Sí, lo ha dicho. Isabel Díaz Ayuso ha reprochado la violencia que se vivió anoche ante las puertas de la sede central del Partido Socialista y la ha desligado de la legítima protesta ciudadana contra la ley de amnistía.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, en su intervención en un encuentro organizado por Deloitte y ABC, ha señalado que hay un "descontento general inmenso, que va a más y que, además, también se traduce en que los españoles, el pueblo, tiene derecho a manifestarse y hacerlo allá donde considere, mientras sea pacífico. Cosa diferente es que ayer, en la que se produjo en Ferraz, un grupo de ultras parasitaran una parte de la manifestación."
Estas palabras de Ayuso son un reproche evidente a los actos de violencia que se produjeron en Ferraz y que obligaron a la policía a actuar. Sin embargo, cuando parecía que la lideresa conservadora y ultraliberal se iba a quedar ahí, no dejó pasar la oportunidad para criticar, también en esto, al gobierno calificando de "sobreactuación" la intervención de la Policía al lanzar gases lacrimógenos contra los manifestantes.
Lo que es una realidad, por más que desde diferentes sectores de la izquierda no se quiera ver, es que hay mucho descontento ciudadano por la posibilidad de que haya una investidura a cambio de la amnistía por el procés, en la que no sólo estarán incluidos los políticos catalanes, sino que también se beneficiarán los CDR (procesados por terrorismo y tenencia ilegal de explosivos), el exministro del PP Alberto Fernández Díaz, la trama Kitchen, la policía patriótica y el espionaje ilegal por parte de los servicios de inteligencia españoles a miles de ciudadanos catalanes.
Ese descontento se ha incrementado por el regalo de miles de millones de euros de dinero público y por otras concesiones que aún están por sustanciar, sobre todo por la posibilidad de que la etapa resolutoria del conflicto se convierta en la convocatoria de un referéndum de autodeterminación para Cataluña.
Por otro lado, las manifestaciones ante las sedes del PSOE, siempre que estén convocadas de manera legal y autorizadas por la Delegación del Gobierno correspondiente, son absolutamente legítimas. No puede ser, como se desliza en determinados ámbitos de la izquierda, que esas manifestaciones sean intolerables pero que se aplaudieran en el pasado las que se convocaron ante las puertas de las sedes del PP, por diferentes motivos que eran tan legítimos como lo puede ser ahora la protesta contra la amnistía.