El veto a las celebraciones religiosas musulmanas en Jumilla no es la estación final de PP y Vox, solo un paso más en la guerra cultural. Santiago Abascal le exige ahora a Feijóo que vaya más allá e incluya en su programa político la prohibición del velo islámico en instalaciones públicas. Lo hace en una larga publicación en la red social X, donde el dirigente ultraderechista vomita un discurso islamófobo y racista sin pudor alguno, hablando de “invasión” y llegando a aseverar que “España no es Al Andalus”.
Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal Supremo, garantista con el derecho a la libertad de culto y de conciencia, es todo un revés al delirio de Vox, que sueña con una España pura, cristiana y católica. El alto tribunal español ha abordado el tema de la prohibición del velo integral (como el burka o el niqab) en varias ocasiones, siendo especialmente relevante la sentencia de 14 de febrero de 2013 sobre la ordenanza municipal del Ayuntamiento de Lleida. El Tribunal Supremo anuló esta normativa por considerar que limita el ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa; además, zanjó que los ayuntamientos no tienen competencia para regular restricciones a derechos fundamentales sin una ley previa. Y por si fuera poco, los magistrados concluyeron que no se justificó adecuadamente que el uso del velo perturbara el orden público, la seguridad o la igualdad de género.
Tras admitir que no había una doctrina pacífica sobre el uso del burka en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la sentencia de 57 páginas se centró en la “pretendida atribución a los ayuntamientos de competencia para regular aspectos accesorios de los derechos fundamentales”. El alto tribunal declaró esa práctica contraria al artículo 53 de la Constitución, que dispone que “sólo por ley” se podrá regular el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales. La sentencia añadió que “de ahí no puede extraerse la consecuencia de que [...], pese a la inexistencia de ley, pueda por sí mismo establecer limitaciones al ejercicio de un derecho fundamental en los espacios municipales, siendo ahí donde deben entrar en juego el análisis del derecho de libertad religiosa y el de los límites de su ejercicio”.
Según el Supremo, la regulación municipal de un asunto que afecta a derechos fundamentales “produce una rechazable inversión de los términos del problema, pues se antepone la consideración de la infracción, pretendiendo justificarla con base” a la ley reguladora de régimen local, “deduciendo de la legitimidad de la infracción la legitimidad de la prohibición”. Y “sin justificación de la legitimidad constitucional de la prohibición del velo integral en los términos en que lo hace la ordenanza no debe suscitarse el problema de la legitimidad constitucional de la infracción ligada a la prohibición”.
Pese a que la Justicia no le da la razón, Abascal ha emprendido una cruzada para “proteger los espacios públicos de prácticas ajenas a nuestra cultura y a nuestra forma de vida”. “Hay que proteger a los españoles de quienes buscan imponer una ideología totalitaria, disfrazada a veces como religión”, esgrime el político de extrema derecha.
El líder de Vox niega además que sobre la mesa haya un debate sobre la libertad religiosa, como, según él, “pretenden los cómplices de la invasión o los cobardes”. Una alusión que llega después de que desde el Gobierno hayan incidido en que la libertad de culto está consagrada en la Constitución a raíz de la moción pactada por PP y Vox en Jumilla.
Abascal, sin embargo, sostiene que “estamos ante la amenaza real de una ideología extremista” con leyes “incompatibles con nuestra cultura, con nuestra forma de vida, con los derechos de las mujeres y con la aconfesionalidad del Estado”. En ese mismo mensaje, Abascal culpa a socialistas, pero también a los 'populares' (los mismos con los que su partido se ha puesto de acuerdo en Jumilla), del supuesto avance del islamismo en Europa. Así, denuncia que “allí donde el islamismo avanza, retroceden las libertades, se denigra a la mujer, se persigue a los homosexuales”, colectivo que hasta ahora tampoco parece haber ocupado sus preocupaciones, más bien al contrario, y “se violenta a los niños”.
“En Vox queremos que España siga siendo España. Y queremos que nuestras calles sigan siendo y pareciendo calles de España y no de un país donde la mujer es un ser inferior y se cuelga a los homosexuales. Para nosotros es muy importante mantener nuestra identidad y nuestras costumbres, y cualquier persona que venga a España debe hacerlo con la firme intención de adaptarse a nuestra cultura y a nuestras costumbres. Y renunciando expresamente a imponer ideologías y leyes totalitarias”.
Además, asegura que “cualquier persona que resida en España tiene perfecto derecho a profesar su religión siempre y cuando renuncie expresamente a imponerla, o a defender prácticas incompatibles con nuestras leyes” y concluye su diatriba volviendo a hablar de una supuesta “invasión” que, según el líder ultra, “promueven el PP y el PSOE”.