice una obra sin permiso se enfrenta a sanciones inmediatas, en el caso de Ayuso y su pareja el proceso se ha alargado indefinidamente. La Junta de Chamberí actuó con celeridad para ordenar la legalización de la obra, pero cuando el caso saltó a los medios, el Ayuntamiento frenó en seco. Almeida salió al rescate de la presidenta y trató de enterrar el expediente bajo un aluvión de excusas y falsedades.
Sin embargo, la verdad ha terminado por imponerse. El procedimiento sigue abierto, la sanción no se ha impuesto y la versión de Almeida se desmorona. La pregunta que queda en el aire es clara: ¿qué más está ocultando el Ayuntamiento sobre el piso de Ayuso? Y, sobre todo, ¿hasta cuándo seguirá Almeida protegiendo los privilegios de su jefa política?