Sigue saliendo basura y mugre de las cloacas del Estado. En los últimos días ha quedado al descubierto una oscura trama para arruinarle la vida a un histórico de Podemos, Miguel Urbán, a quien los sicarios policiales han tratado de colocarle, en falso, 40 kilos de cocaína. El asunto está siendo judicializado por el magistrado Santiago Pedraz, instructor de la Audiencia Nacional, que sigue la pista a las oscuras maniobras policiales contra Podemos durante el Gobierno del PP de Mariano Rajoy. Y todo ello ocurre mientras un empresario, Javier Pérez Dolset, dice tener en su poder más de diez mil horas de audios y grabaciones del caso Villarejo que la Justicia ha guardado en un cajón para no perjudicar a determinados poderes fácticos de este país.
Pero el asunto Urbán no queda solo en un intento por desacreditar al ex de Podemos, un intelectual de la izquierda que ha escrito libros interesantes, entre ellos uno sobre el auge de la extrema derecha en toda Europa. El sórdido montaje tenía una pieza de caza mayor como objetivo: Pablo Iglesias Turrión, el entonces líder de la formación morada cuya llegada al poder generó pánico entre la casta financiera y política de este país. Las élites temblaban ante reformas como la subida de impuestos a los ricos y a la banca. Había que pararle los pies a los líderes de Podemos como fuese, incluso incurriendo en sucias jugarretas cloaqueras para desacreditarlos.
Miguel Urbán Crespo (Madrid, 1980) es un activista y político español, cofundador del partido político Podemos, del que ya no forma parte desde 2020. Fue diputado en el Parlamento Europeo entre 2015 y 2024, además de responsable de la Secretaría de Europa de la ejecutiva nacional de Podemos. El 13 de febrero de 2020 abandonó el partido de Iglesias junto a los demás miembros de Anticapitalistas. Para entonces, probablemente ya estaba en la diana de los policías de las cloacas al servicio de los poderes fácticos de este país.
Según elDiario.es, el juez Pedraz ha citado a declarar como investigado a un miembro de la Policía Nacional por “haber consultado datos del entonces líder de la formación, Pablo Iglesias, utilizando como argumento que uno de sus colaboradores, Miguel Urbán, estaba siendo investigado por tráfico de drogas”. La investigación a Urbán por vender supuestamente 40 kilos de cocaína fue un montaje para sustentar una causa por financiación irregular a Podemos en plenas negociaciones con el PSOE para formar gobierno en 2016.
Según el citado medio, Podemos, que ejerce la acusación popular en la Audiencia Nacional por la guerra sucia contra el partido, “pidió incorporar las diligencias secretas de investigación abiertas por la Fiscalía Antidroga (con falsedades facilitadas por la Policía) después de que elDiario.es desvelara el montaje. El fiscal del caso de la guerra sucia contra Podemos se opuso a la incorporación de esa información y Pedraz ha resuelto que no es necesario llevarlas a la causa de las maniobras que buscaban perjudicar al partido”.
“Pero el hecho de que no esté justificada la búsqueda a Pablo Iglesias a partir de una investigación contra Urbán ha motivado que el juez llame a declarar como investigado al policía que realizó las búsquedas sobre Iglesias, argumentando una presunta transacción de sustancia estupefaciente de otra persona del mismo partido”, según consta en el auto al que ha tenido acceso elDiario.es. La declaración como investigado del policía tendrá lugar el próximo 3 de julio. El agente tendrá que responder a la pregunta de quién le dio la orden de consultar a Iglesias en una base de datos restringida.
Las maniobras policiales para evitar que Podemos alcanzara el Gobierno en 2016 cumplen nueve años con novedades en la causa judicial que las investiga. La decisión del magistrado llega el mismo día en que ha tomado declaración, como testigo, al exjefe de Asuntos Internos de Policía Nacional Marcelino Martín Blas. Además, el juez ha aplazado la declaración como investigado que estaba prevista del inspector de la Policía Nacional Bonifacio Díez Sevillano, y que se ha fijado para el próximo 30 de junio, informa TVE.
Hace más de un año que el juez admitió la querella que presentó Podemos por delitos de organización criminal, apoderamiento y revelación de secretos, prevaricación administrativa y falsedad documental. También se presentó por malversación y por delito contra las instituciones del Estado, aunque el magistrado desechó estos dos últimos delitos al no poder ser subsumidos ambos tipos penales en los hechos relatados.
La guerra sucia contra Podemos durante el último Gobierno del Partido Popular es objeto de una causa judicial abierta hace 16 meses en el juzgado de Santiago Pedraz. Tiene su origen en algunos de los mensajes incautados al antiguo número dos del Ministerio del Interior durante la investigación del caso Kitchen, en los que trata con mandos policiales sobre cómo desacreditar a la formación morada cuando el partido de Iglesias aspiraba a superar al PSOE en número de votos y a ser la fuerza predominante en un Gobierno de progreso.