El juez Juan Carlos Peinado ha impuesto una multa de 5.000 euros al abogado de la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, y de 500 euros a los abogados de las acusaciones populares que ejercen Vox y Hazte Oír, por sus declaraciones a los medios sobre la testifical de la acusada. De esta manera, el magistrado cumple su amenaza de sancionar a las partes que filtren datos del sumario a los medios de comunicación. Una decisión que es preciso encuadrarla en el contexto de la polémica a cuenta de las filtraciones del sumario del novio de Isabel Díaz Ayuso por delito fiscal, un caso que le ha costado la imputación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a quien el PP de Ayuso acusa de ser el topo que ha aireado detalles de la vida privada de la pareja de la lideresa. El magistrado que investiga a la pareja de Sánchez ha debido entender que estamos en un momento complicado para las relaciones con la prensa, y ha cerrado el grifo de las noticias. Las últimas decisiones de la Audiencia Provincial se pueden interpretar como un toque de atención a su instrucción, un aviso para que sea municioso en el respeto a los derechos constitucionales de los imputados, y el juez no quiere problemas con sus superiores.
Ahora bien, cabe preguntarse qué pasará con todo el serial que los periódicos y digitales de la caverna han ido publicando sobre la esposa del presidente del Gobierno en los últimos meses. Por momentos, ha dado la sensación de que los letrados de Vox y el juzgado de Plaza Castilla trabajaban en comandita, ya que, decisión que adoptaba el instructor, decisión que aparecía publicada en la prensa ultraderechista. ¿Se van a tomar medidas y sanciones sobre todas esas informaciones y bulos? No parece.
En un auto del juez Peinado, del que informa RTVE, el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid explica que adopta esta decisión en el marco de una pieza separada, tras haber escuchado las alegaciones de los letrados y haber reclamado las grabaciones de los programas de televisión en las que los abogados realizaron declaraciones “relacionadas con las diligencias practicadas en el mismo día” en la sede judicial.
El instructor, que investiga la actividad profesional de Gómez en la Universidad Complutense de Madrid y su posible participación en el rescate de Air Europa por parte del Gobierno en 2020, considera que por parte de los tres letrados “ha habido un exceso en su comportamiento en cuanto al ejercicio de su derecho de defensa, trasmitiendo lo que debe mantenerse en secreto”. “Por lo que se refiere a los letrados de las acusaciones particulares, aun cuando en las grabaciones recibidas en este juzgado, no aparecen sus manifestaciones, ellos mismos reconocen haberlas hecho”, señala el juez.
En su auto, el juez critica la “reiterada conducta” por parte de los letrados de trasmitir a la salida de la sede judicial lo que acababa de acontecer en el interior de la sala del Juzgado, a pesar de haberles advertido del contenido del artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que habla del deber de sigilo de las diligencias judiciales.
Y cita lo ocurrido el pasado 18 de diciembre de 2024, cuando tuvo lugar la declaración de Gómez, y se produjo, “una vez más por parte de alguno de los letrados, la puesta en conocimiento de lo que había ocurrido en la sala del Juzgado”. Esto dio lugar, recuerda, a que se acordara la presente pieza separada de posible imposición de multa.
Según el auto, las acusaciones aseguraron que habían hecho las declaraciones después de que el abogado de Begoña Gómez lo hiciera, algo que, a juicio de Peinado, “atempera la infracción” pero no elimina la vulneración de lo prohibido. “Ello, unido al hecho de que, dentro del plazo que se les concedió, presentaron su escrito de alegaciones o manifestaciones, con reconocimiento expreso de los hechos; la sanción que procede, debe serlo en su cuantía mínima, de 500 euros”, resuelve el juez.
Respecto al abogado de Begoña Gómez, el instructor incide en que es quien de forma clara y extensa transmite todo lo acontecido en la Sala de Audiencias, y además, con clara indiferencia o menosprecio, deja transcurrir el plazo que se le concede para realizar alegaciones, sin que haga uso de ese derecho. Así las cosas, le impone una multa “intermedia” de 5.000 euros.
La decisión de Peinado tiene lugar antes de que se celebre el interrogatorio como testigo al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, por la contratación de la asesora de Begoña Gómez en Moncloa.