El Gobierno de la Comunidad de Madrid permitirá, a través del nuevo Acuerdo Marco 2026 para la gestión de plazas de residencias de personas mayores y dependientes, la subcontratación de profesionales esenciales y telemedicina sin garantías. CCOO considera que las condiciones que implanta el Gobierno regional, ex novo, constituye una amenaza a la calidad asistencial.
La posibilidad de subcontratar y externalizar diferentes categorías profesionales esenciales y la incorporación de la telemedicina, sin una regulación estricta que garantice una atención segura y adecuada para personas en situación de alta dependencia, es un riesgo al que abre la puerta el nuevo pacto.
A juicio del sector de Dependencia de CCOO Sanidad Madrid, la subcontratación y subrogación "conducen a la precariedad y fragmentación del servicio". El nuevo Acuerdo Marco abre la puerta a que profesionales de categorías fundamentales como medicina, enfermería, fisioterapia o psicología puedan ser contratados a través de empresas externas “sin criterios claros que aseguren su integración estable en los equipos de trabajo”.
Y añade que este modelo fragmenta los equipos asistenciales, dificultando la coordinación entre profesionales; precariza las condiciones laborales, generando inestabilidad y una alta rotación de personal; e imposibilita la atención centrada en la persona, clave para el correcto cuidado y la calidad de vida de mayores vulnerables.
Residentes con Alzheimer
Esta política de subcontratación ya se está implantando de forma activa en la Comunidad de Madrid, permitiéndola en numerosos pliegos. Ejemplo de ello son las residencias Ensanche de Vallecas y Reina Sofía Alzheimer. En estos centros, tras los últimos pliegos licitados en octubre de 2024, se han externalizado servicios esenciales como cocina, limpieza, recepción y transporte/ruta, reduciendo plantillas propias y fragmentando aún más la atención que en el caso de residentes con Alzheimer constituye un riesgo mayor.
Telemedicina sin control
Aunque la telemedicina puede ser una herramienta útil en determinados contextos, su aplicación indiscriminada en residencias, sin protocolos claros ni garantías mínimas supone un riesgo para la atención presencial directa.
En personas mayores y dependientes, la gran mayoría con deterioro cognitivo avanzando y por tanto dificultad o imposibilidad para manifestar sus síntomas, resulta imprescindible una valoración física presencial para la detección de estos y el seguimiento clínico, así como el contacto humano en un clima de confianza. El uso abusivo de teleasistencia puede “retrasar diagnósticos, empeorar patologías y generar inseguridad en residentes y familias”.
Para evitar que estas medidas comprometan la calidad asistencial, CCOO exige "la eliminación de la subcontratación de cualquier categoría de las residencias, garantizando su contratación directa y estable; protocolos claros de telemedicina que aseguren su uso complementario y no sustitutivo de la atención presencial; supervisión y control por parte de la Administración, con sanciones en caso de incumplimiento; y garantía de equipos multidisciplinares estables, cohesionados y con formación específica en atención a personas mayores".
El sindicato sostiene que "la salud y dignidad de nuestros mayores dependen de la presencia de profesionales estables, cualificados y coordinados" y que la decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid de sustituir la atención directa por telemedicina sin regulación y fragmentar plantillas mediante subcontratación "es retroceder en derechos y calidad de servicio en nuestros mayores".