En el acuerdo alcanzado por Félix Bolaños y Esteban González Pons para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial hubo una condición que debería haberse cumplido escrupulosamente: en un plazo máximo de seis meses. El nuevo organismo debería elaborar un informe con propuestas para reformar el sistema de elección de los vocales, la estructura y el funcionamiento. Ahora, el CGPJ pide una prorroga al Congreso porque es materialmente imposible entregar este informe en enero.
De momento, los trabajos se están centrando en la llamada comisión de designaciones que debe proponer un centenar de magistrados para que ocupen las plazas vacantes no sólo en el Tribunal Supremo sino también en las instancias territoriales superiores como son la Audiencia Nacional, los tribunales superiores de justicia y las audiencias provinciales. Y ya está siendo difícil alcanzar un acuerdo en torno a este asunto como para entrar en una materia donde se sabe que las diferencias entre los dos sectores, el progresista y el conservador, son profundas. Las gestiones van a una lentitud tan desesperante que es ahora cuando se han puesto de acuerdo para nombrar al sustituto de Manuel García Castellón al frente del juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional, que al final ha ido a parar al expresidente de la Audiencia Provincial de Ourense, Antonio Piña. Una designación aparentemente fácil, aunque en el último momento ha contado con algún oponente.
El nombramiento de Piña ha sido un debate relativamente fácil en el seno de la comisión permanente del CGPJ. Hay otros asuntos que están siendo negociados porque no hay acuerdo, entre otros los nombramientos de los titulares de las salas de Lo Penal, Civil, Contencioso Administrativo y Social del Tribunal Supremo. Dos de ellas, la Penal y la de Lo Contencioso, son especialmente sensibles debido a los temas que juzgan. Y las diferencias entre los sectores progresista y conservador son profundas: los primeros presentan como candidatas a Ana Ferrer, y Pilar Teso apoyándose en la ley de paridad. Los segundos las vetan y su alternativa pasa por Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas. Según ellos, un informe del gabinete técnico del Consejo señala que no es necesaria la paridad en estos casos y que lo que importan son los méritos la capacidad. Así pues, bloqueo, empate, diez a diez. Y se necesitan, al menos, trece votos para sacar adelante cada una de las propuestas. En las otras dos salas parece que las discrepancias no son tan severas, pero, al final, pueden acabar por convertirse en moneda de cambio.
Lo que es cierto es que las negociaciones que se llevan a cabo para este asunto, con la mediación de la presidenta, Isabel Perelló, impide avanzar en otros nombramientos. Hay nostálgicos que echan de menos el mandato de Carlos Lesmes cuando éste decidía, discrecionalmente, los destinos sin contar con nadie. Y así está la judicatura como está. El último paso que se ha podido dar es el de la convocatoria de la plaza para la sala tercera de Lo Contencioso Administrativo que quedó vacante por el nombramiento de Dimitry Berberoff como vicepresidente del Supremo. Un proceso difícil porque los conservadores y los progresistas apuestan fuerte por sus candidatos ya que esta sala es la más controvertida dentro de la alta corte de justicia. Últimamente ha dictado sentencias en contra de las decisiones de la administración progresista que han sido muy cuestionadas y se tiene la impresión de que sus miembros están en guerra abierta con el gobierno de Pedro Sánchez.
La negociación para dirigir los órganos de penal y administrativo se considera la primera gran prueba de fuego de un CGPJ donde pesa mucho el fantasma de sus cinco años y medio que se mantuvo bloqueado. De un acuerdo depende el que se sigan dando pasos para sacar adelante los puntos controvertidos a los que tiene que hacer frente el órgano de gobierno de los jueces. Y no sólo la cobertura de las plazas vacantes sino también el informe en el cual deben proponer al Parlamento una reforma de la ley orgánica del Poder Judicial. Una reforma cuyo principal punto, el sistema de elección de los vocales en la renovación de dentro de cinco años, va a generar un enfrentamiento aún mayor que el de los presidentes de sala del TS.
Cuando se sentaron a negociar Bolaños y González Pons, el excomisario de justicia, Didier Reynders, les dejó clara la pauta del proceso exigido por Bruselas. Primero la renovación urgente según el sistema actual, y, posteriormente, la reforma del sistema “para adecuarlo a los estándares europeos”. Como no había forma de ponerse de acuerdo, las dos partes decidieron que fuese el nuevo consejo el que elaborase una propuesta. El pleno está muy bipolarizado entre progresistas y conservadores, y la correlación de fuerzas muy igualada. En este caso ocurre lo mismo que con la designación de presidentes de las salas del Supremo: que la propuesta debe ser aprobada por 13 de los veinte vocales.
De momento, una comisión está estudiando un borrador para sondear la posibilidad de llegar a un texto de consenso. La derecha juega muy fuerte porque quiere que la totalidad de los vocales que se renueven en 2029 sean elegidos por miembros de la carrera judicial directamente. Los progresistas se niegan a aceptar una propuesta semejante porque argumentan que sería entregar el poder judicial a las asociaciones profesionales mayoritarias, de corte conservador. Fuentes de este sector indican que estarían dispuestos a aceptar la elección directa por parte de los miembros de la carrera judicial si se tienen en cuenta criterios proporcionales para que participen las asociaciones minoritarias y se reserve un número determinado de vocalías para que sus miembros sean elegidos por los letrados de la administración judicial LEAJs, y “otros colectivos de trabajadores jurídicos” sin concretar a quiénes se refieren.
Y están en ese punto. Ni siquiera han diseñado un nuevo esquema de funcionamiento del órgano de gobierno de los jueces, ni la estructura de la carrera judicial, así como el sistema de acceso, la escuela judicial y la integración de los jueces sustitutos. Tal y como van de retrasadas las deliberaciones, los miembros encargados de la elaboración del informe han pedido a Isabel Perelló que se ponga en contacto con el Congreso de los diputados para pedir una prórroga. Creen que, si todo va bien y se llega a un entendimiento, el informe podrá estar listo para el otoño de 2025. Ahora depende de lo que digan los dos firmantes del acuerdo, PP, y PSOE, pero es casi probable que acepten porque no les queda otra salida. Hay mucho trabajo urgente por realizar y las negociaciones son lentas y complicadas.