El Gobierno se ha plegado a las exigencias del juez Peinado. El ministro Bolaños, que tendrá que prestar declaración en los próximos días por el caso Begoña Gómez (un asunto de presunto tráfico de influencias en la organización de un máster para la Universidad Complutense de Madrid), se lo ha concedido todo al magistrado. Vehículo oficial, chófer, trato preferente en la puerta de Moncloa (no tendrá que esperar a la identificación como los demás mortales) y equipo informático. De esta manera, Peinado vuelve a ganarle la batalla mediática al Ejecutivo Sánchez.
Llama la atención la posición de superioridad que el juez mantiene en su trato con el Gobierno, al que cree tener pillado en un turbio asunto de corrupción. No en vano, ha llegado a acusar a La Moncloa de “poner en riesgo su integridad física” después de que, tras acudir a la sede presidencial para tomar declaraciones al presidente Pedro Sánchez el pasado mes de septiembre, su vehículo fuese retenido “un tiempo sensiblemente superior al necesario” para poder acceder al complejo residencial, tal como informa El Plural. “Ante las preocupaciones expresadas por el juez Juan Carlos Peinado, el Gobierno se ha adelantado y ha preparado una corte de servicios para evitar más roces con el magistrado. El ministro de Presidencia, Justicia y Relación con las Cortes, Félix Bolaños, ha sido el encargado de remitir una misiva al instructor en la que se le ofrece un coche oficial que le sirva como escolta hasta La Moncloa. Es en la sede de la presidencia hasta donde Peinado se deberá trasladar para tomar declaración a Bolaños como testigo el próximo miércoles 16 de abril”.
¿Hay razones lógicas para pensar que el instructor estuvo en peligro por los minutos que esperó frente a la verja antes de que los vigilantes le permitieran el acceso el día que tomó declaración a Pedro Sánchez solo para confirmar que es el marido de Begoña Gómez? No las hay. Pero el juez más polémico de Plaza Castilla vive en esa especie de delirio que le lleva a creer que está investigando el caso GAL o asuntos de terrorismo internacional a vida o muerte, cuando en realidad indaga en un asunto burocrático sobre cursillos universitarios.
Hasta donde se sabe, Peinado no está amenazado, ni su integridad física se encuentra en grave riesgo. Sin embargo, él juega a mantener la ficción de que está tratando con rojos subversivos, delincuentes organizados y rufianes de la peor calaña del PSOE, de modo que tiene a la parroquia ultra enardecida y enchufada al caso Begoña Gómez full time. Cada decisión y providencia que toma, humillando a Sánchez y a su Consejo de Ministros, es recibida con una explosión de júbilo y con miles de likes y mensajes replicados en los foros posfascistas de Telegram. Peinado es un auténtico héroe en esos submundos de las redes sociales, totalmente controlados ya por el nuevo movimiento franquista, trumpista y negacionista. De ahí que él se esfuerce en cultivar esa imagen de juez amenazado, que siempre ayuda a engrandecer su figura.
El titular el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid investiga a Begoña Gómez por cuatro presuntos delitos (tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional) en una causa en la que también están imputados el empresario Juan Carlos Barrabés, el rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, el exconsejero madrileño y actual directivo del Instituto Empresa Juan José Güemes, y la asesora de Moncloa Cristina Álvarez.
Inicialmente, Peinado había propuesto que la declaración del ministro tuviese lugar en la sede ministerial de la calle San Bernardo, en el corazón de la capital. Sin embargo, fue el propio Bolaños quien sugirió desplazar el lugar de la declaración a la sede presidencial por razones de seguridad. “Es por este tipo de acusaciones que el Gobierno ha optado por seguir por la vía sencilla y tratar de amortiguar todas las quejas del magistrado. Para evitar una demora similar a la que el juez fue sometido en su última visita al palacio presidencial, el ministro ha ofrecido un vehículo oficial para facilitar el acceso y salida de la comisión judicial al Complejo de La Moncloa”. Desde el despacho del ministro se ha declarado también que se ruega a la oficina del magistrado “que nos envíen un correo electrónico concretando las necesidades requeridas”.
El juzgado de instrucción número 41 de Madrid ha solicitado los siguientes requerimientos técnicos para poder llevar a cabo la declaración del ministro Bolaños: tres portátiles, siete micrófonos, dos altavoces, dos cámaras de vídeo y dos rúters de 5G. En el texto donde se realizan estas especificaciones, se señala la asistencia de tres técnicos que se desplazarán hasta La Moncloa en sus coches personales.
Peinado quiere aclarar cómo fue la contratación de Begoña Gómez después de que testigos, entre ellos una asesora de Moncloa, hayan sacado a relucir el nombre de Bolaños, como superior jerárquico, durante sus declaraciones ante el juez. Cristina Álvarez negó ante el titular haberse servido de ese cargo (que desempeña desde julio de 2018) en su beneficio o de terceros, y rechazó haber intervenido en gestiones relacionadas con la cátedra de la Universidad Complutense de Madrid que codirigió la mujer del presidente del Gobierno antes de su creación.
Por su parte, el exvicesecretario general de la Presidencia del Gobierno indicó que no conocía a Cristina Álvarez y que no puede recordar quién le dio sus datos, ya que en esa época, cuando el primer Gobierno de Pedro Sánchez echaba a andar, tramitó cerca de un centenar de nombramientos.