La reciente visita que realizó a España el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, no sirvió para que PSOE y PP se pusieran de acuerdo en la renovación de los altos cargos institucionales del CGPJ. Podría decirse que Europa trató de hacer las veces de intermediario pero no consiguió desbloquear las posiciones enconadas de los dos principales actores políticos que sustentan el bipartidismo en España. Reynders intervino en el Congreso de los Diputados, donde dio cuenta del último informe sobre la situación del Estado de Derecho en los países de la Unión Europea, y escuchó las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios en la sesión, que centraron el debate en el bloqueo de la renovación del CGPJ y en el método de selección de los jueces y magistrados que conforman este órgano constitucional. Fue allí, en la Cámara Baja, donde Reynders confirmó la imposibilidad de un acuerdo. Los socialistas acusaron a los populares de practicar un "boicot constante" y una campaña de acoso y derribo contra el Gobierno mientras que sus señorías de la derecha reprocharon que Sánchez se resista a avanzar en la despolitización de la Justicia mediante una reforma que permita a los jueces elegir a sus representantes.
Todo eso ocurrió el pasado mes de septiembre. Semanas después, Bruselas constata con estupor cómo la situación, lejos de mejorar, ha empeorado considerablemente y que la justicia española desprende ya un hedor a putrefacción insoportable. “Nuestra posición es clara (…). Es muy importante proceder con la renovación del CGPJ como cuestión prioritaria”, aseguró una portavoz del Ejecutivo europeo tras conocer la decisión del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de romper las negociaciones. “Es clave que se aborde como una cuestión prioritaria la falta de nombramientos de los miembros del Consejo”, afirmó la portavoz de Interior, Anita Hipper, quien advirtió que el progresivo proceso de descomposición de la Justicia es una de las mayores carencias detectadas por el último informe sobre la situación del Estado de Derecho en España. Finalmente, el portavoz jefe de la Comisión, Eric Mamer, recuerda que la obligación de España sigue en pie y que la posición de la UE en este asunto es “coherente” y se mantiene sin cambios tras la ruptura del diálogo entre PSOE Y PP.
¿Peligran las ayudas europeas si España no cumple con sus obligaciones en la renovación del Poder Judicial? De momento no parece, pero el malestar en Bruselas crece por momentos, una preocupación que no parece inquietarle al Partido Popular, enrocado en su bloqueo sistemático y en su negativa a llegar a todo tipo de acuerdo con el Gobierno en esta parcela. En los últimos informes de la UE se recomienda específicamente la renovación inmediata del CGPJ y se insta a emprender “inmediatamente después” la revisión del sistema de elección de sus vocales para asegurar que la mayoría de ellos sean nombrados por sus pares, en línea con los estándares del Consejo de Europa.
Según Bruselas, el nivel de independencia judicial percibido por los ciudadanos de nuestro país es mejorable. Desde 2016, la percepción de los ciudadanos y las empresas sobre la independencia de los tribunales y jueces ha fluctuado considerablemente. En 2020 se ha producido una ligera mejora respecto al año anterior, tanto entre el público general (el 44 por ciento lo percibe como muy bueno o bastante bueno) como las empresas (el 42 por ciento lo percibe como muy bueno o bastante bueno). En general, los españoles tienen una visión no demasiado negativa sobre la imparcialidad de nuestros jueces y tribunales. Otra cosa es la politización de la Justicia. Cada vez son más los ciudadanos que sienten vergüenza ante las luchas políticas en el seno del Poder Judicial, un órgano que, en los últimos años, ha dilapidado buena parte de su credibilidad.