La FSS-CCOO valora la apertura del diálogo social en la Dependencia aunque denuncia que no se haya concretado la financiación para poner en valor a las profesionales del sector. La campaña de movilizaciones llevada a cabo por CCOO y las trabajadoras del sector de la Dependencia ha permitido abrir un proceso de diálogo social entre agentes sociales (sindicatos y patronales) y el Gobierno, que está permitiendo avanzar en un acuerdo para acometer problemas endémicos en el sector, desde la insuficiente financiación del Estado, las altas listas de espera, mejorar la profesionalización en el sector, etc.Sin embargo, este sindicato lamenta que no se haya concretado una partida presupuestariapara mejorar las condiciones laborales y retributivas del personal que trabaja en el sector de la Dependencia.
En este proceso de negociación se reconoce abiertamente la necesidad de mejorar las condiciones laborales y retributivas del personal que trabaja en el sector de la Dependencia, un sector altamente feminizado, con elevadas cargas de trabajo, que se han incrementado exponencialmente con la pandemia, con multitud de lesiones musculoesqueléticas, y con un alto nivel de automedicación derivada de las cargas de trabajo, que además se agrava por unos salarios bajos y en algunos sectores como la ayuda a domicilio con jornadas muy precarias con un alto índice de jornada parcial. Sin embargo, desde CCOO se denuncia que no se concreta una partida presupuestaria concreta para poder acometer este objetivo.
Todo ello contribuye a que en la actualidad existan muchas dificultades para contratar a profesionales que trabajen en el sector, con un riesgo evidente de que vuelva a recaer en el entorno familiar a las personas dependientes. Desde CCOO se defiende la necesidad de profesionalizar el sector y aumentar la calidad de los cuidados que deben recibir las personas dependientes; para ello, es imprescindible que en este acuerdo se vincule en este y en futuros ejercicios destinar parte del presupuesto que se va a inyectar en el sector a mejorar las condiciones laborales y retributivas del personal para garantizar en el futuro la atención de las personas dependientes con calidad.
La crisis del COVID-19 ha puesto de manifiesto las limitaciones y falta de medios en muchas áreas, pero especialmente en la sanitaria y en el ámbito de la dependencia. Quienes han sufrido las peores consecuencias han sido las personas más vulnerables. El tramo de edad donde la Covid-19 ha sido más letal está ampliamente representado entre las personas alojadas en los centros residenciales, siendo además lugares donde la concentración de personas es muy elevada, lo que es un factor importante en la diseminación de la enfermedad.
Para CCOO las líneas generales de actuación que deben vertebrar este plan de choque son las siguientes:
1) FINANCIACIÓN. Revertir los recortes impuestos durante la crisis anterior. Desde el año 2012 el recorte acumulado ha sido de 5.864 millones de euros, para, por un lado, recuperar la calidad de la atención como eje articulador y objetivo prioritario del Sistema de Dependencia y, por otro, mejorar las condiciones laborales y retributivas del sector:
1.1. Incrementar en esta legislatura la provisión de servicios mediante financiación, gestión y provisión públicas.
1.2. Culminar la Negociación del VIII Convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal (residencias privadas de personas mayores y del servicio de ayuda a domicilio). La duración del Convenio se marca en 4 años, coincidiendo con la legislatura.
1.3. EMPLEO:
1.3.1. Aprobar una norma estatal para adecuar las ratios profesionales, desglosadas por categorías profesionales, con un mínimo de 3 gerocultoras por cada 10 residentes y un incremento de las ratios de personal asistencial, que se deben adecuar al nivel de dependencia y patologías de las personas residentes.
1.3.2. Los contratos a tiempo parcial, sobre todo en el sector de Ayuda a domicilio no podrá ser inferior al 60% de la jornada.
1.4. RETRIBUCIONES:
1.4.1. Garantizar un salario mínimo de convenio de 14.000 euros anuales.
1.4.2. Tender a la equiparación progresiva con las retribuciones del sector público que trabajan en el mismo sector.
1.5. PREVENCIÓN RIESGOS LABORALES:
1.5.1. Actualización de las evaluaciones de riesgo específicas, exposición a agentes biológicos y a fármacos biopeligrosos.
1.5.2. Implantación de medidas colectivas adecuadas; la prevención de riesgos se ha demostrado como un eje central en los centros de trabajo demostrando la escasa cultura preventiva en los centros de trabajo.
1.5.3. Formación e información contínua frente a los riesgos de exposición en un sector con alta rotación y temporalidad. Es imprescindible adecuar las plantillas de los distintos servicios frente al retorno de la actividad asistencial pospuesta por la crisis sanitaria y el refuerzo de personal para enfrentar una segunda oleada de Covid-19.
1.5.4. Asegurar un stock suficiente de EPIs para hacer frente a situaciones de crisis que puedan exponer a los y las trabajadoras de nuevo a un agente biológico nuevo y realización de pruebas PCRs al personal en caso de contagio o posible contagio.
1.5.5. Evaluaciones de riesgo psicosocial para intervenir en el origen y no dar lugar al desarrollo del daño.
1.5.6. Reconocimiento como enfermedad profesional, a todos los y las profesionales que se hayan contagiado.
1.6. CUALIFICACIONES:
1.6.1. Profesionalización del Sistema. Análisis necesidades de profesionales para los próximos años, y formación de los mismos.
1.6.2. Registro de profesionales con titulaciones.
2) CALIDAD DE LA ATENCIÓN A LA PERSONAS DEPENDIENTES:
2.1. Liderar y hacer un seguimiento desde el Gobierno central del proceso, que marcará la agenda de trabajo con el resto de administraciones y actores implicados, garantizando su cumplimiento.
2.2. Evaluación del proceso de implantación del SAAD con la participación del conjunto de administraciones y actores implicados, y realizar una auditoría para conocer los efectos de la crisis sanitaria en el sistema y la respuesta que se ha dado desde los distintos centros y servicios que lo conforman.
2.3. Agilizar la modificación de los grados de dependencia, que contribuirá a garantizar la calidad de la atención en los términos planteados por la Ley de Dependencia.
2.4. Establecimiento de un modelo de coordinación socio-sanitaria bajo la coordinación y supervisión de los servicios públicos de salud.
2.5. Atribución a la jurisdicción social de los litigios en materia de Dependencia.
3. VIGILANCIA Y TRANSPARENCIA EN LA SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS:
3.1. Revisar los instrumentos que garantizan el control público de la calidad en los servicios y articular los mecanismos efectivos de intervención, entre ellos, la inspección, que es uno de los mecanismos a implementar porque permite garantizar la calidad en las prestaciones.
3.2. Definir en los Pliegos de los servicios subcontratados Criterios responsables para definir las ofertas anormales o desproporcionadas, en función del porcentaje de baja económica de las ofertas presentadas, basándose preferentemente en los estudios de costes desglosados que hay que incluir en los Pliegos. Se trata, en cualquier caso, de NO aceptar ofertas por debajo de los costes detallados en los pliegos, con independencia del porcentaje efectivo que eso suponga respecto al precio de licitación.
3.3. Definición cartera de servicios nacional y estándares de calidad.
3.4. Análisis de costes y fórmulas financiación de los servicios.
3.5. Acreditación de centros.
3.6. Portal de transparencia.
3.7. Inspecciones y auditorías permanentes de calidad.
4. Continuar poniendo en valor el DIÁLOGO SOCIAL, fundamental para abordar y consensuar las soluciones y decisiones, que deban ser tomadas en los próximos años.