El proceso abierto contra Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanza en medio de una gran polémica, no solo política, también judicial. Desde que el juez Juan Carlos Peinado admitió a trámite la querella del sindicato ultra Manos Limpias contra la primera dama, se han tomado una serie de decisiones arriesgadas (anómalas podría decirse) que se apartan de la normal dinámica de cualquier procedimiento judicial. Estas son algunas de las claves que para unos expertos son pasos habituales de cualquier instructor de una causa penal y para otros síntomas claros de que nos encontramos ante un juicio politizado y también mediático, ya que son los periódicos de la caverna los que, día a día, van dando las exclusivas pertinentes sobre las noticias recién salidas del horno. Lawfare o guerra sucia judicial y máquina del fango, dos posibles ingredientes que ya se mezclaron de forma letal para el PSOE en aquellos últimos días del felipismo en descomposición de los años noventa.
INVESTIGADA EN SILENCIO. Hasta ayer mismo, y sorprendentemente, se desconocía si Begoña Gómez figuraba como investigada (antes imputada) o como testigo en una serie de adjudicaciones de contratos del Estado a empresas privadas que podrían haber dado lugar a los supuestos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios atribuibles a la pareja del dirigente socialista. En las últimas horas hemos sabido que figura como investigada desde el primer momento, es decir, desde el pasado día 16 de abril, cuando se inició el procedimiento tras la presentación de la querella de Manos Limpias, el sindicato ultraderechista. Para mayor extrañeza, aquel día el juez no informó al gabinete de comunicación del organismo judicial competente (Tribunal Superior de Justicia de Madrid) sobre la nueva situación jurídica (investigada) de Begoña Gómez, lo cual provocó desinformación, cuando no un apagón informativo, de tal manera que los medios no pudieron trasladar una información completa y veraz a la opinión pública. ¿Por qué actuó así el magistrado? Durante semanas ha sido un misterio en calidad de qué estaba Gómez en este procedimiento, algo chocante o insólito si tenemos en cuenta que en el noventa y nueve coma nueve por ciento de los procesos penales abiertos en este país el afectado conoce su situación jurídica desde el primer momento y sabe a lo que atenerse. Lo habitual es que el instructor emita un auto en el que aporte los indicios de delito, notifique al afectado para tomarle declaración, le informe presencialmente de su condición jurídica de investigado, le lea sus derechos para que pueda asistirse de letrado y lo vuelva a citar a posteriores interrogatorios. Hasta donde sabemos, ese protocolo ordinario ha sido alterado. Aquí dejaremos al margen las informaciones de las páginas web nibelungas financiadas por la extrema derecha, siempre las primeras a la hora de dar las primicias sobre este tema (qué casualidad), algunas de las cuales ya filtraron, días atrás, la condición de investigada de la primera dama. Solo hace unas horas, cuando se ha levantado el secreto de sumario, han sabido los periodistas de este país (todos los periodistas, no solo los acólitos) que sobre Gómez pesa una nueva condición judicial. Eso sí, el letrado de la familia presidencial, Antonio Camacho, se ha personado en la causa desde los prolegómenos del asunto, lo que demuestra que en Moncloa se estaba al tanto de cada paso y también calló. Lógicamente, todo ese embrollo jurídico podría provocar indefensión y la posterior nulidad de la causa por defectos formales.
EL INFORME DE LA UCO. Para la Guardia Civil, Begoña Gómez no ha cometido ningún delito. De hecho, en su informe técnico del 21 de mayo concluye que no ha encontrado ni un solo indicio en sus actividades empresariales que pueda suponer la comisión de irregularidad alguna. El atestado de los agentes, demoledor, es una losa para todos aquellos obsesionados con sentar a la inquilina de Moncloa en el banquillo de los acusados, ya que sin pruebas obtenidas mediante protocolos policiales no hay delito. “La posible mediación, por parte de María Begoña Gómez, en el millonario rescate del Gobierno de España en 2020 a Air Europa no es posible comprobarla”, consta en el informe. Tampoco se puede demostrar el papel de la primera dama en las adjudicaciones que recibió la empresa de Juan Carlos Barrabés, compañero del máster que codirigía Gómez, ya que la Guardia Civil asegura que las licitaciones obtuvieron la mejor puntuación en los lotes a los que optaban. Pese a todo ello, el juez Peinado, en otra decisión arriesgada, decide seguir adelante con las pesquisas. Cualquier magistrado, al recibir la documentación de la Benemérita, habría archivado la causa. Pero este hombre no, lleva el celo profesional más allá del deber para regocijo del Partido Popular, que recordemos no se ha personado todavía en el procedimiento (Vox sí). Será que Génova no lo tiene tan claro. Mientras tanto, la prensa digital sigue tirando del hilo de los negocios de la mujer del presidente. Hoy mismo, El Confidencial publica que Begoña Gómez negoció con Indra, Telefónica y Google un software gratis para su máster. Pero ya lo dice este medio, “negoció”, nada se menciona sobre comisiones, mordidas o enriquecimiento ilícito. Este es el meollo de la cuestión. El incremento patrimonial del investigado suele marcar definitivamente el futuro de un procedimiento penal por delitos contra la Administración pública y, hoy por hoy, salvo nuevo dictamen en contra de la Guardia Civil, no se acredita que Gómez se haya lucrado. En cualquier caso, el juez Peinado, que debe leerse todos los diarios cavernícolas, ya habrá aportado la información de El Confidencial, de oficio, a la causa. Más madera. Recortes de prensa muchos; informes policiales, pocos o ninguno. Justicia editorialista.
LA POSICIÓN DE LA FISCALÍA. La postura del Ministerio Público en todo este turbio asunto ha sido meridianamente clara desde el principio: no hay nada. Contrariamente, el magistrado desoyó el criterio de la Fiscalía, que el pasado 25 de abril solicitó dar carpetazo a la causa. Acto seguido, el fiscal (a quien el PP acusa de ejercer como abogado defensor de Gómez, viva el respeto a la separación de poderes y al principio de no injerencia) presentó ante la Audiencia Provincial de Madrid un recurso contra la decisión del juez Peinado, sugiriendo que estamos ante una instrucción prospectiva, es decir, basada en meras conjeturas, intuiciones o rumores. El juez prospectivo primero dispara a todo lo que se mueve y luego pregunta. Agita el árbol sin saber si hay nueces. Ya caerá algo. Ni que decir tiene que esta práctica judicial está prohibida por ley y por la jurisprudencia del Supremo. En las últimas horas, tres magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid se han pronunciado sobre este recurso al concluir que la investigación debe seguir su curso, aunque afee a Peinado que haya decretado el secreto de sumario. No entra el tribunal en si es ajustado a derecho o no que desde el pasado 22 de mayo el instructor haya llamado a declarar como testigos a seis personas sin citar antes a la “investigada” (parece que había prisa, quizá sea porque estamos en campaña electoral). El cauce habitual en los interrogatorios suele ser este: primero el imputado, después los demás. Pero por lo visto tampoco esto se ha tenido en cuenta en la causa más sui generis de los últimos años en la Justicia española (y ya van unas cuantas).
LA QUERELLA DE MANOS LIMPIAS. Origen del big bang judicial contra Begoña Gómez. El sindicato ultra dio comienzo al proceso al acumular una serie de siete noticias publicadas por diversos medios de comunicación en las que se daba cuenta del supuesto trato de favor de Pedro Sánchez a la que es su mujer. En una de esas informaciones –por llamarla de alguna manera, ya que no cumple con los mínimos estándares de calidad de la profesión periodística–, se informaba de que Begoña Gómez había recibido una subvención, pero al momento la noticia quedó desmentida cuando se corroboró que la beneficiaria de esa ayuda no era la esposa del líder socialista, sino una señora hostelera de Cantabria con el mismo nombre y apellidos. Los propios abogados de Manos Limpias, conscientes de la imagen penosa que estaban dando, se apresuraron a pedir que no se tuviera en cuenta ese pequeño error. Otro espectáculo bochornoso, otra chapuza que añadir a este esotérico sumario. Por si fuera poco, la Oficina de Conflicto de Intereses ya ha negado que haya nada irregular en la conducta de Begoña Gómez. Pero qué más da todo eso. Show must go on. Tú difama, que algún voto queda.
COLOFÓN. El juez dio traslado del expediente a Vox cuando el sumario aún era secreto. Sin comentarios.