Desde que abrió causa contra Begoña Gómez, el juez Peinado ha seguido una estrategia muy concreta para sentar en el banquillo a la esposa del presidente del Gobierno. Llamar a decenas de testigos e imputados, sin parar, para eternizar el procedimiento. De esta manera, el desgaste político para el Gobierno está garantizado. No se trata aquí de llegar a la verdad de los hechos, ni de saber si Gómez organizó un máster para la Complutense cometiendo alguna irregularidad (la UCO y la Fiscalía ya han dicho que no ven ilegalidad alguna en ese curso académico). Por tanto, se trata de estirar la causa como un chicle, de mantenerla viva a toda costa, para que la prensa de la caverna siga teniendo titulares cada mañana. Y la forma más sencilla de hacerlo es emitir papel sin cesar, engordar el expediente, llamar a testigos, cuantos más mejor, aunque ya no puedan aportar mucho más a lo que ya se ha dicho en sede judicial.
El caso Begoña Gómez va camino de convertirse en una macrocausa, por el volumen de diligencias practicadas, equiparable a complejos asuntos de corrupción y tramas organizadas como la operación Gürtel. En realidad, estamos ante un caso sencillo como otros miles que se tramitan cada día en los tribunales. Un procedimiento que se podría haber despachado en un par de meses (incluso menos, si Peinado hubiese dado cero credibilidad a la querella fake del sindicato ultraderechista Manos Limpias, arrojando la denuncia a la papelera). Averiguar si una profesora de máster hizo algo extraño o sospechoso no debería llevar más de dos semanas, un mes a lo sumo. Pero el asunto ha terminado convirtiéndose en un monstruo, montañas de papel, diligencias, declaraciones de testigos e imputados. Peinado no va a dejar a nadie sin pasar ante su señoría, desde luego ni un solo empleado de Moncloa, aunque no tenga ni idea sobre el máster de marras. En los programas de humor de la televisión ya se bromea con que en cualquier momento serán citados a declarar hasta los jardineros, chóferes y cocineros de palacio. ¿Estamos ante un claro ejemplo de dilaciones indebidas que podrían dar al traste con toda la instrucción por defectos de forma? No se descarta, la Audiencia Provincial ya le ha dado varios toques de atención al juez.
En las últimas semanas, Peinado ha vuelto a citar a más testigos. Sigue el carrusel y el próximo 28 de mayo le tocará el turno al expresidente de Indra y actual presidente ejecutivo de Telefónica, Marc Murtra, al director de estrategia de Indra, Manuel Ausaverri, y al expresidente de Indra y exconsejero delegado de Telefónica Fernando Abril-Martorell. ¿Qué sabrá toda esta gente ocupada en asuntos de altas finanzas sobre el cursillito universitario? La situación es cada día más surrealista.
En el escrito, al que ha tenido acceso RTVE, el magistrado cita a todos ellos después de que lo hayan solicitado las acusaciones populares, entre las que se encuentra Vox, que pedían ahondar en las inversiones de ambas tecnológicas en el software de la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) del que se denuncian se ha apropiado Gómez.
Dos semanas antes, el juez ha llamado como testigos al responsable de Minsait –filial de Indra– y actual consejero ejecutivo y director general de la tecnológica, Luis Abril; al jefe de proyecto de Google, Miguel Rodríguez Bueno; y al vicepresidente de Telefónica, Rosauro Varo.
En un escrito, las acusaciones argumentaron que eran necesarias estas citaciones porque son “las personas que de forma directa desarrollaron los trabajos técnicos e institucionales” relacionados con el programa elaborado en la Complutense dirigido por Gómez.
La dirección letrada de Vox explicaba que dichos nombres fueron aportados al Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid el pasado 2 de abril por los testigos Fuencisla Clemares, quien fuera directora de Google en España y Portugal y actual vicepresidenta de 'go to market operations' para Europa, Oriente Medio y África de la tecnológica; Ignacio Mataix, exconsejero delegado de Indra; y Cristina Ruiz, exconsejera delegada de Indra y exconsejera ejecutiva de Minsait.
Las acusaciones aseguraban que la “utilidad y pertinencia” de nuevas citaciones queda “justificada” por las “continuas referencias de los deponentes sobre las personas que conocían y ejecutaban de forma directa los trabajos y la actividad de las entidades empresariales en relación con la cátedra extraordinaria que nos ocupa”. Los tres cargos y excargos que comparecieron el pasado 2 abril explicaron que, por sus funciones, no tenían ningún conocimiento de los detalles de la negociación para invertir en el software del que se habría apropiado Gómez. O sea, más tiempo perdido, más recursos desperdiciados en una oficina judicial ya de por sí atascada al máximo. Pero el show debe continuar; Vox propone y el juez dispone. Así funcionan las cosas en el 41 de Madrid.