La Audiencia Provincial de Madrid ha rechazado el recurso de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, y ha dado luz verde a que se amplíe la investigación contra él. La jueza de instrucción n.º 19 de Madrid, María Inmaculada Iglesias, ya había abierto en octubre una nueva pieza del caso para analizar su relación con el grupo sanitario Quirón, sospechoso de haber participado en operaciones irregulares.
González Amador, que ya está imputado por fraude fiscal y falsificación documental, se enfrenta ahora a dos nuevos delitos: administración desleal y corrupción en los negocios. Según la resolución judicial, es necesario investigar si los hechos que se le atribuyen pueden ser constitutivos de infracción penal, lo que supone un nuevo golpe para el empresario y su defensa.
Un intento fallido de frenar la investigación
La defensa de González Amador recurrió la decisión de la jueza Iglesias alegando que no existía base suficiente para ampliar la investigación. Sin embargo, los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial han determinado que la causa debe continuar y que se deben esclarecer los hechos. "Las operaciones económicas y jurídicas realizadas podrán o no tener el alcance que se reseña, pero a la conclusión que corresponda debe llegarse tras la correspondiente investigación abierta", señalan los jueces.
Este fallo supone un nuevo revés para González Amador, quien hace unos meses confiaba en cerrar sus problemas judiciales con un acuerdo de conformidad con la Fiscalía. Ese pacto incluía una declaración de culpabilidad por fraude fiscal, pero sin implicar su ingreso en prisión. Sin embargo, las acusaciones populares, ejercidas por el PSOE y Más Madrid, solicitaron que se ampliara la investigación a otros delitos tras analizar un extenso expediente de la Agencia Tributaria.
Las claves del caso: el negocio con Quirón
El punto clave de esta nueva línea de investigación es la compra de la empresa Círculo de Belleza en diciembre de 2020. La sociedad, propiedad de la esposa del presidente de Quirón Prevención, fue adquirida por Maxwell Cremona SL, la consultora de González Amador, por casi 500.000 euros. Poco después, la empresa pasó a llamarse Masterman & Whitaker y obtuvo contratos con Quirón.
Según Hacienda, esta operación podría haber sido fraudulenta, ya que la nueva sociedad no tenía empleados ni medios materiales. Los inspectores concluyeron que se trataba de una "sociedad pantalla" creada para reducir el pago de impuestos. Además, las acusaciones populares sospechan que esta compra pudo haber sido una retribución encubierta a Fernando Camino, el presidente de Quirón Prevención, por presuntos favores empresariales.
El nexo entre González Amador y Camino se remonta a la primera ola de la pandemia, cuando la consultora del novio de Ayuso cobró una comisión de 1,9 millones de euros por intermediar en la compra de mascarillas a China. Esta operación fue realizada por la empresa gallega Mape, vinculada a Quirón. Ahora, PSOE y Más Madrid sostienen que la compra de Círculo de Belleza pudo haber sido "una forma de pago encubierto" por ese negocio previo.
Consecuencias legales
De confirmarse las acusaciones, González Amador podría enfrentarse a penas graves. El delito de corrupción en los negocios, tipificado en el artículo 286 bis del Código Penal, se castiga con penas de entre seis meses y cuatro años de prisión. Por su parte, la administración desleal, regulada en el artículo 252, conlleva penas de seis meses a tres años de cárcel.
A esto se suman los dos delitos de fraude fiscal por los que ya estaba imputado, castigados con penas de uno a cinco años de prisión cada uno. De ser condenado en ambas causas, el empresario podría acabar en la cárcel, lo que explica sus intentos de llegar a un acuerdo con la Fiscalía.
La postura de la Fiscalía
La Fiscalía, que inicialmente había respaldado un acuerdo con González Amador, ha cambiado su posición tras la decisión de la Audiencia Provincial. Ahora, considera que hay indicios suficientes para investigar la relación del empresario con Quirón y la posibilidad de que existiera un soborno encubierto. En su escrito, el Ministerio Público señala que la defensa de González Amador "no ha dado explicación alguna sobre por qué se pagó medio millón de euros por una empresa sin empleados ni actividad significativa".
Esta investigación es especialmente relevante porque Quirón es uno de los principales contratistas de la Comunidad de Madrid en materia de sanidad. En los últimos años, ha recibido cientos de millones de euros en contratos públicos, lo que plantea interrogantes sobre si hubo un trato de favor hacia González Amador en sus negocios con la compañía.
La investigación continuará y se espera que la jueza Iglesias cite a declarar a nuevos testigos y examine más documentación. Las acusaciones populares han pedido que se interrogue a Fernando Camino y a otros directivos de Quirón para esclarecer si existió corrupción en los negocios.
Mientras tanto, Isabel Díaz Ayuso ha evitado hacer declaraciones sobre el caso de su pareja, limitándose a calificarlo de "ataque político". Sin embargo, la ampliación de la investigación y la implicación de un contratista clave de la sanidad madrileña podría suponer un nuevo frente para su gobierno.
El caso sigue abierto y las próximas decisiones judiciales serán clave para determinar el futuro legal de González Amador y su relación con Quirón.