El juez Peinado le ha cogido el gusto de visitar Moncloa. No quedó contento con el recibimiento que le dispensaron cuando quiso interrogar al presidente Pedro Sánchez y ahora vuelve a la carga con el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Podría haber escogido la sede de la madrileña calle San Bernardo, la del departamento de Justicia. Pero no. Quiere la de Presidencia en el complejo gubernamental porque dice que “queda en las afueras” y tiene mejor entrada. Eso sí, ruega, por favor, que le faciliten el acceso más rápido que cuando fue a tomar declaración a Pedro Sánchez. Se queja de que el vehículo en el que se trasladó estuvo retenido “un periodo de tiempo sensiblemente superior al necesario”. Por eso pide que se le facilite un coche del Parque Móvil y una escolta suficiente porque no se fía del público que se pueda concentrar alrededor del complejo: en la anterior ocasión “se formó un nutrido número de personas expectantes en las inmediaciones” lo que, a su juicio, generó un “riesgo para la integridad física” de sus ocupantes. El juez sostiene que eso ocurrió mientras el vehículo ocupado por el abogado de Gómez “accedía sin espera de ningún tipo y elevando la barrera paralela a la que estaba impidiendo el paso al vehículo judicial”. Lo que oculta el magistrado es que las acusaciones tenían conocimiento del lugar, fecha y hora del interrogatorio. El es el único responsable del circo mediático que se está generando en torno a su instrucción que los expertos califican abiertamente de prospectiva.
La investigación prospectiva es un procedimiento judicial que está prohibido en este país. Se basa en conjeturas,indagar “por si se encuentra algo”, sin que haya motivos legales para ello y sin que existan indicios delictivos. Según la RAE, el término prospectivo tiene dos significados: Uno, que se refiere al futuro y el otro, a “un conjunto de análisis y estudios realizados con el fin de explorar o de predecir el futuro en una determinada materia”. En el ámbito judicial, la sala de Lo Penal de la Audiencia Nacional calificó de “prospectiva” la instrucción que el entonces titular del juzgado número 6, Manuel García Castellón, llevaba a cabo contra los fundadores de Podemos. Anuló las diligencias previas y ordenó su archivo.
De ese asunto nunca más se volvió a hablar. Pero, desde entonces, ha quedado en el aire esta actuación judicial que, ahora, vuelve a tomarse en consideración en el caso de Begoña Gómez. Los expertos juristas dicen que este supuesto entra dentro de las diligencias del juzgado número 41 porque están basadas en informaciones periodísticas que, no han sido contrastadas. Hay sentencias del Supremo donde se limitan este tipo de actuaciones. En una de ellas se dice que hay que rechazar los "supuestos de investigaciones consideradas prospectivas por no basarse en hechos indiciariamente delictivos". Y concreta qué tipo de investigaciones se pueden considerar prospectivas: “que estén basadas en meras hipótesis subjetivas, que se encuentren vacías de datos concretos y no estén asentadas en indicios sólidos, que se construyan en base a sesgos retrospectivos, o que vulneren el principio de especialidad, que impone la prohibición a los poderes públicos de inmiscuirse en la intimidad del investigado para ver qué es lo que encuentran”
En este último apartado se puede incluir la actuación del juez Peinado. Parece claro que se está inmiscuyendo en la intimidad de la familia Sánchez Gómez con el propósito de ver lo que encuentra. Para intentar justificar su actuación, ahora dice que está pendiente de un nuevo informe de la UCO sobre las relaciones de la esposa del presidente con el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, “que va a aportar novedades”. Ya son dos las veces que sus superiores de la Audiencia de Madrid le han exigido que deje el asunto del rescate de Air Europa. Pero al juez lo que le ordenen parece importarle un bledo.
Porque, en realidad, lo que quiere Juan Carlos Peinado es seguir manteniendo la instrucción en el candelero público. Prefiere Moncloa porque sabe que el acceso a la sede del ministerio de Justicia en las fechas en las que llevará a cabo el interrogatorio está restringido por las celebraciones de semana santa y por las características de movilidad de la zona, mientras que en el complejo se pueden acomodar esos pequeños grupos de manifestantes de los que se queja pero que no dejan de ser otra cosa que el fruto de todas las informaciones que difunden los grupos de extrema derecha personados en la causa gracias a su consentimiento. Porque no es más que él, y nadie más, quien les ha abierto la puerta al sumario como acusaciones particulares. Por lo tanto, no puede hablar de “peligro para su integridad” porque esos concentrados lo único que quieren es la foto que se publicará diciendo que ha ido a interrogar a “otro corrupto”.
A Félix Bolaños le piensa tomar declaración como testigo y por unos hechos en los cuales no era ministro sino secretario general técnico de Presidencia. Se trata de dar explicaciones sobre la contratación de Cristina Álvarez, que colaboraba con la mujer del presidente del Gobierno, y a la que ha imputado por un delito de tráfico de influencias en la pieza separada.
Peinado intenta, a la desesperada, cercar a altos cargos del gobierno socialista. Es poco probable, aunque acostumbra a ello, que proceda a imputar a Bolaños porque eso significaría tener que trasladar la causa al Supremo por su aforamiento. Y lo último que quiere este juez, antiguo secretario de ayuntamiento de segunda, es ceder su protagonismo que no sólo se lo agradece la derecha judicial sino también la política. Y si no, que se lo digan al Partido Popular, encantado de cómo se están desarrollando los acontecimientos en el juzgado número 41 de Madrid cuyo titular es el padre de una de sus concejalas en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte.