El Gobierno de España y la Generalitat de Cataluña celebran hoy lunes, en el Palau de la Generalitat, una reunión clave para definir el marco técnico y político de una financiación singular para Cataluña, comprometida en el pacto de investidura entre el PSC y ERC. El encuentro, que supone un nuevo paso en el desarrollo del Estatut y de la autonomía fiscal, abre una vía de diálogo estructurado en torno a la gestión y recaudación de impuestos, el refuerzo de la Agencia Tributaria catalana y el rediseño del modelo territorial bajo criterios de corresponsabilidad y eficiencia.
Hacia un modelo tributario a la carta
El objetivo declarado del encuentro es avanzar en la gestión plena de los tributos generados en Cataluña, reforzando el papel de la Agencia Tributaria de Cataluña (ATC) y diseñando un modelo más próximo al régimen foral, aunque sin asumir esa terminología. En la práctica, el pacto implica que la Generalitat recaude, gestione, liquide e inspeccione todos los impuestos, limitando la solidaridad interterritorial mediante el principio de ordinalidad —es decir, evitando que Cataluña pierda posiciones en la escala de renta tras la redistribución estatal.
Este planteamiento, acordado entre el PSC y ERC, exige modificar tres leyes fundamentales: la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA), la ley de cesión de tributos y la normativa general de financiación autonómica. No obstante, ese salto legislativo requiere una mayoría parlamentaria incierta y fragmentada, con la oposición frontal del PP, Vox y varios barones socialistas, como Emiliano García-Page.
La ATC, actualmente con menos de 850 empleados, debería cuadruplicar su tamaño para asumir las funciones que hoy desempeña la Agencia Tributaria estatal en el territorio catalán. A pesar de haber sumado personal y competencias en los últimos años, su capacidad operativa está lejos de lo que exige el modelo acordado. Según los propios datos del Govern, solo un tercio del personal de la ATC pertenece a cuerpos especializados en gestión e inspección tributaria.
Entre promesas de igualdad y críticas de privilegio
Desde el Gobierno, la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha insistido en que esta vía de financiación singular no supone privilegios, sino una aplicación del Estatut y una oportunidad abierta al resto de comunidades que quieran desarrollar sus propios mecanismos dentro del marco constitucional. Sin embargo, el discurso choca con una realidad política evidente: lo que nace como singular para Cataluña no parece tener una traducción inmediata para el resto del país.
Los socios del Ejecutivo también dibujan un escenario inestable. ERC, promotora del modelo, sigue sin lograr que Junts garantice su apoyo, y la fragmentación del grupo parlamentario de Sumar, unida a la oposición interna de Podemos, hace imprevisible el futuro parlamentario de la propuesta. Además, en sectores del propio PSOE se reprocha que esta cesión a ERC llegue sin haber definido primero una reforma general del sistema de financiación autonómica, que lleva más de una década bloqueada.
El fondo del debate es de gran calado: ¿puede el Estado ofrecer una financiación “singular” a una comunidad sin alterar los principios de equidad y cohesión del sistema autonómico? Para algunos, como ERC, la respuesta es sí, siempre que otras comunidades puedan seguir el mismo camino. Para otros, la singularidad de facto amenaza con convertirse en un privilegio de facto, sostenido por la aritmética parlamentaria y no por un consenso territorial amplio.
La reunión de este lunes entre el Gobierno central y la Generalitat abre una fase crucial para redefinir el equilibrio territorial en España. La financiación singular para Cataluña es mucho más que un ajuste técnico: es un gesto político de gran calado que exigirá modificar leyes, repensar el reparto fiscal y medir con precisión los límites del autogobierno en un Estado descentralizado. El reto será evitar que la respuesta a un pacto bilateral derive en un conflicto multilateral.