La gestión de Isabel Díaz Ayuso frente a la Comunidad de Madrid ha vuelto a situar a las universidades públicas en el ojo del huracán. En esta ocasión, la presidenta ha decidido rechazar una inversión de 169 millones de euros ofrecida por el Gobierno central dentro del programa María Goyri, destinado a combatir la precariedad laboral y rejuvenecer las plantillas de las universidades públicas. Esta negativa refuerza una estrategia que muchos califican como un intento de desmantelar el sistema universitario público mientras se incrementa el apoyo a los centros privados.
Primero fue la educación no universitaria, luego la sanidad, ahora le toca a la universidad pública.
— Educación CCOO Madrid (@CCOOEducaMa) December 3, 2024
Ante el ataque del gobierno de Madrid, defendamos la Universidad Pública
📆Concentración ante la Asamblea de Madrid (Avenida Pablo Neruda, 142) jueves 5 de diciembre a las 12… pic.twitter.com/w33Hmhunz3
Un golpe económico para las universidades públicas
El programa María Goyri, impulsado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, contempla la creación de 4.480 plazas de profesores ayudantes doctor en las universidades públicas, de las cuales el Estado financiaría 2.705. Para Madrid, esto suponía la incorporación de más de 1.000 docentes a sus seis universidades públicas: Complutense, Politécnica, Autónoma, Alcalá, Carlos III y Rey Juan Carlos.
Sin embargo, la Comunidad debía asumir la contratación de 435 profesores adicionales, lo que implicaría una inversión de 112 millones en seis años. Este esfuerzo, según Ayuso, era “inasumible”, aunque expertos y rectores denuncian que la negativa condena a las universidades madrileñas a una precariedad que ya resulta insostenible.
¿Por qué rechazar el plan?
La ministra Diana Morant, responsable de la iniciativa, no ha ocultado su indignación. En una carta dirigida a Ayuso, Morant ha señalado que esta decisión “perjudica seriamente” a las universidades públicas madrileñas y bloquea su capacidad de competir con otras regiones. “Las transferencias corrientes de su Gobierno para financiar a las universidades públicas solo han aumentado un 5% desde 2009, cuando el IPC ha subido un 34,9%. Este abandono contrasta con el esfuerzo realizado por otras comunidades, incluidas las gobernadas por el PP, que sí han firmado el acuerdo”, reprochó la ministra.
La temporalidad en las plantillas de las universidades madrileñas alcanza el 47,63%, la más alta del país, lo que demuestra una situación laboral precaria que el programa pretendía corregir. Pero para Ayuso, aceptar esta financiación supondría una “hipoteca” para las arcas autonómicas.
La universidad pública, al límite
Los rectores de las universidades públicas madrileñas han sido tajantes. Sin el apoyo del programa María Goyri, se verán obligados a masificar aulas y reducir la calidad docente. “Estamos al límite”, denunció Begoña García Greciano, vicerrectora de Economía de la Complutense. Según cifras oficiales, las universidades públicas madrileñas reciben, en términos de financiación por estudiante, un 21% menos que la media nacional y menos de la mitad del promedio de la Unión Europea.
Esta precariedad contrasta con el auge de las universidades privadas, que no han dejado de crecer en Madrid gracias a las facilidades administrativas y fiscales promovidas por el Gobierno regional. Ayuso ha impulsado políticas que favorecen abiertamente al sector privado, desde la ampliación de becas para titulaciones en centros privados hasta incentivos fiscales para su desarrollo.
Una estrategia ideológica
Para expertos y académicos, esta decisión no es aislada, califican la política de Ayuso como un “modelo ideológico de destrucción del sector público”. El abandono de la universidad pública sigue un patrón ya visto en otros sectores, como la sanidad y la educación no universitaria. Esto no es una reforma, es una demolición. Las universidades públicas son fundamentales para la igualdad de oportunidades. Desmantelarlas es una traición al ascensor social”.
La comparación con países como Francia o Alemania evidencia el desfase de Madrid. Mientras las universidades públicas de esas naciones se posicionan como referentes internacionales, Madrid condena a las suyas a sobrevivir con presupuestos insuficientes que, en muchos casos, no permiten cubrir siquiera los gastos básicos.
Ante esta situación, sindicatos y asociaciones universitarias han convocado nuevas movilizaciones. Bajo el lema “Defendamos la universidad pública”, se manifestarán el próximo jueves, 5 de diciembre, frente a la Asamblea de Madrid para exigir un cambio en la política educativa regional. Los manifestantes recuerdan que las universidades públicas no solo forman a los futuros profesionales, sino que son un motor de investigación y desarrollo clave para la competitividad del país.
PTGAS.
— Delegación Central de Estudiantes UCM (@DCE_UCM) December 2, 2024
PROFESORXS.
ESTUDIANTES.
Defendamos nuestra Universidad.
Defendamos la Universidad Pública!!
5 de diciembre
Asamblea de Madrid
12:00 H pic.twitter.com/fQji60uCEg
“La negativa a firmar el programa María Goyri no tiene justificación económica ni social. Es una decisión política que condena a nuestras universidades al estancamiento”, denunció Gonzalo Velasco, profesor universitario y activista. Además, alertó sobre las consecuencias a largo plazo: “Si seguimos así, perderemos la capacidad de generar conocimiento propio y dependeremos de otros países”.
Madrid, un verso suelto
La Comunidad de Madrid se ha quedado sola en su negativa. Hasta 14 comunidades autónomas, incluidas regiones gobernadas por el Partido Popular han firmado el programa. Castilla y León, por ejemplo, cerró el acuerdo con el Ministerio pese a las quejas iniciales de su consejería de educación. Este aislamiento evidencia la rigidez ideológica de Ayuso, quien prioriza su enfrentamiento con el Gobierno central sobre el bienestar de los ciudadanos madrileños.
— UGT-UCM (@UGT_UCM) December 3, 2024
El impacto en la sociedad madrileña
La precarización de las universidades públicas no afecta solo a los estudiantes o al profesorado. Tiene implicaciones directas en la economía y la cohesión social de Madrid. “Una universidad pública de calidad atrae talento, genera empleo y fomenta la igualdad de oportunidades. Renunciar a ello es renunciar al progreso”, concluyó Diana Morant en su carta.
Con un presupuesto regional que ha crecido un 56% desde 2009, resulta incomprensible que la financiación universitaria haya quedado congelada. Esta falta de compromiso pone en riesgo la formación de futuras generaciones y perpetúa un sistema educativo desigual en el que el acceso a una educación de calidad depende cada vez más del poder adquisitivo de las familias.
Un futuro incierto
Mientras Ayuso sigue apostando por las universidades privadas, los rectores y sindicatos universitarios se enfrentan al reto de mantener a flote unas instituciones que, pese a todo, siguen destacando en rankings nacionales e internacionales. Sin embargo, el desgaste es evidente, y muchos temen que esta estrategia de “asfixia financiera” acabe por convertir a Madrid en un territorio donde la educación superior pública sea un privilegio y no un derecho.