La Comunidad de Madrid, con Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, ha retrocedido en su intención de dejar fuera a las universidades públicas del programa María Goyri. Tras semanas calificando el acuerdo como un “convenio trampa” y siendo la única comunidad que amagaba con rechazar los fondos destinados a la contratación de profesores, la presión de los rectores y la opinión pública han obligado al Gobierno regional a firmar el pacto con el Estado. Sin embargo, Ayuso ha mantenido su narrativa de enfrentamiento, acusando al Gobierno de Pedro Sánchez de imponer condiciones ideológicas.
Un conflicto ideológico y presupuestario
El programa María Goyri busca estabilizar a 1.091 profesores en universidades públicas madrileñas. El Estado se compromete a cubrir los salarios de 656 de estos docentes durante seis años, mientras que la Comunidad financiaría otros 435. Al final de este periodo, el Gobierno regional deberá integrar a todos los contratados en la plantilla fija, una condición que Ayuso y su equipo calificaron inicialmente de “inviable”.
El Gobierno central ha defendido que este programa responde a una necesidad urgente: reducir la temporalidad en las universidades públicas, un problema crónico en toda España que en Madrid alcanza el 48%, una cifra alarmante en comparación con el objetivo europeo de menos del 8%. Además, las plantillas universitarias están envejeciendo: más de 4.000 profesores en Madrid tienen más de 60 años, lo que presiona aún más la necesidad de incorporar nuevos docentes.
Una campaña de desgaste
Durante semanas, la Comunidad de Madrid utilizó el programa como una nueva excusa para cargar contra el Gobierno central. Ayuso llegó a decir que el pacto era una “hipoteca inasumible” para las cuentas autonómicas, calculando que el coste sería de 600 millones en seis años. Sin embargo, este cálculo distorsionaba los datos reales: la inversión de la Comunidad sería de 112 millones, aproximadamente 18,7 millones al año, una cifra asumible en el presupuesto de la región más rica de España.
La estrategia de Ayuso parecía encajar en una campaña más amplia contra las universidades públicas, a las que su administración ha relegado en favor de instituciones privadas, que han florecido en Madrid en las últimas décadas. Mientras que los centros privados reciben incentivos y apoyo, las universidades públicas han enfrentado un contexto de infrafinanciación y rigidez normativa que dificulta su crecimiento y renovación.
Rectificación obligada por la presión
El giro en la posición de Ayuso no responde a un cambio de criterio, sino a la presión que ha ejercido la comunidad universitaria. Los rectores de las seis universidades públicas madrileñas han alzado la voz durante semanas, alertando sobre las consecuencias de quedar fuera del programa María Goyri. Sin esos fondos, las universidades hubieran tenido que asumir solas la estabilización de los profesores, una carga financiera que, en sus palabras, habría sido “insostenible”.
A esto se suma la movilización social, con sindicatos y organizaciones estudiantiles denunciando la actitud de Ayuso como una maniobra ideológica que buscaba debilitar aún más a la educación pública. El clamor fue tal que incluso sectores moderados del Partido Popular cuestionaron la viabilidad de su postura.
Finalmente, el anuncio de que la Comunidad cofinanciará el sueldo de los profesores llegó con la fecha límite al límite: Ayuso tuvo que convocar un consejo extraordinario para firmar el acuerdo en el último momento, asegurándose así los 169 millones que aporta el Estado.
Un precedente peligroso
Aunque la rectificación evita el desastre inmediato, el episodio deja un sabor amargo en la comunidad educativa. El conflicto refleja la postura del Gobierno regional frente a las universidades públicas: no puede cerrarlas, pero tampoco parece interesada en apoyarlas. La proliferación de universidades privadas en Madrid, muchas de ellas orientadas a carreras de alta rentabilidad, contrasta con las crecientes dificultades de las públicas para competir en calidad, recursos y estabilidad laboral.
El modelo de Ayuso, según sus críticos, promueve una educación universitaria elitista en la que solo las instituciones con recursos privados pueden prosperar. Las públicas, que son fundamentales para garantizar el acceso igualitario a la educación superior, quedan relegadas en esta ecuación, a pesar de ser las que producen la mayor parte de la investigación en la región.
El trasfondo político
La pugna en torno al programa María Goyri es también un capítulo más en el enfrentamiento entre Ayuso y el Gobierno central. Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa, la presidenta madrileña ha utilizado cualquier oportunidad para posicionarse como la líder de la oposición. Sin embargo, esta estrategia empieza a mostrar fisuras. En este caso, Ayuso ha tenido que recular, evidenciando que su política de confrontación tiene límites cuando afecta a sectores clave como la educación superior.
Por otro lado, el Ministerio de Ciencia e Innovación, liderado por Diana Morant, se ha mantenido firme. A pesar de las presiones de comunidades gobernadas por el PP para modificar las condiciones del programa, el ministerio no cedió, estableciendo un precedente de cómo manejar futuros conflictos con las autonomías.
Una lección para el futuro
La rectificación de Ayuso debería servir como una llamada de atención sobre el estado de las universidades públicas en Madrid. El programa María Goyri, aunque necesario, es solo un parche para problemas estructurales más profundos. La temporalidad, la infrafinanciación y la falta de renovación de las plantillas son desafíos que requieren un compromiso político más allá de los enfrentamientos ideológicos.
Por ahora, la comunidad universitaria puede celebrar una victoria parcial. Sin embargo, queda claro que el apoyo a las universidades públicas seguirá siendo un campo de batalla en Madrid mientras Ayuso esté en el poder. La presidenta ha mostrado que no duda en utilizar la educación como arma política, incluso si eso pone en riesgo el futuro de miles de estudiantes y docentes.